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Se viene el matrimonio igualitario

Enviado el 03/02/2018

Fuente: http://sinetiquetas.org

Gran parte de nuestra historia se resume en la humillación que han sufrido (y siguen sufriendo) la población afro descendiente, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las mujeres y hoy por hoy, la población LGTBI[1].

Nos encanta diferenciarnos para excluir, para sentirnos superiores y desde ese pedestal de privilegios múltiples, organizar la vida de los demás en función a nuestras necesidades. Fijamos lo que es mejor para ellos, nuestra visión de desarrollo y de progreso, sin respetar sus culturas e identidades, hasta inmiscuirnos en sus propios cuerpos y expropiarlos de las decisiones más íntimas y personales. Incluso, como sucedió la semana pasada con el intento de censura a las tablas de Sarhua, decidimos cómo deben procesar el dolor, la pérdida y el llanto.

Una explicación a ello, es que las diferencias, en lugar de celebrarse, se ven enfrentadas a través de mecanismos de poder que diseñan perfiles establecidos de lo que debemos entender por “mejores ciudadanos”, favoreciendo irreversiblemente a un tipo de población en función de otras. Cuando se crean sujetos diferentes en un sistema donde predomina la competencia, quienes tengan las habilidades que mejor respondan a ese sistema, serán los que se adapten al mismo. Los demás son sujetos subalternos, grupos silenciados.

Y esa mirada irremediablemente se traslada a la diferencia sexual. Así, al construir una diferencia sexual para la subordinación, se construye una para la exclusión[2]. De hecho, habría que partir por identificar estos factores para entender la resistencia existente hacia el pleno goce de derechos de las mujeres y la población LGTBI. Respecto a estos últimos, para nadie es novedad que pasan gran parte de su vida en batallas legales, mediáticas y sociales para reclamar derechos tan básicos como la identidad, la salud o la pensión.

Por atreverse a romper el binarismo, son humillados, estigmatizados, discriminados en sus trabajos y en el hogar. Invierten gran parte de su espacio profesional y personal en salir a las calles a reclamar lo que, por su sola condición de seres humanos, ya les pertenece. Para muchos, contar con un documento oficial que reafirme su identidad de género o tener la posibilidad de hacer los trámites administrativos para poder casarse, significa mucho. Pero ni eso somos capaces de dar.

Sin embargo, ahí donde lo cultural no permite ganar ciertas batallas, -felizmente- está el Derecho, que con su fuerza vinculante obliga a los Estados soberanos (que, dicho sea de paso, voluntariamente se han sometido al Sistema Interamericano), a respetar a sus conciudadanos y a tratarlos como personas iguales ante la ley, garantizando el goce de todos sus derechos. Así, por la fuerza de los tratados, se logra tambalear una subordinación culturalmente establecida.

Por eso es importante el respaldo mayúsculo que ha recibido la comunidad LGTBI por parte de la Corte IDH, que en su Opinión Consultiva N° OC-24/17, no ha escatimado espacio para enfatizar la forma en la que deben interpretarse sus derechos. Además, el mensaje político de la Corte es importantísimo: ya no se espera que cada Estado regule en su legislación y de manera expresa los derechos de las personas LGTBI, sino que estos deben entenderse y asumirse como obligatorios a partir de su sola interpretación, a través del respeto al principio de igualdad y no discriminación.

Así entonces, ha llegado el momento de distanciarnos de la discriminación oficial, esa a través de la cual, las leyes y políticas estatales tipifican penalmente la homosexualidad, prohíben ciertas formas de empleo y les niegan acceso a beneficios y derechos. Por el contrario, se refuerza la igualdad y la no discriminación incluyendo la orientación sexual, la identidad y la expresión de género como categorías protegidas. Además, se reconoce a las familias diversas (distintas de las familias nucleares tradicionales) y se interpela a los Estados a adoptar medidas para garantizar la igualdad formal y material de esta comunidad.

Sobre la base de ello, la Corte insta a que se garantice -en específico- la rectificación del género, nombre, e imagen en los registros. Además, advierte que los Estados deben garantizar a las parejas del mismo sexo el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio[3]. Enhorabuena.

Pero, a pesar de todo ello, habrá quienes se opongan a lo señalado por la Corte tanto en la jurisprudencia como en la legislación peruana. Para ello, utilizarán mecanismos formalistas, a los que ya nos tienen acostumbrados, o simplemente darán batallas legales para obstruir su eficacia en el tiempo. Quizás también impulsen encuestas de opinión, como si los derechos humanos de las personas dependan de la popularidad del resto, y seguirán reproduciendo mensajes difamatorios y discriminatorios por los medios de comunicación. 

El momento de parar esto es ahora. Habrá que buscar las formas adecuadas para enfrentar esta vorágine de odio. Como decía la gran Angela Davis, feminista negra en un Estados Unidos machista, racista y clasista, “las luchas pasadas no pueden corregir las injusticias actuales, por eso es que necesitamos nuevas luchas para revertir las nuevas injusticias”.

Ahí estaremos.




[1]
Sigla de Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Transgénero e Intersexuales.

[2]Ver: CASTRO-GÓMEZ, Santiago. “Michael Foucault y la colonialidad del poder”. ISSN 1794-2489  http://www.revistatabularasa.org/numero-6/castro

[3]Para leer la OPINIÓN CONSULTIVA OC-24/17: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf

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