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La función de la propiedad

Enviado el 04/10/2017

Acerca del Proyecto de Ley de uso y gestión del suelo urbano N° 1797/2017-CR

Se piensa erróneamente que la gestión de suelo urbano es una tarea reservada a los urbanistas, economistas, ingenieros y arquitectos. Sin embargo, no constituye más que una falacia, pues el marco legal y el contenido de la gestión del suelo afectan directamente al propietario de bienes inmuebles y a sus derechos. Ámbito sobre el cual abordaremos las siguientes líneas.

En vista de ello, quisiéramos compartir con nuestros lectores algunas apreciaciones preliminares del Proyecto de Ley de uso y gestión del suelo urbano Nº 1797/2017-CR presentado el 28 de agosto del presente año, en lo que respecta al derecho de propiedad[1].

El citado Proyecto de Ley, dentro del Capítulo III de Suelo, tiene un Subcapítulo II denominado “Implicancia del bien común en la propiedad del suelo”, en el cual se regula el ejercicio del derecho de propiedad en armonía con el bien común, los derechos y garantías de la propiedad, el ejercicio del derecho de propiedad, obligaciones del derecho de propiedad, la carga de conservación y el abandono.

A efectos, de realizar un sucinto comentario de la materia, quisiéramos referirnos brevemente al marco constitucional[2].

El artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente y nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. En ese marco, el Artículo XIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, indica que toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.

Por su parte, el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos expresa que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, siendo que la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

En la Nueva Agenda Urbana[3] los países se comprometen a preservar y promover la función social y ecológica de las tierras[4], incluidas las zonas costeras que dan apoyo a las ciudades y los asentamientos humanos, y a fomentar soluciones basadas en los ecosistemas para garantizar pautas de consumo y producción sostenibles, a fin de que no se sobrepase la capacidad regenerativa de los ecosistemas. Así como, a promover el uso sostenible de la tierra, a mantener unas densidades y una compacidad adecuadas al ampliar las zonas urbanas a fin de prevenir y a contener el crecimiento urbano incontrolado y prevenir los cambios innecesarios del uso de las tierras y la pérdida de tierras productivas y de ecosistemas frágiles e importantes.

En la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad[5], se establece que la propiedad ostenta una función social, describiendo su contenido de la siguiente manera:

1.    Los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad y de los ciudadanos deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y ambiental. Todos los(as) ciudadanos (as) tienen derecho a participar en la propiedad del territorio urbano dentro de parámetros democráticos, de justicia social y de condiciones ambientales sustentables. En la formulación e implementación de las políticas urbanas se debe promover el uso socialmente justo, con equidad entre los géneros y ambientalmente equilibrado del espacio y suelo urbano y en condiciones seguras.

2.    En la formulación e implementación de las políticas urbanas debe prevalecer el interés social y cultural por sobre el derecho individual de propiedad.

3.    Los ciudadanos tienen el derecho a participar de las rentas extraordinarias (plusvalías) generadas por la inversión pública o del Estado que es capturada por los privados sin haber efectuado ninguna acción sobre su propiedad.

 

Así también, se especifica que las ciudades promulgarán la legislación adecuada y establecerán mecanismos y sanciones destinados a garantizar el pleno aprovechamiento del suelo urbano y de inmuebles públicos y privados no edificados, no utilizados o subutilizados o no ocupados, para el fin de cumplimiento de la función social de la propiedad.

El Tribunal Constitucional, interpretando el artículo 70 de la Constitución[6], en cuanto a la función social de la propiedad, afirma:

La propiedad no sólo supone el derecho del propietario de generar con la explotación del bien, su propio beneficio individual. Tampoco se restringe a aceptar la existencia de límites externos que impidan al titular de los bienes utilizarlos en perjuicio de terceros. Acorde con la Constitución, es fundamental que el propietario reconozca en su propiedad la funcionalidad social que le es consustancial. Así, en la propiedad no sólo reside un derecho, sino también un deber: la obligación de explotar el bien conforme a la naturaleza que le es intrínseca, pues sólo de esa manera estará garantizado el bien común. Ello requerirá la utilización de los bienes conforme a su destino natural en la economía.” (Las negritas son nuestras)

