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La representación contenciosa en la huelga magisterial

Enviado el 04/10/2017

La última huelga del magisterio peruano duró casi 50 días, poniendo en evidencia y en cuestión, una vez más, cómo se gestionan los conflictos sociales en el Perú. Durante ese tiempo se ha confirmado que se los subestiman, apelando a conceptos o fórmulas que no han permitido una acción eficaz para evitarlos.

Para empezar, puedo afirmar que aún no se renuevan o recrean los conceptos tanto desde el Poder Ejecutivo, así como de la sociedad cuando se trata de describir las protestas ciudadanas. En este sentido, me parecen interesantes los enfoques planteados por Aldo Panfichi y Omar Coronel en el artículo «Régimen político y conflicto social en el Perú́, 1968-2011» publicado por la PUCP en el 2014.

En dicho artículo esos autores usan un concepto respecto a la llamada protesta social denominándola «acción colectiva contenciosa». Según afirman esta es aquella usada por actores sociales, quienes son grupos sin acceso regular a las instituciones de mediación política estatal, para plantear reivindicaciones no aceptadas. Y se caracteriza «por la no utilización de las reglas institucionalizadas de tramitación y resolución de conflictos que teóricamente debería ofrecer el sistema político».

Así, en la acción colectiva contenciosa puede haber dos tipos de acciones, una llamada «movimientos sociales» o «protestas fragmentadas». Ambos conceptos son explicados contraponiéndolos. Los primeros promueven un cambio social con actores que comparten una identidad colectiva diferenciada y están articulados. Las segundas «no están articuladas ni son parte de una identidad pro o contra el cambio social, sino que más bien están enfocadas en obtener demandas concretas, específicas y locales (…)».

Para fines de esta reflexión respecto a la pasada huelga magisterial, quisiera tomar prestado el concepto de «protestas fragmentadas» para aplicarlo al interior del movimiento magisterial. Esto debido a que dicha paralización mostró a maestros y maestras desarticulados, sin una coordinación sólida y con representantes -que más parecían caudillos- en competencia por obtener legitimidad. Y, paradójicamente, esto en vez de ser una oportunidad de debilidad en beneficio del gobierno, mostró que también existe una suerte de fragmentación en la institucionalidad estatal.

Sostengo esta última afirmación ya que el gobierno tuvo como principal dificultad tratar de entenderse con una variedad de grupos regionales, actores, voceros o dirigentes evidentemente descoordinados al interior del sindicato magisterial, quienes habían trazado un distanciamiento con la dirigencia nacional. Por lo tanto, actuando así desde la fragmentación interna en el cuerpo del sindicato de profesores expresados en CONARE, SUTEP, SUTE-R. Y, además, con protagonismos regionales, principalmente desde el Cusco. Entonces, cada cual de ellos procuró reconocerse como legítimo y representativo negociador de sus intereses con el Ministerio de Educación (MINEDU). Principalmente con acciones «enfocadas en obtener demandas concretas» como eran el rechazo a las evaluaciones, proponiéndolas eliminarlas o reformularlas. Y, además, debido a esa paralización, padecer el despido y los descuentos en sus salarios por lo días no laborados.

Resumiendo, hemos tenido en la escena de ese conflicto una variedad de organizaciones dentro de una supuesta única organización que buscaron satisfacer sus distintos intereses o agendas particulares. Y esta fragmentación del sindicato, a su vez se expresaba en sub protestas cuyas demandas desafiaban a sus propios voceros o dirigentes.

Además, esta atomización de la organización sindical del magisterio, según el marco teórico que he propuesto, nos mostró un Estado aún reactivo, sin coordinación entre los sectores. Y, por lo tanto, errático en la gestión de este conflicto social. Esto también se puede explicar a partir de la denuncia que hizo el renunciante jefe de la Oficina de Diálogo del MINEDU quien afirmó que cuando asumió dicha oficina no existía «ningún documento de análisis de la huelga magisterial, pese a que se había anunciado desde 2016».

A todo esto, para complicar el asunto, habría que agregar la denuncia que hizo el Ministerio del Interior, y también el MINEDU, sobre la infiltración del MOVADEF en esas protestas.Lo que agravó la relación entre el magisterio, el gobierno y la ciudadanía. Como lo señalé en un reciente artículo, se pasó a la lógica de confrontación “buenos contra malos”. Sin embargo, el Presidente de la República ignorando las denuncias de sus ministros convocó a un diálogo a los dirigentes sindicales.

De todo lo anterior, deduzco que todavía nos falta entender y comprender mejor la complejidad del fenómeno de la conflictividad social. Y, como se ha expresado en esta huelga, su dimensión y dinámica ha desafiado la comprensión que se creía haber logrado e institucionalizado. Y ha expuesto la inercia conceptual que se ha desarrollado para su comprensión y gestión.

No lo olvidemos, las sociedades cambian y también sus formas de conflictos, por lo que debemos prepararnos a nuevas formas de protesta social.

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