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Repensando las razones de la rebelión iquichana

Enviado el 06/09/2017

El 9 de diciembre de 1824 las armas patriotas al derrotar a los realistas en la Batalla de Ayacucho ponían fin a los tres siglos de dominación española, dando vida a las repúblicas de América del Sur. Sin embargo, paradójicamente en el norte de Ayacucho, en la provincia de Huanta, se produjo el levantamiento de los hacendados y campesinos iquichanos en contra de la república naciente.

La rebelión de los hacendados y los indígenas iquichanos es uno de los temas mejor investigados de la historia de Ayacucho, y los diferentes investigadores consideraron que la causa fue la pérdida de la relativa bonanza de la comercialización de la coca, y el rechazo del pago del diezmo de dicho producto[1]. En palabras de José Antonio Navala Huachaca, líder de los iquichanos rebeldes, fue por el robo, abusos, desordenes y elevadas contribuciones que venían cometiendo los militares de la naciente república.[2]

Sin dejar de ignorar los conocimientos y contribuciones mencionadas, es necesario repensar aquel proceso, puesto que la razón de los levantamientos de los iquichanos y los hacendados desde 1825 a 1828 y la participación en las intermitentes pugnas entre los caudillos, dispone de una amplia documentación y según las fuentes que logramos revisar en los diferentes repositorios de Ayacucho nos permiten sostener que los problemas se iniciaron en el año 1800 y están directamente relacionados a las tierras cocaleras del valle de Huanta. 

Hacia 1800 la quebrada de Buena Lerma, las montañas de Tamboconga y la quebrada de Acón se había convertido en la zona de mayor concentración de los hacendados españoles, mestizos y algunos indígenas que usufructuaban las tierras y se dedicaban a la producción de la coca. De los 92 hacendados más de la mitad no disponían del título de derecho de las tierras,  y por ello presentaron al intendente don Demetrio O´Higgins documentos para obtener el reconocimiento y posesión de las tierras.

Don Pascual Cordero, posesionado en la hacienda real San Juan de Dios solicitaba: “con el debido respeto parezco y digo que se sirva usted darme posesión de ella en nombre de su magestad respecto a obtenerla… me resguarde y asegure el dominio a la finca en consecuencia pondré en andas reales aquella cantidad que resulte pensionado por los peritos tasadores”.[3] De igual manera, algunos indígenas, como Leonardo Loayza, que disponía de un “cocalito de dos collos de fondo” llamado Rosario, tasada en 2 pesos y 7 reales también pretendía ser reconocido y propietario.

Con el inicio de las luchas de la Independencia los pedidos de los hacendados no prosperaron y con la derrota española corrían el riesgo de perder sus posesiones, la producción y comercialización de la coca. Por lo tanto, en un contexto de saqueo y despojo de las haciendas a quienes lucharon a favor de los realistas, los propietarios de los cocales de Huanta se aferraron al control de las tierras, y desafiaron a la naciente república para no perder la posesión de sus tierras.

Los hacendados cocaleros y los indígenas de las punas de Huanta que mantenían  estrechas relaciones económicas con la producción de la coca del valle, durante las primeras décadas de la república, aprovechando la inestabilidad política promovida por el caudillismo, se mantuvieron en guerra y posteriormente, muchos de ellos al lograr el reconocimiento de sus tierras se fueron adhiriendo a la administración republicana. De tal manera, la razón fundamental del levantamiento de los hacendados y los indígenas de Huanta en contra de la república peruana fue el control y posesión de las tierras cocaleras. 




[1]
                     Husson, Patrick. 1992. De la guerra a la rebelión (Huanta, siglo XIX). Cusco:CBC. Méndez, Cecilia. 2014. La república plebeya. Huanta y la formación del Estado peruano, 1820-1850. Lima: IEP. Bonilla, Heraclio. 2001. La oposición de los campesinos indios a la república: Iquicha, 1827. En: Metáfora y realidad de la Independencia del Perú. Lima, IEP.

[2]                     ARAY, Juzgado de 1ª Instancia, Causas Criminales, 1826, citado en Bonilla 2001: 155.

[3]                     ARAY, Intendencia, Leg. 40, Cuaderno 39, 1800, fs. 1-90.  

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