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El patrón del abuso y el desprestigio minero

Enviado el 06/09/2017

“Llevamos cinco años en conflicto con esta empresa, estamos agotados, pero nuestra indignación puede más.  Salen a decir que somos invasores, que no tenemos derechos sobre esas propiedades a pesar que mostramos nuestras escrituras, se han ido con la policía y su seguridad privada y nos han destruido la casa, golpearon a la gente,  llevaron nuestras cosas, hasta la comida que teníamos”

 

No, este no es el testimonio de Máxima Acuña, es el testimonio de Aurea Pajares, miembro de una tradicional familia cajamarquina, otrora dueños de haciendas y fundos importantes en esta región.  Su padre, el fallecido Gonzalo Pajares, dejó a su muerte, entre otras propiedades, dos haciendas, Puruay y Huacataz, ubicadas en la parte alta de Cajamarca y Baños del Inca, y cuya extensión suma casi 10,000 Has.  Por mala fortuna, estas propiedades están comprendidas dentro de la concesión minera de Yanacocha y por ello desde hace varios años esta empresa ha buscado las formas de obtener dichas propiedades. 

lEL CONFLICTO

La familia señala categóricamente que ni su padre, ni ninguno de los 22 herederos, han vendido a Yanacocha estas propiedades, de hecho exhiben aún sus títulos de propiedad inscritos en Registros Públicos, pero la empresa señala increíblemente que son propietarios de las mismas y que las adquirió de una tercera persona, un campesino que les habría vendido un promedio de 500 Has. Curiosamente, en la escritura que la empresa presenta, se deja una anotación de que las escrituras de este campesino con que acredita su propiedad están extraviadas, pero aún así la empresa le compró y logró inscribir los títulos en registros públicos.  De las aproximadamente 9500 Has. restantes, la empresa no tiene título, pero aduce que tienen posesión desde hace varios años, por lo cual han iniciado un proceso de prescripción en el 2012, justo cuando la familia empezó a reclamarles por su evidente pretensión de entrar a esos terrenos.  

A diferencia de los humildes Chaupe, en este caso, al inicio, la empresa sí accedió a escuchar el reclamo de esta familia, los recibió y dialogó con ellos, hasta les ofreció una mediación mediante la CAO, pero pronto los “Pajares” se dieron cuenta que la empresa no solo trataba de sorprenderlos con tratos absurdos, sino que igual, los maltrataba y humillaba.

LA GESTIÓN DEL CONFLICTO POR PARTE DE LA EMPRESA

La resistencia de esta familia al atropello parece que desató la ira de Yanacocha.  616 demandas por prescripción ha iniciado esta empresa contra los 22 herederos “Pajares”, 28 demandas por cada heredero, sí aunque parezca increíble. Desalojos violentos, bajo su ya conocida fórmula justificante de “defensa posesoria” con la que destruyen y atacan todo a su paso en estas propiedades, incluso bajo el acompañamiento de la Policía Nacional.  Cierre de los caminos de acceso, denuncias preventivas para amedrentarlos, y como no, el uso de un eficiente aparato comunicacional y mediático para imponer su parcializada postura que haga ver a su adversario como el malicioso, violento y aprovechado.

EL PROBLEMA CON LA POLÍTICA DE TIERRAS DE ESTA EMPRESA

Este no es un caso aislado, más bien es otro de los tantos que Yanacocha tienen pendiente resolver, y que no traducen otra cosa sino la total irresponsabilidad de esta empresa para tratar temas medulares como los de tierras.  Lo vienen advirtiendo desde hace tiempo varias investigaciones, incluso las de sus propios socios como el IFC[1] y varios casos emblemáticos así lo confirman. El de la Comunidad de Negritos, con quien tienen un juicio pendiente porque justamente se descubrió procedimiento irregular de adquisición de estas tierras y de aplicación de procedimientos de Servidumbre y expropiación; el caso de los campesinos de Combayo, a quienes los sorprendieron con la compra de tierras y les pagaros 100 soles por Ha. de terreno, lo cual suscitó incluso la intervención del propio Banco Mundial para lograr que sean compensados; el ya conocido caso de Máxima Acuña en el cual la empresa ha intentado quitarle la tierra de la manera más violenta y abusiva, acusándola incluso de invasora, evidenciándose luego que el problema ha sido una compra irregular hecha a la comunidad obviando los derechos de los Chaupe como legítimos posesionarios de esta tierra. Lo mismo sucede ahora con este caso de la familia Pajares, intentan nuevamente quitarles la tierra con argucias judiciales, con violencia, usando mecanismos de coacción contra ellos, cuando el gran problema nuevamente son la pésima y poco diligente política de adquisición de propiedad.   Casos más pequeños hay raudales, sobre todo aquellos en los que compran una cantidad de terreno y se toman una mayor.

