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El desplazamiento no es un juego

Enviado el 04/01/2011

Angela Acevedo

Sobre la posible construcción de la central hidroeléctrica de Inambari (ubicada en la confluencia de los límites de Cusco, Puno y Madre de Dios) se ha dicho mucho, tanto de parte de la empresa y el gobierno nacional que son los promotores del proyecto, como de parte de aquellos que se oponen o ponen en cuestión los beneficios que pueda generar para la población de la zona y para el Estado peruano.
 
Sin embargo, más allá de los puntos a favor o en contra, consideramos que la discusión sobre Inambari ha servido para mostrar un tema de fondo: la situación de aquellas personas que tendrían que abandonar sus tierras como consecuencia de la construcción de estos grandes proyectos de desarrollo que incluyen a hidroeléctricas, megapuertos, plantaciones de agrocombustible, proyectos mineros, entre otros.
 
Desplazamiento
 
Desplazar a una población trae una serie de consecuencias graves como la alteración de la estructura interna de las comunidades, el debilitamiento de las redes sociales existentes, la búsqueda de otros medios de subsistencia  el corte de los lazos sociales y culturales, en otras palabras, el cambio de la forma de vida de los individuos y comunidades desplazadas.
 
Un ejemplo sobre las implicancias que trae el reasentamiento de una población. producto de la construcción de una gran obra de infraestructura, es el caso del Proyecto Especial Olmos-Tinajones (PEOT). Este proyecto que es un antiguo anhelo del pueblo lambayecano de irrigar las Pampas de Olmos, requería la ejecución de un trasvase de las aguas de los ríos de la vertiente del Atlántico para trasladarlas a la vertiente del Pacífico. Para ello, lo primero que debió realizarse fue la construcción de la presa El Limón y el túnel de desvío. La ejecución de estas obras requirió el desplazamiento de la población de los caseríos de Huabal y Pedregal ubicados en el distrito de San Felipe, provincia de Jaén, Cajamarca.
 
Al ser un proyecto definido como “de necesidad pública” se promulgó la Ley 28543, Ley de Expropiación de Áreas de Terrenos para la ejecución de las obras de la primera etapa del proyecto de irrigación e hidro energético Olmos, la cual establecía la obligación de fijar una indemnización justipreciada por los predios en cuestión más no la implementación de políticas específicas que ayudarán a la población a ser reubicada en condiciones iguales o mejores a las que tenían.
 
Ante esta situación el Gobierno Regional de Lambayeque, tomo la iniciativa a través de la Ordenanza Regional Nº 026-2006-GR.LAMB./CR ”Directrices para la Elaboración y Aplicación de Planes de Compensación y Relocalización Involuntaria (PCRI) para el Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos”, para fijar los lineamientos para la formulación de una política de compensación. El objetivo fue asegurar que la población afectada por la realización de obra, recibiera una solución adecuada al problema generado por el PEOT. Asimismo, se consideró al reasentamiento como una oportunidad de desarrollo sostenible, por lo cual se estableció que las acciones deberían apuntar a la reposición física de las pérdidas, reconstitución de actividades agropecuarias y rehabilitación de las condiciones de vida de las familias afectadas.
 
Es así que el PEOT, elaboró un Plan de Compensación y Relocalización Involuntaria (PCRI), para que -a partir de un enfoque inclusivo- se considerara que el pago en dinero por el justiprecio de los predios no “redimía al poblador rural de su relación y querencias con la tierra y su entorno”. Por ello era indispensable una compensación social y la generación de oportunidades de desarrollo, en el marco de una estrategia participativa.
 
Este enfoque es el que se encuentra en un documento interno elaborado por los representantes del PEOT, en donde se afirma que se “promovió la participación organizada de la población en la toma de decisiones, identificando a las familias más vulnerables por el desplazamiento y focalizando nuestros recursos para darles una compensación integral que incluía aspectos básicos como vivienda, educación, salud y otros complementarios, como fortalecimiento del tejido social y de la participación ciudadana en la planificación del desarrollo local de manera que garantice la sostenibilidad del trabajo realizado” (1). Sin embargo, y a pesar de la buena intención de los funcionarios del PEOT, la situación actual de la población es más compleja de lo que se podría imaginar.
 
