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El Frontón, Madre Mía y los usos políticos de la justicia

Enviado el 03/05/2017

La matanza del penal El Frontón, así como las violaciones a los derechos humanos en el caso Madre Mía, son graves delitos que deben ser investigados y sancionados. Ambos, involucran a ex presidentes; uno mientras lo era, y el otro antes de que ocupe el cargo presidencial. Y en nombre de la justicia, tanto el Apra como los partidarios humalistas debieran exigir que sus líderes rindan cuentas y pronto. Ellos, más los partidarios fujimoristas, porque el caso Madre Mía se dio en 1992, en la dictadura de Alberto Fujimori.

Pero las conveniencias políticas están haciendo que unos a otros se acusen, y ninguno exija realmente la debida investigación. Y el ruido por ello provocado, está ocasionando (parece ser, intencionadamente) el silencio de la agenda pública respecto de otro asunto también importante: ahondar si realmente “AG” no es Alan García, y seguir la pista que puede dar al fin con lo que esas siglas hicieron o no con la corrupción de Odebrecht.

Pero el ruido viene con la oportunidad de descabezar a los magistrados que alguna vez fueron un contrapunto para la impunidad de las causas de violaciones a los derechos humanos.

Esa estrategia se ve en El Frontón. El Tribunal Constitucional, con la nueva composición a partir del 2014, aclaró un error material de sus predecesores que pretendieron decidir algo insólito: que esa matanza no era un delito de lesa humanidad. Y esto, aprovechando un hábeas corpus de un marino y poniendo, de taquito, que entonces nadie más podía ser investigado (lo que apuntaba, para todos los entendidos del caso, a García y Giampietri). El problema fue que en realidad 3 y no 4 votos apoyaban esa tesis, y estando ahora aclarado con el nuevo TC, el caso El Frontón puede involucrar a García y compañía. Eso provocó que el congresista Mulder, señale como juez rastrero al magistrado del TC que ha sido el ponente de ese caso, Eloy Espinoza-Saldaña, y que se haya presentado contra él y los otros 3 magistrados que firmaron, una denuncia constitucional para que sean retirados de sus cargos. Sí, formalismos, que no debieran prosperar, pero como la mayoría parlamentaria es del socio visible del aprismo, el fujimorismo, sin duda algo pasará con los magistrados (más aún con el juez Espinosa-Saldaña, profesional cercano al juez que presidió en primera instancia la sentencia de 25 años contra el líder histórico de la tienda naranja, Alberto Fujimori). Lo que por cierto es conveniente para esa misma mayoría congresal que impondrá a quien desee en el máximo Tribunal de derechos fundamentales y control del poder en el Perú en la elección de nuevos magistrados (que por cierto no es nada transparente y bastante amañada). Así están las cosas y por eso mismo esta estrategia, desde el inicio, no debe prosperar.

Madre Mía debe reabrirse. Y para ello hay diversas vías. Que el caso sea puesto ante la CIDH (que ha otorgado al Perú una audiencia para junio en Argentina) y que el partido de gobierno, PPK y la ministra Marisol Pérez Tello, decidan llegar a una “solución amistosa” reconociendo la responsabilidad estatal lo que originará la obligación de que el caso se reabra. O, que pronto la fiscalía solicite la reapertura ante el nuevo hecho del reconocimiento de la compra de testigos por parte del testigo (que es nada más y nada menos que el hermano de una de las víctimas). ¿O que la Corte Suprema anule su propia decisión? (algo muy difícil de creer que pase). Lo cierto, es que Madre Mía debe reabrirse ante los audios que felizmente se han dado a conocer, aunque de la peor forma, y al parecer, quizá solo por conveniencia y oportunidad de otros a quienes les pudieran interesar que todo el ojo público se concentre en Humala y no en todos los demás casos. Si fuera en efecto este último escenario, estamos otra vez ante un terrible manejo de la justicia. ¿Y el valor de la vida?, ¿el del debido proceso?, ¿el de la dignidad del ser humano? A segundo plano.

Preocupa, además, que siguiendo con el presunto manejo político de la justicia, estén en la mira magistrados que en su momento resolvieron importantes casos, y que tienen cuestionamientos que debieron responder en su momento, y que al parecer hoy solo resurgen no porque deban ser respondidos, sino, porque se querría tapar los presuntos delitos de otros. Por ejemplo, el juez San Martín, que en su momento debió ser investigado y sancionado por aquella participación en el caso Chavín de Huántar al concretar reuniones con un funcionario del Ejecutivo y la jueza que veía aun el caso; pero al que se le echa encima el fujimorismo porque presidió la Sala que condenó a Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad. Hoy, por haber votado por el cierre del caso Madre Mía, las miradas inquisidoras de la mayoría parlamentaria vuelven hacia dicho magistrado.

Complicadísimo escenario. El debate en materia de justicia debiera desarrollarse y seguirse en base a principios, no a oportunismos y conveniencias. En ese escenario, debe en todo caso quedarnos claro las razones de los discursos de los directa e indirectamente interesados (¿cuál es la intención verdadera de los señalamientos de congresistas como Becerril, cuando en su propio partido hay mucho que explicar ante la justicia?). Y por supuesto, empujar sin cesar el carro para que la impunidad de los graves delitos contra los derechos humanos sean investigados y sancionados, vengan de donde vengan.

Que se investigue El Frontón, que se investigue a Alan García y a Giampietri. Que no proceda la denuncia contra los magistrados del TC. Que se reabra Madre Mía, que se investigue a Ollanta Humala y a Alberto Fujimori en ese entonces al mando del gobierno. Que se investigue y se sancione. Y que se siga investigando a los ex presidentes comprendidos en denuncias de la mega corrupción Lava Jato, un monstruo enorme que busca ser escondido por más de uno. Ahí veremos realmente lo que nuestros magistrados y todos los que están en el sistema de justicia, con todas sus dinámicas y problemas internos, podrán hacer.

Comentarios (1)

Primer error (¿interesado?)

Primer error (¿interesado?) en El Frontón no hubo una matanza como si lo fue en Lurigancho.
Segundo error: 1992 ¿dictadura? ¿Cuántas veces votó hasta el 1995?
Tercero: 1986 no está en el rango de los denominados delitos de lesa humanidad. La justicia no es retroactiva. Lea mi próximo artículo en Velaverde para que entienda lo que hicieron los 4 jueces del TC es un delito.
Cuarto: a Giampietri lo persiguen desde 1986 cuando ya no estaba en El Frontón y nadie ha declarado en ninguno de los juicios de El Frontón que él dió la orden de eliminación de los rendidos como acaba de afirmar Dr. Rivera del ILD.(juicio por difamación a la vista)
Que se investigue todo. Que pidan perdón quienes apañaron a asesinos.

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