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Con esperanza

Enviado el 04/01/2017

No se trata de ser ingenua, pero sí de nunca perder la esperanza. Sobre todo en trabajos tan difíciles como la defensa de los derechos humanos. Es un imperativo a seguir. Por eso, más que hacer recuentos sobre todo lo que no se avanzó y lo pendiente, prefiero empezar el año con los compromisos asumidos por el gobierno, en este caso por un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ya instalado y con los pies bien puestos sobre la tierra en esto seis meses.

Fue en las últimas audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[1] en diciembre de 2016 que este ministerio se obligó a cumplir determinadas obligaciones que generan un poco de optimismo en esta larga batalla, porque son el piso mínimo sobre el cual el gobierno se ha obligado a avanzar.

Sobre el acceso a la justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el periodo del conflicto armado, el gobierno ha señalado que han invertido la lógica de la defensa pública para atender a las víctimas y están incrementando esta defensa. Este proceso de aumentar la defensa legal a las víctimas es impostergable. Actualmente, el 90% de las víctimas del conflicto armado no tienen acceso a defensa legal. Por eso, el gobierno debería de una vez por todas dejar de otorgar defensa privada a los perpetradores y con esto compensar la tan escasa defensa pública para las víctimas. Existen casos tan bochornosos para un gobierno que se precie de democrático y respetuoso del Estado de derecho como el pago de defensa privada que ha costado por lo menos 60 mil soles a militares sentenciados por graves masacres y que ahora están fugados, como es el caso del general Manuel Delgado Rojas.

Por eso, es imprescindible también que la Ministra, en calidad de asesora del Presidente, le recuerde que no puede ofrecer impunidad a los militares investigados y procesados por estos crímenes, y también es necesario que le recuerde al Ministerio de Defensa su obligación de entregar información al Ministerio Público y al Poder Judicial. ¿Lo cumplirá?

Sobre esterilizaciones forzadas, durante esa misma sesión se hizo hincapié en la necesidad de reparación integral a las víctimas. La ministra, de manera expresa, señaló que coincide con esta demanda realizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.  Posteriormente, en el mismo periodo de audiencias, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos suscribió un acta en la cual se comprometió a convocar a una reunión exploratoria con familiares de las víctimas de esterilización forzada, con representantes de organizaciones de víctimas y con organizaciones de sociedad civil para abordar la conformación de un grupo de trabajo sobre reparaciones integrales para las víctimas de esterilización forzada.

En ese sentido, el 27 de diciembre del año pasado se realizó una primera reunión con las organizaciones que patrocinan a víctimas de esterilización forzada y con otras organizaciones de la sociedad civil. Estamos atentas a las otras reuniones con las asociaciones de mujeres afectadas y de cómo se avanzará en la conformación de este grupo de trabajo.

Así como en su momento se logró diseñar y aprobar una política de reparaciones integrales para las víctimas del conflicto armado interno y luego un registro único de víctimas; es ahora el turno de que el Ministerio de Justicia y Derechos humanos, que ya cuenta con un REVIESFO[2], (con muchos obstáculos aún, pero ya avanzando) pueda diseñar una política pública de reparaciones. Lo bueno ahora, es que el equipo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conoce el proceso de la CMAN y del Consejo de Reparaciones, y basándose en esto puede trabajar; tiene las herramientas para cumplir sus compromisos.

Así, se ha avanzado un pasito hacia el acceso a la reparación de las mujeres esterilizadas de manera forzada en el gobierno de Alberto Fujimori. El derecho a la reparación que tanto demandan las mujeres afectadas y que ha sido tantas veces usado por distintos gobiernos como arma electoral contra el fujimorismo –sino recordemos como el gobierno anterior se negó de manera tan cobarde a implementarlo–.

De igual manera, ya desde las audiencias de abril de 2016, el gobierno peruano se comprometió a aprobar un protocolo para la protección de defensoras y defensores. Si bien se dio un plazo de 2 meses, y ya está por fuera de este plazo, es buena su disposición frente a la demanda no solo de un protocolo, sino de una política integral de protección de defensoras y defensores. Cuando en las últimas sesiones ante la CIDH se le recordó esto a la ministra, ella se mostró de acuerdo. Así que, también acá seguimos a la espera para empezar a trabajar de manera conjunta los primeros lineamientos de esta política, así como también a la espera de la confirmación de la invitación del Relator Especial de Naciones Unidas para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Sobre esto último, ya en noviembre, el Ministerio informó que ya empezó el trámite de la invitación.

Podría enumerar varias obligaciones y compromisos pendientes del gobierno en materia de derechos humanos, pero por ahora son estos tres a los que se les puede hacer seguimiento de manera directa. Y son estos tres en los que tenemos confianza y esperanza de que el gobierno actúe respaldando presupuestos tan básicos como el acceso a la justicia de las víctimas, lo cual pasa por condenar a los perpetradores, reparaciones integrales para las víctimas de esterilización forzada y una política pública para la protección de defensoras/es de derechos humanos. Tenemos esperanza en un futuro con respeto a los derechos humanos, en un país que coordine y trabaje hombro a hombro entre el Estado y la sociedad civil, cada cual cumpliendo su rol, para garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación de violaciones tan graves de nuestra historia reciente y actual. Estamos vigilantes.




[1]
https://www.youtube.com/watch?v=-y9qCTz7fgA

[2]Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas producidas en el periodo 1995 – 2001.

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