En esta Sentencia, cita una importante doctrina[7] y acota:

“(…) la función social de la propiedad se traduce constitucionalmente en limitaciones al ejercicio de este derecho y en obligaciones a cargo del propietario, impuestas unas y otras en beneficio del bien común. Dicho concepto obliga a que se armonice el interés del propietario con el de la comunidad; procediéndose, para tal efecto, a que el Estado modere su ejercicio a través de la reglamentación.”(Las negritas son nuestras)

En sintonía con lo expuesto, consideramos positivo que el presente Proyecto de Ley desarrolle las garantías, derechos, deberes y cargas que asume el titular de la propiedad en atención a su función social que sirva finalmente para cumplir con los objetivos trazados en una ciudad.

Respecto a las garantías y derechos, es pertinente resaltar que regula un núcleo esencial del derecho de la propiedad (que entendemos debe referirse a lo que el coeficiente de aprovechamiento mínimo) y que éste debe mantenerse indemne ante cualquier peligro de limitación.

En cuanto al ejercicio del derecho de propiedad, especifica a las limitaciones al derecho de propiedad  impuesta por razones ambientales, culturales, etc.

Por lo que se refiere a las obligaciones y cargas, creemos importante que se explicite que es necesario que el propietario efectúe un aprovechamiento efectivo de su predio, debiendo conservarlo y usarlo conforme lo dispone la Ley, la cual introduce un coeficiente de aprovechamiento necesario para garantizar el uso y disfrute de la propiedad, y ésta cumpla su finalidad.

En suma, el Proyecto propuesto está alineado al marco internacional de los derechos humanos y a lo dispuesto por nuestra Constitución. Sin dudas generará más de alguna reacción en cuanto está criticando el dogma de que la propiedad legitima al propietario a no efectuar uso y/o disfrute alguno al inmueble.

 

 

Esta semana la columna de Comadres cuenta con la colaboración especial de Fiorella Vásquez.La Plataforma Comadres es un espacio que busca posicionar el trabajo de las mujeres en el análisis de la política nacional e internacional.




[1]
                      Saludamos el esfuerzo de la congresista Marisa Glave Remy, quien  presentó tan vital Proyecto de Ley , y, en un año logró lo que el Ejecutivo hasta la fecha no se ha atrevido a introducir como iniciativa propia ante el Congreso.

[2]                      Conforme se advierte de la interpretación sistemática de los arts. 3, 57 y la IV Disposición Final de la Constitución Política del Perú.

[3]                      Del 17 al 20 de octubre de 2016 se llevó a cabo en Quito la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible. Esperamos que el Ministerio de Vivienda y Construcción realice un análisis de nuestro estado situacional respecto a los desafíos planeados en la Nueva Agenda Urbana.

[4]                      Esta función y su desarrollo están regulados en las constituciones de Brasil, Ecuador, Colombia y  España.

[5]                      La Carta mundial del derecho a la ciudad es un instrumento dirigido a contribuir con las luchas urbanas y con el proceso de reconocimiento, en el sistema internacional de los derechos humanos, del derecho a la ciudad.

[6]                      EXP. N º 0008-2003-AI/TC. Esta jurisprudencia está disponible en el siguiente link: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00008-2003-AI.html. Página consultada el 03 de octubre de 2017.

[7]                      Pablo Ramella (Los Derechos Humanos. Buenos Aires: Depalma, 1980)

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Fiorella Vásquez
Comadres
    Comentario Destacado
    En el trato cotidiano y familiar se construye una narrativa y una experiencia, del ejercicio de los roles de género. Vivencias llenas de contradicciones y malestares. Creo que necesitamos cambios domésticos para construir cambios culturales, donde no solo cambiemos la letra de lo que decimos, sino también la melodía afectiva con la que nos acercamos a los demás y a nuestras necesidades, que creo que eso facilitaría que transitemos distintos ritmos en la convivencia entre géneros. Leer más >>
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