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Corrupción en Apurímac: Problema y desafío

Enviado el 05/04/2017

El 22 de febrero último, Hernán Paniura periodista y conductor del espacio radial “Prensa Libre” de Abancay, fue detenido por la PNP y Fiscalía después de cobrar 200 soles como producto de extorsión a un funcionario regional. Pese haber sido detenido infraganti, medio centenar de personas y emisoras locales afines exigían su libertad frente al Poder Judicial con el siguiente argumento: “Al periodista le han sembrado, le han puesto una trampa los verdaderos corruptos. Él lo hizo solo por necesidad. ¿Por qué agarran solo al gusanito, por qué no agarran a las garrapatas y a los grandes ladrones, a Segovia, Alan y Ollanta? Por eso estamos aquí, pidiendo la libertad de Hernán, porque es un periodista que denuncia sin miedo a los verdaderos corruptos, porque es un periodista que defiende al pueblo”[1].

Este hecho de corrupción local se da en el contexto de los escándalos de mega-corrupción latinoamericana de Odebrecht que vincula, incluso, a los ex presidentes de nuestro periodo democrático y al ex dictador Fujimori. En efecto, 25 años después del autogolpe fujimorista que supuso la institucionalización de la corrupción en nuestro país, vemos hoy como este cáncer social vuelve a lacerar nuestra precaria institucionalidad democrática construida en el periodo post conflicto armado interno (CAI).

A fin de trabajar y eliminar progresivamente este nefasto legado, el gobierno de Paniagua promovió importantes esfuerzos. Sin embargo, hoy constatamos como Toledo, García y Humala no solo no lograron implementar estrategias contra la corrupción, sino que ellos mismos, según indicios legales, la desarrollaron. Incluso, este parece ser el caso del presidente PPK el cual debe investigarse.

Pero la corrupción no solo involucra a funcionarios y autoridades del poder central. El crecimiento económico basado en el boom extractivista irradiado hacia diversas partes del país, acentuó este problema en las regiones a nivel de Estado y sociedad en su conjunto. En el caso de Apurímac, región de pobreza histórica y estructural, los hechos de corrupción recientes pero importantes por su dimensión, se dieron precisamente con la CTAR fujimorista. Pero sería en los últimos quinquenios en democracia que esta se expandiría entre funcionarios, autoridades y una gran mayoría de ciudadanos de la región.

El incremento de los presupuestos regionales y municipales, que fue en ascenso durante la década pasada, y con altibajos en esta última, así como el adelanto de canon en diversos municipios por concepto de los importantes proyectos mineros que se asientan en Apurímac, el crecimiento del narcotráfico, el boom de la minería artesanal e ilegal y la dinamización de algunos sectores económicos vinculados al rubro construcción, fueron los factores que interactuaron favoreciendo la diseminación de la corrupción.

Más allá de que ninguno de los 4 últimos gobiernos regionales perfiló una visión o proyecto regional de desarrollo integral de cara al Bicentenario, que además incluya la reconstrucción regional pos CAI -hecho que acentuó la pobreza y al cual el incremento presupuestal de estos años pudo haber favorecido-, cabe agregar que tampoco los cuatro gobiernos regionales impulsaron políticas serias para enfrentar la corrupción.

De ahí que el expresidente Barra Pacheco (UPP 2003-2006) tuvo denuncias al respecto e incluso fue vacado el 2005 por el JNE por abuso de autoridad. Si por un lado el siguiente presidente, David Salazar (Llapanchiq 2007-2010) no tuvo denuncias similares, tampoco alentó o implemento estrategias y políticas que prevengan la corrupción que en la siguiente década estallaría de manera exponencial como no se tiene registro en la historia de Apurímac.

En efecto, fue precisamente en estos últimos años que la corrupción involucro a un alto número de autoridades y funcionarios[2]. Es el caso del expresidente Elías Segovia (Poder Popular Andino 2011-2014)) y varios de sus funcionarios que vienen siendo procesados, según la Contraloría, por peculado, malversación y uso indebido de fondo que suman un total de siete casos[3]. Igualmente es el caso del exalcalde provincial de Abancay Noé Villavicencio quien concluyó su mandato dejando literalmente a Abancay en el caos con una quincena de parques y numerosas calles destruidas. Caos que lo involucra en hechos de corrupción como colusión agravada y asociación ilícita para delinquir y que lo tiene recluido con prisión preventiva por dieciocho meses.  

A nivel de los distritos la situación no es menos preocupante. Se registran siete casos en investigación y/o con sentencia. Así tenemos a Aurelio Mendoza exalcalde de Tintay; Ramiro Cortez exalcalde de Huanipaca; Huber Cuaresma exalcalde de Cachora; José Borda exalcalde de Andarapa; Demetrio Najarro exalcalde de Huaccana; Gregorio Montoya exalcalde de Circa; y Genaro Paucar exalcalde de Virundo. Casos en los que delitos como peculado doloso, malversación, falsificación documentaria, asociación ilícita y apropiación de dinero, llevaron a la Justicia a sentenciar, a varios de ellos hasta con cinco años de prisión.

