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Enviado el 04/01/2017

Foto: Amnistía

 

El 25 de diciembre, cual regalo navideño, se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución 363-2016-JUS mediante la cual se aprueba el Plan Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (1980-2000). Este es uno de los instrumentos previstos en la Ley N° 30470, Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el período de violencia 1980-2000, y constituye un paso decisivo en su implementación pues contiene los lineamientos del proceso de búsqueda de personas desaparecidas, y describe los objetivos, las situaciones a las que se espera responder y la estrategia metodológica. Además, precisa las acciones a ejecutar para avanzar en esta importante tarea.

Como se sabe, esta iniciativa del Estado es la respuesta a una demanda largamente expresada por los familiares de personas desaparecidas. La emblemática ANFASEP fue la primera organización que planteó esta exigencia al Estado, desde el mismo Ayacucho y en los peores años de la violencia. Otras organizaciones de familiares, así como el movimiento de derechos humanos hicieron suya esta demanda. Sin embargo, hubo que esperar hasta el año pasado para contar con esta Ley. Desde entonces se han dado algunos pasos importantes para responder a la expectativa de personas que tienen algún familiar desaparecido.

Comento brevemente algunos elementos destacables del documento publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (puede consultarse aquí):

  • Órgano de línea. Si bien la resolución no precisa cuál será la unidad a cargo de esta tarea, la propia Ministra Pérez Tello ha informado que se tratará de una Dirección General dentro del Viceministerio de Derechos Humanos. Es la opción más adecuada porque ello garantiza estabilidad y permanencia de un equipo encargado exclusivamente a esta labor.

 

  • Enfoque humanitario. Se reafirma el enfoque humanitario del proceso de búsqueda, que prioriza la respuesta reparadora que se debe brindar a los familiares, sin que ello contradiga ni perjudique eventuales investigaciones fiscales. Este enfoque no solo está señalado como uno de los principios del Plan, sino que se encuentra integrado en varias de las acciones a desarrollar, tales como: intercambio de información con otras entidades públicas y de sociedad civil sobre personas desaparecidas y sitios de entierro; participación de diversas instituciones (públicas, internacionales) en procesos de búsqueda; trabajo conjunto con el Ministerio Público.

 

  • Respuesta a situaciones diversas. Dado el tiempo transcurrido, es incierto el final de un proceso de búsqueda. Ante ello, el Plan precisa que intentará responder a situaciones tan diversas como: personas desaparecidas que se presume están en un determinado sitio de entierro; personas sobre las que no se conoce su paradero actual; restos humanos que no han podido ser identificados para su reintegración a su familia y comunidad. Las posibilidades de la investigación varían según cada situación, incluso según cada caso particular. El Plan es una invitación a reconocer y responder a todas ellas.

 

  • Enfoque psicosocial. Uno de los objetivos específicos consiste en atender el impacto psicosocial ocasionado por la desaparición y por el proceso de búsqueda. El Plan es muy detallado en las acciones que se deben realizar para cumplir con este propósito, incorporar las voces de los familiares, y volverlos protagonistas del proceso. La intervención no solo involucra la participación especializada de personal de Salud brindando acompañamiento a los familiares (y también al equipo profesional), sino que propone incorporar a otros agentes del Estado y la sociedad civil para que brinden apoyos diversos, desarrollar procesos de memoria colectiva, y realizar adecuados procesos de cierre, con actos simbólicos y restitución de restos cuando sea posible.

Se espera que en las siguientes semanas el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos adopte las decisiones pertinentes para empezar la implementación de este Plan, entre ellas: la modificación del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio, creando la nueva Dirección y definiendo sus funciones; la definición del equipo a cargo de esta tarea y del presupuesto asignado para el cumplimiento de sus funciones; y la definición del Plan de Acción para el primer año, precisando las primeras acciones y las metas a alcanzar durante el 2017.

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