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No hay corona para los corruptos

Enviado el 06/12/2017

La reciente decisión judicial de fijar prisión preventiva contra los empresarios José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña, Gonzalo Ferraro Rey, Fernando Camet Piccone, José Castillo Dibós, constituye un hito importante en la lucha contra la corrupción ya que no abundan las ocasiones en que personajes que pertenecen al sector económico más poderoso del país son alcanzados por el brazo de la justicia.

Pero al mismo tiempo, lo ocurrido pone en evidencia que la corrupción en la que estuvieron involucrados los últimos gobiernos no ha sido únicamente un asunto de empresas brasileñas, sino que el empresariado peruano -como lo muestra el caso de los ejecutivos de Graña y Montero, J.J. Camet e ICCGSA- tiene un alto grado de responsabilidad y participación en un sistema implementado con el objetivo de enriquecerse a costa de los recursos públicos. Dicho esto, el siguiente paso de las autoridades judiciales y de control debe ser realizar una revisión exhaustiva de las condiciones en que se ejecutaron y se vienen ejecutando otros proyectos de infraestructura.

Como lo hemos dicho en anteriores oportunidades, la lucha contra la corrupción es al mismo tiempo una lucha para defender nuestra democracia. No se trata simplemente de meter a la cárcel a los corruptos, sino a desmontar un sistema de corrupción que atraviesa todas las esferas del Estado y todos los niveles de gobierno, como nunca antes había ocurrido en la historia.

En Noticias SER consideramos que las detenciones de los más importantes empresarios de la industria de la construcción debe servir para darle un nuevo impulso a la lucha contra la corrupción a fin de seguir llevando ante la justicia a otros actores políticos y económicos, en particular aquellos que hoy hacen ostentación de su poder, para garantizar su impunidad como el fujimorismo y sus aliados alanistas. Como hemos visto hasta ahora estos van a recurrir a todas las bajezas y subterfugios legales para no ir a prisión, y no dudarán en poner en riesgo la estabilidad de nuestro sistema democrático en su afán de evitar ser sancionados.

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