SU TORPE POLÍTICA DE GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS

Si su política de tierras es pésima,  peor es la de conflictos.  La gestión de los conflictos de una empresa debiera ser un tema de la más alta responsabilidad, sin embargo parece que esto es más bien lo soslayado para Yanacocha. El patrón de actuación lo dice todo, presentado el conflicto no hay un honesto interés de diálogo impulsado por la empresa,  es más, en la mayoría de casos lo obvian; sus mecanismos privilegiados son la judicialización y la violencia para imponerse; y por supuestos usar lo comunicacional para estigmatizar y acusar a su oponente, colocándose la empresa como la víctima de estos procesos[2].  La consecuencia de ello no puede ser otra, la seria violación de derechos humanos de aquellas personas que se atreven a discutirle un derecho.

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

En medio de estos asuntos, es importante plantear la directa responsabilidad del Estado.  Un Estado que tan entusiastamente promueve a estos inversores, también debiera ser capaz de controlarlos, regularlos, fiscalizarlos, en todos los ámbitos, pero especialmente en el relacionamiento y respeto de los derechos fundamentales de la comunidad, y no permitir que impunemente se atropellen. 

Al momento este Estado se muestra solo como garante de la inversión, y es omiso a la obligación básica de protección de sus ciudadanos, eso no hace sino volverlo cómplice o coautor de estos abusos. Varios temas lo ponen en esta posición: el permitir que la Policía siga alquilándose a estos privados bajo la figura de Convenios;  la no regulación de la actuación de fuerzas privadas de seguridad, permitiendo que existan mercenarios dentro nuestro país, que fungiendo de resguardo violentan, abusan, usan armas y disparan sin reparo contra la población, como lo hicieron con la familia Pajares; la impunidad que le generan a estas empresas al no sancionarlas cuando entran a destruir bienes y violentar a personas en sus propios predios, aceptando el manipulado argumento de la empresa de “defensa posesoria”. 

 

Sí, el Estado, pero específicamente el gobierno se vuelve responsable directo, si se niega a asumir estos temas fondo, a ponerles límites a la actuación de estas empresas, porque lo terrible de esta omisión, es que permite por defecto que se afirme el patrón de abuso en contra de sus ciudadanos, no solo de Yanacocha, sino de cualquiera de estas transnacionales que se encuentran en el país.

 

Escucho los llantos y la desesperación al teléfono de esta familia que piden ayuda ante el ataque de la empresa, han llamado a la Policía pero no aparecen.  Intento comunicarme con el Ministerio del Interior para insistir en esta urgente presencia, alguien me pasa el número de un alto asesor del Ministro Basombrío.  Impresionante, contesta el teléfono el Sr. Dante Vera, ex alto asesor de Yanacocha y empresas mineras en temas de Seguridad.

 




[1]
Una evaluación inicial del 2015 de la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman de la IFC indica, entre otras cosas, que la IFC «tomó conocimiento de una serie de quejas de antiguos propietarios de tierras en el área de la mina y ha reconocido anomalías en el enfoque de su cliente para la adquisición de las tierras, que especialmente generaron dudas acerca de si la clasificación de las compras de tierras como “comprador voluntario-vendedor voluntario” era de aplicación general a estos casos, como se supuso en un principio».Véase: http://www.cao.ombudsman.org/cases/documentlinks/documents/CAOAppraisalo...

[2]“[…] La decisión de considerar y tratar a los Chaupe como invasores ilegales fue tomada por personal clave sin acceso a información crítica. El problema de que los representantes de la empresa tomen acciones decisivas sin tener acceso adecuado a la información es un problema que se extiende a la disputa por tierras, a las respuestas a las denuncias de violaciones a los derechos humanos y al papel de la empresa en la intensificación de este conflicto.[…] una orientación legalista dominante, la falta de voluntad de reunir información sobre la causa raíz de la situación y una preferencia por el litigio por encima del diálogo”.  Informe RESOLVE (contratado por la propia Newmont) Pág.41. https://es.scribd.com/document/325698315/Informe-Final-sobre-Maxima-Acuna-y-Yanacocha-RESOLVE-Newmont

 

 

Comentarios (2)

Esta empresa está

Esta empresa está acostumbrada a hacerse de algo que no le pertenece, ningun centro minero hasta el momento es sancionado por tales abusos. Las autoridades como siempre se hacen de la vista ciega y sorda a los reclamos justos de los pobladores, es indignante

Yanacocha es un modelo de

Yanacocha es un modelo de operación minera símbolo del neoliberalismo, es decir, al analizar el modus operandi, estrategia , abusos y calamidades develan el pensamiento económico neoliberal que aplica todo el sector minero en el Peru, Chile y todos los paises donde operan las transnacionales mineras en contubernio con el empresariado local y el gobierno de turno. Estamos constatando que Nunca jamas la minería nos sacara de la pobreza. BASTA YA¡¡.Estos "empresarios" como Roque Benavides estan mentalizados que con su dinero y apoyo de gobiernos corruptos como los Fujimori y Alan Garcia y otros segmentos corruptos pueden hacer lo que les de la gana y no pasa nada porque estan respaldados por un marco legal redactado de acuerdo a sus intereses para proteger el abuso y saqueo y la elusion tributaria que dichos empresarios practican. Liberalismo economico= cinismo económico y corrupción.

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