En primer lugar si bien el PEOT hizo una evaluación para determinar cuáles eran las familias de menores recursos y por tanto las que recibirían mayor apoyo –por ejemplo se les construiría “módulos de vivienda”-, no explicó  adecuadamente el procedimiento, lo que generó una gran desconfianza y resentimiento entre aquellos que no recibieron nada. Lo que es peor es que este grupo señala que los beneficiados son aquellos que contribuyeron de manera incondicional con el Proyecto, debilitando aún más el incipiente tejido institucional existente y quebrando los vínculos al interior de la comunidad.
 
En segundo lugar, aquellos que recibieron el pago por sus predios y que tuvieron la oportunidad de salir de la zona, finalmente no lo hicieron ya sea por razones económicas –el dinero no les alcanzó para comprar tierras en otros lugares- o ya sea por razones emocionales –familias que por años vivían en la zona les era imposible pensar en iniciar una vida en algún lugar ajeno-, y prefirieron asentarse en aquella zona donde se encontraban los “módulos de vivienda”.
 
En  tercer lugar, en una zona que sólo estaba habilitada para recibir a un número pequeño de familias -17-, se han terminado asentando por lo menos 70. Asimismo, es imposible desarrollar algún tipo de actividad agrícola –actividad económica principal de los desplazados-, pues las tierras de la zona actual no sirven para practicar ningún tipo de cultivo. Como dice un poblador: “No estoy cómodo acá. En el antiguo Huabal estábamos bien. Acá no tenemos ni terrenos ni donde trabajar y poder ganar alguna platita”.
 
En cuarto lugar, aunque de acuerdo a los funcionarios del Proyecto la zona que cumple con los requisitos de seguridad establecidos por Defensa Civil, la población asegura lo contrario pues a inicios del 2010 se produjo un deslizamiento de tierras producto de las lluvias y por tanto se sienten engañados.
 
La situación de la población de Huabal pone de manifiesto la complejidad de factores que están en juego cuando se pretende desplazar a una población por la construcción de un megaproyecto, y que abarcan aspectos económicos, sociales, culturales e institucionales. Asimismo, es indispensable que los diversos actores comprendan que esta situación no se puede aplicar como norma general, y que aunque no existe una normativa específica para estos casos, de acuerdo a la Ley 28223, está prohibido el desplazamiento en los casos que no estén justificados “por un interés público superior o primordial”.
 
La pregunta que surge es ¿qué definimos como interés público o primordial? y, ¿quién define esta situación? Al no contar con criterios objetivos y concretos terminamos estando a merced de la discrecionalidad de la autoridad de turno, y esto puede dar lugar a abusos y a graves vulneraciones a los derechos de la población desplazada.

Nota:
 
(1) “La experiencia de Buenas Prácticas en la Gestión Pública". Recibido en octubre 2010.
 

 
Comentarios (3)

find the enemy and get rid of

find the enemy and get rid of them remotely. But all traditional traditional Air Jordan 12 traditional espionage has gone away. And that does concern me because you
both. You just cannot live off drones forever.Baer, who speaks frequently with with Retro Air Jordans with current CIA officers, also notes that simply serving in war zones

Estimada Ángela, Lo que

Estimada Ángela, Lo que propones en el artículo es sumamente interesante y urgente de que sea visibilizado. Entre varios colegas venimos trabajando en la Ex-hacienda San Agustín que será prontamente erradicada debido a la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Te pido por favor revises estos blogs y así podamos conversar sobre problemática puntual: http://exhaciendasanagustin.blogspot.com/
http://apuntodedespegarsanagustin.blogspot.com/

Muy importante lo que

Muy importante lo que presenta el artículo y que debiera obligar a autoridades nacionales y regionales a producir los ajustes necesarios en políticas públicas que seguramente tendrán que aplicarse más temprano que tarde. Lo primero es la gente. La inversión debe estar al servicio de ella y debe respetarse el principio de que las familias desplazadas reciban una compensación igual o mejor que su situación anterior incluyendo tierras, ganados, además del justiprecio por su fábrica. Sin olvidar los servicios públicos.

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