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¿Si fuera tu hija?

Enviado el 04/11/2015

En noviembre celebramos, en el Perú, como en muchos lugares de América Latina, el “Día de los muertos”. Visitamos cementerios; algunos llevan flores; otros, música y comida; muchos, cerveza. Es una fiesta popular que rememora, en el espacio del entierro, la vida compartida. Se lleva a las nuevas generaciones y se les cuenta cómo fueron los que ya no están. Se conmemora, se revive, se llora, se ríe.

Este 2 de noviembre me llegó un mensaje de Gisela Ortiz, mujer valiente que, junto a los familiares de La Cantuta, llevó hasta las últimas consecuencias la denuncia por la desaparición de su hermano. Me pedía que me sume a la campaña #EntierrosDignos, pues es necesario recordar, en ese día de celebración popular, que en el Perú hay decenas de miles de familiares que aún no entierran a sus muertos.

En el año 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) entregó el Informe Final de su trabajo, señalando, entre otras cosas, que había por lo menos 8,558 desaparecidos, como consecuencia del Conflicto Armado Interno, y que era fundamental elaborar y financiar un Plan Nacional de Investigación Forense. Doce años después, no hay ley ni presupuesto para un plan de búsqueda de desaparecidos.

El problema se agrava, pues no tenemos tampoco idea clara de cuántos son. Si bien la CVR señaló una cifra, el Registro Único de Víctimas reporta 7,399. Por su parte, el Equipo Peruano de Antropología Forense tiene una lista contrastada de nombres que llega a 13,271 personas desaparecidas; y el Ministerio Público ha señalado que son, en realidad, 15,731. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? No lo sabemos a ciencia cierta y, la verdad, por la acción de nuestros gobernantes y la indiferencia de un sector grande de la sociedad, parece que simplemente no nos interesa saber.

En el país, me cuenta Gisela, no sólo no tenemos un plan nacional de búsqueda. Lo que tenemos es una estrategia de judicialización. Es decir, si una familia quiere saber dónde está su hija, qué pasó con ella y por qué desapareció, recuperar sus restos y darles un entierro, tiene que iniciar una acción judicial. Tiene que contratar abogados –si tiene suerte, puede lograr asesoría de alguna institución de derechos humanos– y construir un caso, aportando pruebas de la desaparición y, sobre todo, pistas sobre el perpetrador (asesino) y sobre la posible fosa clandestina. En muchísimos casos, las FFAA no brindan información sobre quiénes estuvieron destacados en las zonas de conflicto. Hay apelativos, alias, pero no certeza de culpables. Muchas familias, quieren justica y sanción, pero, sobre todo, recuperar a sus muertos. No pueden hacerlo sin antes construir un caso que debe tener como meta la determinación de una culpabilidad y no el hallazgo de restos que permitan cerrar el tiempo de duelo por la pérdida.

Esta estrategia de judicialización, además de costosa económica y emocionalmente, es infructuosa en la mayoría de casos. Sólo el 2013, la Fiscalía de Derechos Humanos en Ayacucho ha archivado 1335 casos por falta de pruebas. Si a esta realidad judicial le sumamos la poca infraestructura y el escaso presupuesto con los que cuentan los equipos forenses, el panorama oscurece más. En 13 años, entre el 2002 y 2015, se han exhumado 3,202 cuerpos. De ellos, sólo 1,873 han sido identificados.

De los más de tres mil cuerpos exhumados, 1,329 no fueron identificados. Son “NN”. No hay cómo ubicar a las familias, pues las exhumaciones no son parte de un plan nacional de búsqueda. No hay una campaña seria para identificación de familiares y recojo de muestras de ADN que ayude a la identificación, mucho menos presupuesto o infraestructura adecuada.

Mientras leía estos datos, recordé la última película de Héctor Gálvez, protagonizada por Paul Vega. Muestra la contradicción por la que pasan los forenses al ver cómo los restos de personas halladas en fosas quedan en cajas almacenadas en azoteas o sótanos, donde se perderán o destruirán; y, a la vez, tratar con familias desesperadas, que no saben adónde acudir, cómo llegar a ubicar a sus familias. Muchos son migrantes en Lima, que abandonaron sus casas por la violencia; otros nunca se fueron y enfrentan mayor precariedad en la justicia, pues si algo sigue igual en el Perú es la desigualdad, es el diferente acceso a la justicia, donde unos son ciudadanos de primera y otros, de segunda, tercera o quinta.

Cuando vemos la magnitud de los datos, sentimos impotencia. Pero la indolencia de muchos es peor. Es necesario ponernos en los zapatos de los familiares, en su piel, en la angustia que aún sienten, décadas después, por la desaparición de alguien a quien quisieron. ¿Si fuera tu hija, harías algo? Reaccionemos. El silencio sigue siendo cómplice.

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E INDUDABLE QUE MENDOZA NUNCA HA APORTADO NADA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, NADIE ENTENDIO PORQUE EL CNM LO NOMBRO SI NO TENIA NI APTITUD ACADEMICA NI CAPACIDAD SOLVENTE PARA SER MAGISTRADO, SIN EMBARGO SE LE NOMBRÓ MAGISTRADO SUPREMO Y NUNCA A PODIDO REALIZAR UNA GESTION IMPERECEDERA, ES UN LASTRE QUE SE LE HAYA DESIGNADO MINISTRO DE JUSTICIA Leer más >>
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