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Víctimas de esterilizaciones forzadas nuevamente invisibilizadas

Enviado el 07/02/2018

El 1 de febrero se publicó el Decreto Supremo N° 002-2018-JUS mediante el cual el gobierno aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 (se puede descargar aquí). Este documento invisibiliza - ¡una vez más! - a las víctimas de esterilizaciones forzadas. En las 174 páginas del documento solo existe una mención a esta problemática: la propuesta de conformar una mesa de trabajo para “analizar y resolver la problemática de las personas víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre los años 1995 a 2001” (p. 164).

Considerando la enorme deuda histórica del Estado con las mujeres que sufrieron esta vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos, esta única mención resulta insuficiente y mezquina. Esta acción es una de las demandas de las organizaciones de mujeres afectadas, y fue aceptada como compromiso por la ex Ministra Marisol Pérez Tello en una sesión de trabajo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ningún otro compromiso ha sido recogido en este Plan. Y eso que propuestas no han faltado. Se pueden citar, por ejemplo, los que se derivan del acuerdo de solución amistosa por el caso Mamérita Mestanza; o los establecidos en el Decreto Supremo N° 006-2015-JUS que declaró “de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas”, y mediante el cual se creó el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), y se establecieron otras medidas de atención a cargo de los Ministerios de Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), y de Salud.

Pero también se pueden citar las propias demandas planteadas desde hace muchos años por las organizaciones de mujeres afectadas, hoy reunidas en la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF). O las propuestas presentadas al MINJUSDH a lo largo de todo el año 2017 por el Grupo de Seguimiento a Reparaciones a Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (GREF), colectivo de instituciones, colectivos y personas que acompañan las demandas de las víctimas. O la recomendación precisa hecha recientemente al Estado peruano durante el Examen Periódico Universal, instándolo a brindar una respuesta integral a esta problemática. O, por último, limitándose a cumplir los compromisos firmados por la candidata a la Segunda Vicepresidencia de la República, y hoy Presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Araoz, durante la última campaña electoral.

Nada de esto fue tomado en cuenta por los funcionarios a cargo de la elaboración del Plan, pero tampoco por quienes ocuparon cargos de decisión en el MINJUSDH en lo que va de este gobierno. En general, se aprecia una resistencia del Estado a afrontar integralmente este asunto. Las pocas medidas reconocidas se implementan lentamente, e incluso se observan retrocesos, como la decisión del MIMP de dejar sin presupuesto a la atención a víctimas de esterilizaciones forzadas que brindaban los Centros de Emergencia Mujer. La situación no es mejor en el campo de la justicia: la Dirección General de Defensa Pública del MINJUSDH apenas avanza en la judicialización de los varios miles de casos ya reconocidos oficialmente. Y el Fiscal Luis Landa lleva meses sin pronunciarse sobre un caso que reúne 2,074 denuncias debidamente documentadas.

En un reciente estudio sobre víctimas, Gabriel Gatti señala que toda sociedad establece una “escala de víctimas”. Así, está “la víctima, es decir, un humano que sufre y es tratado desde ahí y nombrado, visto, cuidado como tal”. Son las víctimas reconocidas legalmente y que acceden a medidas específicas en atención a su vulnerabilidad. Pero está también “quien sufre, y es por eso víctima, pero a quien no se puede enmarcar su sufrimiento, y por eso no puede ser nombrado ni siquiera como víctima. Ningún cuadro de visibilidad, de nominación, de reconocimiento, de tratamiento o de cuidado los contiene. Son sufrientes que no pueden ser llorados, vidas sin duelo, que no valen ninguna pena” (Gabriel Gatti, editor. Un mundo de víctimas, p. 44).

En estos términos, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 es una muestra más del ninguneo y el desprecio del Estado peruano hacia las víctimas de esterilizaciones forzadas, aquellas a las que ni siquiera puede nombrar como víctimas y a las que, como consecuencia de lo anterior, les niega el acceso a sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

 

Twitter: @RivasJairo

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