Pero la corrupción en este nivel no se reduce solo a hechos dolosos y sentencias, también implica violencia e inseguridad. Es así que cuando los actuales alcaldes asumieron sus cargos en el año 2015, varios hicieron denuncias por amenazas y hostigamiento contra su integridad y seguridad, responsabilizando a personas ligadas a las administraciones municipales anteriores. Si bien no hay certeza absoluta de los móviles, una de las hipótesis señalaba que eran acciones tomadas por las administraciones municipales salientes para “tapar o callar” hechos de corrupción. De hecho se postulaban hipótesis complejas a investigar que señalaban que en estos hechos inter actuaban un entramado de actores como las empresas del sector construcción, los poderes ilegales vinculados a la minería ilegal y el narcotráfico.   

No obstante en los últimos días se revelaron nuevos casos. La vacancia del Consejero Regional por la provincia de Antabamba, William Collado, quien tuvo sentencia cuando fue Contador del distrito de Andarapa (1999) y la sentencia a dos oficiales PNP por peculado doloso contra la Región Policial Apurímac se suman a la lista. Pero fue la orden de prisión preventiva por dieciocho meses contra Odilón Huanaco, actual alcalde prófugo de la provincia de Cotabambas, sede del mega-proyecto cuprífero Las Bambas, por presunta apropiación de diez millones de soles siendo alcalde del distrito de Chalhuahuacho (2011-2014), que resulta el caso más sonado de estas semanas en la tierra de Jose María Arguedas. De ahí que el Ministerio del Interior lo incluyó en el programa de recompensas junto a cuatro de sus funcionarios de entonces.

De otro lado, cabe señalar que si bien el actual Gobernador Wilber Venegas (Fuerza Campesina 2015-2018) no tiene denuncias desde la Fiscalía, si existe una denuncia interpuesta por la Consejera Regional Evelyn Cavero ante la Contraloría por presuntas irregularidades en torno a la concesión para el reinicio de la construcción del Hospital de Andahuaylas. Pero también sobre la obra de saneamiento básico de Abancay que presuntamente generó sobrecostos elevados. Acusaciones que deberán investigarse.

No obstante esta realidad en el Estado, preocupa igualmente que la corrupción se haya hecho parte de la cultura política y social de las personas convirtiéndola en una práctica en zonas urbanas y rurales. Esto lo constatamos cotidianamente desde dirigentes que no rinden cuentas a sus bases; comerciantes que alteran los productos; taxistas que pagan “coimas” para no ser multados; campesinos que estafan a sus juntas comunales; universitarios que pagan para aprobar cursos; ONG que malversan fondos; o restaurantes y hoteles que facturan a pedido del cliente.

Esta naturalización de la corrupción hace que no cuestionemos sino por el contrario toleremos el problema. De ahí que no sorprende la defensa y pedido de libertad, con dos plantones y marchas incluidas, del periodista que fue detenido en flagrancia. De ahí que a la marcha nacional contra la corrupción desarrollada semanas atrás, y aquí impulsada por la CGTP, la participación haya sido considerablemente menor a diferencia de la marcha contra el currículo escolar que busca incorporar el enfoque de género.

No obstante, no todo es sombrío. Saber que hay numerosas autoridades procesadas o sentenciadas significa que las instancias judiciales están cumpliendo su trabajo[4]. En tal sentido, si queremos apoyar y frenar este cáncer que no solo pone en riesgo la gobernabilidad del país –un hecho probable si se demuestra las implicancias del presidente PPK con Odebrecht-, sino que también viene afectando nuestra oportunidad histórica para reconstruirnos como región por los impactos del CAI y superar realmente la pobreza, es menester trabajar decidida e integralmente el problema.  Esto supone no solo alentar iniciativas desde la educación, aprobar normas más duras y crear instancias anticorrupción, necesarias e importantes. Pasa también por hacer una profunda autocritica personal que nos permita trascender la nefasta cultura pro-corrupción del Fujimorismo. Un desafío que si bien no eliminará la corrupción, al menos la puede reducir y verla como un grave problema que afecta nuestro desarrollo como sociedad.

En ese marco, aun cuando quizá coyuntural, resulta alentador el esfuerzo que viene impulsando la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Apurímac por desarrollar una campaña regional contra la corrupción cuya primera actividad será desarrollar una movilización regional el 25 de abril, fecha próxima en que se celebra los 144 años de creación de la región Apurímac.

El autor es miembro de Aprodeh

 




[1]
Manifestante del plantón realizado el 25 de febrero del 2017.

[2] Según el reporte del periodista Paúl Pilco (Pro-ética 2016), la Contraloría de la República emitió un informe en el que 823 funcionarios de 22 entidades públicas apurimeñas fueron denunciados por la Fiscalía. De ese total, la Contraloría denuncio a 263 ex funcionarios por la vía penal y a 54 por la vía civil.

[3]Paradójicamente el gobierno de Elías Segovia aprobó el 2013 una Ordenanza Regional que creo la “Comisión Regional Anti Corrupción de Apurímac”. Esta debía de informar semestralmente sobre sus avances, pero a la fecha apenas se recuerda su existencia.

[4] Aunque también es importante señalar que hay preocupación no solo por la lentitud de la justicia, sino también como señalan muchos ciudadanos, por posibles “encubrimientos y arreglos” entre funcionarios vinculados a estos poderes del Estado (ejecutivos y judiciales). Una problemática que deberá revisarse.  

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