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Antitransfuguismo y más allá

Enviado el 06/09/2017

En pocos días, el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre la constitucionalidad de aquella disposición del Reglamento del Congreso de la República que recorta determinadas facultades a los congresistas que son expulsados o renuncian a sus bancadas de origen. Según esta disposición, aprobada hace un año, en esos casos un congresista no puede formar una nueva bancada ni integrarse a una existente, tampoco puede ocupar cargos directivos en el Parlamento o presidir alguna comisión.

Se trata de una medida drástica para desincentivar la fragmentación de las bancadas parlamentarias, tal como ocurrió en los períodos legislativos anteriores. En sentido positivo, esta norma busca mantener los grupos parlamentarios tal como fueron electos, ayudando con ello a establecer mayor orden en el funcionamiento del Congreso.

La norma, en mi opinión, es adecuada en su intención, pero no logra resolver las tensiones y los riesgos de ruptura al interior de las bancadas congresales, tal como se aprecia ya, apenas a un año de la instalación de este Parlamento. Este problema recorre varios grupos, especialmente a los que tienen las bancadas más numerosas. Una de ellas ya se ha dividido, otras dos han expulsado a algunos de sus integrantes, y varias más han evidenciado tensiones fuertes en su interior.

Es evidente que la norma aludida no basta por sí sola para lograr el propósito para el que fue aprobada. Y esto ocurre porque no aborda el problema en su conjunto. Más precisamente, atiende la situación con un Congreso ya conformado. Pero para lograr el objetivo inicialmente enunciado es necesario dirigir la mirada hacia las decisiones previas que determinan la conformación de una bancada parlamentaria. Ello lleva a la necesidad de modificar otras disposiciones.

¿Qué es necesario cambiar? En primer lugar, se requiere eliminar el voto preferencial, causa principal de tener autoridades que no perciben su elección como producto de una militancia partidaria, sino como fruto del esfuerzo y los recursos personales invertidos en la campaña. En consecuencia, no existe una lealtad fuerte con la organización bajo cuyo símbolo han postulado. Junto a lo anterior, sería importante reducir el porcentaje de candidatos invitados que pueden ser incluidos en las listas congresales. En la cuestionada reforma electoral aprobada para las Elecciones Generales 2016, se decidió incrementar esta proporción de 20% a 25%, aumentando de este modo la discrecionalidad de las direcciones partidarias para convocar a no militantes.

Estas dos medidas disminuirían desde el inicio aquellas opciones, hoy disponibles, que alimentan tendencias personalistas, y en forma combinada con restricciones a quienes renuncien o sean expulsados de una bancada, contribuirían de un modo más coherente a mantener la disciplina partidaria en el ejercicio de la función congresal.

Junto con lo anterior, sería conveniente exigir a las organizaciones políticas la participación obligatoria en todos los procesos electorales como una condición para mantener activa su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas. Esta disposición permitiría que partidos sin esta capacidad sean retirados del escenario político, con lo cual disminuiría la oferta de membretes que se ofrecen a candidatos sin partido, generando una dinámica favorable a tendencias personalistas y poco orgánicas.

La apresurada aprobación de la denominada “ley antitransfuguismo” por parte de la bancada mayoritaria, como medida aislada y no articulada a un conjunto de medidas orientadas en la misma dirección, pareciera tener un propósito distinto al enunciado. Dado que la reforma electoral se viene discutiendo nuevamente en la Comisión de Constitución, la aprobación de normas como las mencionadas en esta columna daría cuenta de un genuino interés por fortalecer la representación política.

Twitter: @RivasJairo

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