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Igualdad ante la ley y lucha contra la corrupción

Enviado el 06/12/2017

El lunes 4 de diciembre por la mañana, los medios y las redes sociales compartían un mensaje unánime: la aprobación de la ciudadanía a la prisión preventiva contra cuatro directivos de las socias peruanas de Odebrecht.

No nos parece que sea “expresión de racismo inverso” la complacencia de una ciudadanía que cree que, con ese encarcelamiento, se está rompiendo un “techo de cristal” en el sistema de justicia en el Perú. Una barrera que, de acuerdo al sentido común de la población, delimita quiénes van o no a las cárceles en nuestro país. Límite marcado, según ese sentido común, de acuerdo al perfil de las personas, a los estereotipos sociales, económicos y sí, también raciales. El problema no es la gente, sino esos estereotipos que aún funcionan como explicación de la distinta vara que aplica nuestra justicia.   

Obviamente, esto no es exclusivo del Perú. Un libro clásico de la antropología brasileña tiene un capítulo titulado “¿Usted sabe con quién está hablando?”. Una expresión que todos entendemos muy bien en el Perú: es la del que “ubica” al otro a partir de su “superioridad”.

La resolución contra los socios de Odebrecht tiene ese golpe simbólico, que puede tener un efecto institucional positivo. Como cuando la SUNAT cerró el Cesar´s Hotel, a principios de los 90 y, con ello, la gente empezó a verla de otra manera. Una institución madura.

Sin igualdad ante la ley no hay justicia, y el ver que personas que cumplen con todos los requisitos sociales y económicos para ser “intocables” en este país, rindan cuentas ante un juez e ingresen a prisión preventiva (al igual que otros), mejora la credibilidad en el sistema de administración de justicia. Más aún, tratándose de un caso tan complicado por los intereses y poderes comprometidos.

Si la prisión preventiva de 18 meses es justa o no, es otro tema. Pero lo cierto es que  la mayoría de los que ahora “descubren” esa desproporción, no lo hicieron antes (por ejemplo, frente a los Humala). Un problema en la regulación en el Perú es que se diseñan varias leyes, implícitamente, sólo para “otros” (no para “gente como uno”), por lo que suelen ser “ejemplarmente” muy estrictas. Esta experiencia judicial puede servir para revisar alguna legislación, precisamente, pensando que se puede y debe aplicar a todos. Por ejemplo, esa extensa prisión preventiva.

Leyes estrictas con aplicación discrecional tienden a incrementar la sensación de una administración injusta. Por eso, tan importante como una buena ley, bien diseñada, es la capacidad de enforcement o de aplicabilidad a todos por igual.

Leyes estrictas aplicadas sólo a algunos pueden incluso amenazar la democracia y la gobernabilidad de un país. Es lo que ocurrió el 2016 en el proceso electoral: se retiró desproporcionadamente a dos candidatos presidenciales –uno, Julio Guzmán, por una falta administrativa- con el silencio de una mayoría, generando no sólo una vulneración de derechos de miles de peruanos, sino distorsionando la voluntad popular. Igual falta, sobre todo en el caso de Acuña, que cometieron otros y siguieron en carrera. Esa distorsión quedó expresada en la configuración del Congreso actual y que nos llevado a este escenario actual, de difícil gobernabilidad.  

El paso dado contra los socios peruanos de Odebrecht puede abrir una ventana que permita extender la mano de la justicia hasta los más “intocables” del país. Aquellos sobre los que los jueces no se animaron preguntar en la primera entrevista con Marcelo Odebrecht, en Brasil.

Unas noches en el penal de Piedras Gordas pueden convertir a los investigados en nuevos colaboradores eficaces, imprescindibles para romper la estructura de silencio de la trama de corrupción.

Así como los 36 años de no ir al Mundial de fútbol parecían una maldición que finalmente cesó, los niveles de corrupción que han deteriorado la institucionalidad en el país a todo nivel también pueden romperse con decisión y valentía, aunque parezca casi imposible y domine el escepticismo. Del mismo modo como Italia pudo vencer a la mafia, o Colombia logró el cese al fuego de su larga guerra interna, esta coyuntura puede ser un paso institucional importante en ese sentido.

Una condición para salir bien librados del caso Odebrecht es, precisamente, la igualdad ante la ley. Y por el contrario, la discrecionalidad con que parecía actuar la justicia, así como buena parte de los medios y, ciertamente, el Congreso, abonan a un desenlace que puede llevarnos a una situación aún peor.

Querer forzar la vacancia presidencial es una manera de quebrar el proceso de administración de justicia en este caso, para que no alcance a algunos. Recubierto de un argumento “igualitarista”, busca en realidad romper con el proceso. En efecto, si se quiebra la gobernabilidad, si se encarcela sólo a los “políticos débiles”, ¿quiénes quedan como “elegibles”? El escenario sería aún peor que el actual. Por eso, es inconveniente el cálculo personal de unos políticos y la ingenuidad de otros, que parecen secundar la iniciativa del fujimorismo. El presidente actual, como todos los que le precedieron, también debe rendir cuentas a la justicia, pero al día siguiente de dejar su cargo.

El radical principio de la igualdad ante la ley es pues, condición y mecanismo imprescindible para alcanzar la justicia.

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