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“El presidente Humala no se ha portado como un estadista”

Enviado el 01/07/2015
Por: 
Omar Rosel

El falló en contra del Estado peruano por la presunta ejecución extrajudicial de un miembro del grupo terrorista MRTA, emitido por la Corte Interamericana de Derecho Humanos (Corte IDH), ha generado polémica y ataques, desde diversos sectores, a las organizaciones que llevaron el caso a esta instancia internacional. Noticias SER conversó sobre este hecho con Gloria Cano, abogada de APRODEH y parte civil en el caso Chavín de Huántar contra el Estado peruano en la Corte IDH.

¿Por qué el fallo de la Corte Interamericana de Derecho Humanos sobre el caso Chavín de Huántar ha generado tanta polémica?

Es un caso complejo, un caso que tiene que ver con las víctimas y en esta oportunidad, la víctima ha sido una persona que estaba en una situación con características de crimen internacional, digamos. No es una situación muy “santa” para la opinión pública. Mucha gente no hace diferencia, no entiende que toda persona, incluso los peores delincuentes, tienen derechos humanos; entonces, claro, si una persona está implicada en un delito tan grave y sus derechos son violados, muchos creen que merece ese tipo de atropello. No entienden que por muy delincuente que sea la persona, esta nunca pierde sus derechos y que el Estado es un garante de esos derechos.

¿Cree que se está politizando el fallo de la Corte? Porque ésta no pone en tela de juicio la operación Chavín de Huántar ni la intervención de  los comandos.

Claro. Lo ha señalado la Corte, y coincide con la representación de las víctimas, en el sentido de que se valora y se señala que es legítimo el operativo, porque el Estado buscaba proteger a las personas cuyos derechos estaban siendo vulnerados, pues habían sido secuestradas por la gente del MRTA. Eso se reconoce en la sentencia, pero lamentablemente esta ha sido utilizada por la gente que quiere mal interpretarla o que quiere mal informar a la opinión pública, para ponerla en contra de los organismos de derechos humanos.

¿Por qué aún persiste esta campaña en contra de la labor de los organismos de defensa de derechos humanos?

Siempre ha existido una campaña contra los organismos no gubernamentales de derechos humanos, precisamente porque les hacemos notar a los Estados todo lo que han significado las violaciones que han permitido o que ellos mismos han cometido. Siempre hemos levantado la voz, cuando hubo violaciones de derechos humanos en los años 80, en la época de Alan García, los casos de El Frontón, Accomarca y Cayara; y en la época del fujimorismo, hemos llevado a juicio a su líder, Alberto Fujimori. Entonces, nuestra labor es de denuncia, de protección y de defensa de los derechos humanos, asunto que nunca ha sido cómodo para las personas y para los grupos que han estado en el poder.

¿Qué ordena al Estado Peruano el fallo de la CIDH en el caso Chavín de Huántar?

Primero, se ha demostrado que Eduardo Cruz Sánchez (a) ¨Tito¨ murió fuera de combate; es decir, había sido detenido y no representaba una amenaza y, por lo tanto, era un sujeto que estaba bajo la protección del Estado. En esas circunstancias, se le ejecuta extrajudicialmente. Por lo tanto, el fallo exige al Estado peruano una investigación exhaustiva y eficaz. La Corte IDH señala que en el  momento en que la Corte Suprema divide el caso en dos y habilita al fuero militar, ha contravenido los artículos 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por ello también señala su responsabilidad internacional, al  haber violentado estos derechos en agravio  de los familiares de Eduardo Cruz Sánchez.

¿Entonces, en ningún momento se acusó a los comandos que participaron de la operación de Chavín de Huántar de esta ejecución extrajudical, como algunos medios lo indicaron?

En ningún momento se acusó a los comandos. Fue el entonces procurador Ramos Espinoza el que formuló denuncia contra todos los comandos Chavín de Huántar, por el supuesto homicidio de Rolly Rojas, y también en agravio de las personas que estaban siendo consideradas víctimas en el fuero común, como Erma Luz Meléndez Cueva y Víctor Peceros Pedraza.

¿Qué debe suceder tras haberse conocido el fallo de la Corte IDH?

La Corte está dando el plazo de un año para ser informada sobre lo avanzado internamente. El ministro de Justicia ha señalado que ya había un proceso de investigación, en la 58 Fiscalía, sobre el caso y que nosotros no teníamos conocimiento, pues no se nos había notificado. Hemos acudido a la 58 Fiscalía y nos han informado de que ahí existe una investigación contra los que resultan responsables de este caso de vulneración de derechos humanos. Lo primero que vamos a solicitar es que esta investigación se derive a una Fiscalía especializada en derechos humanos.

¿Qué le parecieron las declaraciones de Ollanta Humala respecto a una eventual indemnización a familiares de terroristas muertos en 1997?

El presidente de la República no se ha portado como un estadista y lo que hizo fue salir a señalar que no iba a cumplir con el fallo de la Corte en cuanto a las reparaciones, si es que estas se daban. No es una repuesta que debería dar un mandatario, ya que los fallos tienen que cumplirse, le guste o no le guste, más si el mismo Estado ha estado pidiendo que otros países, como Chile, cumplan con los fallos de la Corte. Humala no puede llamar a una desobediencia del mandato de la Corte cuando él mismo es garante de un Estado Constitucional de Derecho y debe ser un ejemplo para que el resto del país cumpla con las leyes y los mandatos de las cortes nacionales e internacionales.

¿Qué medidas adoptarán, porque se estaría tomando represalias contra algunas  personas que han declarado ante la Corte por el caso Chavín de Huántar?

Efectivamente, el ministro de Justicia, en la conferencia de prensa, ha señalado que se estaría  orientando a la investigación contra el ciudadano japonés Hidetaka Ogura y dos policías que sirvieron de testigos, por la muerte de Cruz Sánchez. Asimismo, dijo que iban a investigar a los representantes de las víctimas ante este caso, es decir, a APRODEH y a las personas que hemos estado haciendo la representación. Esto es una clara amenaza contra la seguridad de las personas, de los testigos y de la representación de las víctimas. Nosotros vamos a poner este asunto en conocimiento de la CIDH.

Comentarios (1)

Mis sinceras felicitaciones a

Mis sinceras felicitaciones a Gloria Cano, a APRODEH y a SER.

Los comentarios estúpidos son estúpidos, venga de quien vengan.

Felipe.

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