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Para gestionar mejor los conflictos

Enviado el 03/08/2016

La institucionalidad en un Estado de Derecho, es la llamada a intervenir cuando se presentan desacuerdos entre la población, el sector privado y/o el mismo Estado. Son los mecanismos administrativos, judiciales y políticos los que en principio deberían actuar y dar respuesta a las  demandas de la población. Para ello la institucionalidad debe ser fuerte, legitimada, con capacidad de intervenir oportunamente y de lograr que sus decisiones finales sean aceptadas por los involucrados. Sin embargo la institucionalidad en el Perú aun está en proceso de consolidación, se requiere ir desechando de ella los rastros de letargo, corrupción, incapacidad, discriminación, etc. Esto genera desconcierto en la población que luego ve como alternativa adicional el uso de la protesta, e incluso de la violencia, para hacerse sentir y exigir la atención de sus demandas.

Ante este panorama tenemos la alternativa del proceso de diálogo, que surge para auxiliar a la débil institucionalidad. Pero establecer  el diálogo como proceso a través de las mesas de diálogo, de desarrollo, o como se les pretenda denominar; requiere de una organización mínima que permita al Estado participar de manera alineada y gestionar mejor el conflicto social.

Al respecto podemos decir que en los últimos años ha habido una preocupación cada vez mayor desde las diferentes gestiones y niveles de gobierno para atender la conflictividad social. Se han creado dependencias en casi todos los ministerios y algunos gobiernos regionales, sin embargo, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, eso no es suficiente. Aun se actúa asumiendo el rol de bombero, más que el preventivo. Para ello, se requiere de una articulación mayor entre las dependencias del gobierno central, y de éstas con los otros niveles de gobierno, regional y local.

Si bien existen entidades como la Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad o la Oficina General de Gestión Social del MINEM, junto a otras en los sectores, aun es necesaria la articulación que les permita alinearse para conseguir resultados sostenibles.  De los 18 ministerios se tiene la referencia de la creación de 16 dependencias de atención de conflictos sociales, y se sabe que no hay una definición común sobre conflicto social, ni una tipología, ni la definición de las fases para poder tomar decisiones y actuar, entre otros. La existencia de protocolos de actuación que permitan la intervención de cada sector de acuerdo a sus competencias, en coherencia con la actuación de las otras dependencias, contribuiría también con este propósito. Estos temas tan básicos deben ajustarse en la medida que permitirán una intervención más coherente y eficiente del Estado, que debe organizarse mejor para gestionar mejor los conflictos sociales en el país.

Además se han identificado 16 (8 activas y 8 sin actividad) oficinas de atención de conflictos sociales en las 26 regiones del país. En este nivel de gobierno tampoco existe claridad en cuanto a la forma de creación y organización, definición, metodologías, ni articulación interna. Por ello la dificultad en muchos casos de entender el rol que les corresponde desempeñar, dependiendo del tipo de conflicto, las competencias institucionales, entre otros.

Todo lo antes dicho no pretende minimizar los esfuerzos de organización, ni las voluntades que han intervenido para ir mejorando la atención de la conflictividad social en nuestro país, al contrario. Sin embargo es una tarea para el nuevo gobierno poder dotar rápidamente a las dependencias ya creadas de herramientas que permitan que el esfuerzo realizado se consolide para una intervención articulada y coherente, orientada a la prevención de la conflictividad social, buscando aprovechar las ventajas de los espacios de diálogo y contribuyendo a fortalecer la institucionalidad en nuestro país.

Comentarios (1)

Muy bueno el análisis de

Muy bueno el análisis de Porfirio y muy necesario tomar acción sobre ello.

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