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Reforma electoral III

Enviado el 03/05/2017

Se discuten con nuevo empeño las propuestas de reforma electoral. Pero son tantas que hasta el ciudadano más informado queda confundido.[1] Algunos especialistas, como Fernando Tuesta, han advertido que la oportunidad nuevamente puede perderse, entre otras cosas, porque los promotores abarcan demasiados temas. Los fuegos cruzados de variados intereses pueden terminar manteniendo el statu quo de una legislación que hace rato hace agua en el propósito de fortalecer el sistema de partidos, por ejemplo.

Un sistema plural y fuerte de partidos es lo que diferencia a una república bananera –o gastronómica, Rafo León dixit- de un Estado moderno. Partidos organizados y representantivos de los ciudadanos le dan estabilidad a las instituciones, peso al cumplimiento de la ley, garantía de combate a la corrupción, capacidad de corrección de errores, lo que obstaculiza el triunfo de los improvisados y aventureros. De nada sirve que se tengan elecciones limpias y transparentes si los que las ganan no tienen cuadros con capacidad de gobierno, objetivos consensuados con su oposición, fuerza innovadora, decisión de cumplir y hacer cumplir las leyes para remontarse hacia objetivos más ambiciosos que mantener la simple administración de las cosas.

¿Cómo pasar de los cascarones que tenemos, que sólo movilizan gente para sus campañas, donde las candidaturas se adquieren, eludiendo la Ley, con aportes dinerarios de orígenes oscuros, a un sistema medianamente serio de partidos que funcionen regularmente, que discutan, que propongan salidas viables mediante acuerdos con distintas fuerzas, en los distintos niveles de gobierno?

¿Cómo pasar de agrupaciones de amigos de caudillos que creen que hacer política es presentarse en la tele o tener amigos periodistas y esperar que la plata llegue sola para los gastos de campaña, a construir colectivos interesados en la discusión, en propuestas constructivas y en la intervención política, que combinen con la sana ambición de la fama y del poder que tengan sus militantes?

En los últimos treinta años, al margen del fenómeno fujimorista, las cosas han cambiado tremendamente no sólo en el Perú. La revolución de las comunicaciones ha traído consigo la videocracia, como descubrió el recientemente fallecido Giovanni Sartori, es decir, el control de la televisión no sólo de la política sino de la vida social, de tal manera que se ha acuñado un nuevo axioma: lo que no ha pasado por la tele, no existe. Otros creen que las alternativas de las redes sociales pueden hacerle competencia, pero eso es apenas la ilusión del individuo y su ombligo.

Esa transformación cultural profunda es la que impide que el esquema leninista de partidos de organización celular y acción callejera sostenida funcione, como la que los viejos apristas y los viejos comunistas nostalgiosos añoran. No, la situación de masas en la lucha callejera venezolana sostenida por meses es una excepción, que corresponde a una situación revolucionaria y no a la cotidianeidad del resto de países de la región.

Hace algunos años, la doctora Magdalena Chú, entonces jefa de la ONPE, manifestó que más importante que el 4% de las firmas del padrón para inscribir a un nuevo partido eran los 65 comités provinciales con afiliados comprometidos, con reuniones periódicas y locales funcionando. Pareciera que la propuesta del gobierno ha tomado en cuenta lo dicho, al reducir al 1% de las firmas de los votantes de la última elección para respaldar la inscripción de una nueva organización; pero es evidente que, de aprobarse y no mantener la valla de los comités, los cascarones podrían multiplicarse. Bien se sabe que hay empresas especializadas en el recojo de firmas, de manera que éstas no necesariamente reflejan un trabajo de construcción partidaria.

En cambio, la propuesta del Código Electoral presentada por el JNE desaparece los 65 comités provinciales y plantea que los nuevos partidos sólo estén obligados a inscribir 25 comités departamentales (pasar de 3,250 a 1,250 afiliados como mínimo). Por el contrario, exigir el funcionamiento permanente y fiscalizado de los comités provinciales podría ayudar a cambiar la situación, más aún si se toma en cuenta que pronto, los partidos con representación en el Parlamento, recibirán el financiamiento público acordado por la Ley 30414. Pero bajar la valla a sólo 25 comités departamentales mantiene el centralismo urbano y no obliga a los partidos a construir su representación desde abajo.

Pero nada está dicho hasta que no se conozcan cuáles son las propuestas de Fuerza Popular, varios de cuyos miembros han presentado propuestas parciales, las que deberán ser consensuadas por Patricia Donayre, una politóloga de reciente militancia, que tal vez esté interesada en que se expresen los matices más que la mainstream del fujimorismo.

 

 




[1]
Pueden verse mis artículos “Reforma Electoral: ¿por dónde empezar?” y “Reforma Electoral II” del 7 y 21 de septiembre de 2016, respectivamente, aquí en www.noticiasser.pe

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