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¿Seguridad versus resocialización?

Enviado el 08/09/2010

Wuille Ruiz Figueroa

Recientes medidas legislativas buscan enfrentar la criminalidad y la inseguridad ciudadana dotando de herramientas a los jueces para elevar la penalidad a los reincidentes y habituales (1), siendo más elevado aún para determinados delitos como el homicidio calificado (asesinato), lesiones graves y violación sexual contra menores de edad, entre otros. Asimismo, con la modificación del concepto de flagrancia (2), a la policía se le dota de un mayor grado de actuación para la intervención y captura de personas involucrados en hechos delictuosos. Adicionalmente, los beneficios penitenciarios de semilibertad y de liberación condicional, que permite a los condenados salir de prisión antes de cumplir el total de su condena, es cada vez más restringido a un menor número de delitos y con requisitos cada vez más difíciles de cumplir.

En síntesis, estas normas buscan que determinadas personas, consideradas como un peligro social, pasen el mayor tiempo posible en prisión y así evitar que causen más daño a la población, es decir, se pretende retirar de la libre circulación a los malos elementos de la sociedad y encerrarlos el mayor tiempo posible. Nos preguntamos si esto mas bien no está representando el abandono del Estado de su función constitucional de resocialización de las personas que delinquen, y adoptando una especie de destierro en tiempos modernos.

Son medidas efectistas en tanto tratan de brindar un mensaje a la población de aparente calma, tranquilidad y seguridad, “los delincuentes ya no saldrán fácilmente de prisión”, “estamos actuando con mano dura”, “la policía tiene más garantías para intervenir y capturar a los delincuentes”, son algunas de las frases que suelen utilizar los voceros políticos con cierta satisfacción de su labor cumplida en el endurecimiento de penas.

Sin embargo nos preguntamos, ¿Realmente son eficaces estas medidas por sí solas para combatir la delincuencia? Desde que se encuentra vigente nuestro actual código penal del año 1991, no es la primera vez que se agravan las sanciones para la delincuencia. Continuamente se hacen modificaciones en las leyes penales para agravar las sanciones y evitar que los delincuentes ganen fácilmente las calles luego de haber pasado un determinado tiempo en prisión, incluso la mayor sanción es la cadena perpetua para varios de estos delitos. ¿A pesar de este continuo endurecimiento de las sanciones el nivel o intensidad de la delincuencia ha disminuido? ¿No observamos por el contrario que cada vez va más en aumento la delincuencia no sólo en la frecuencia sino también en la intensidad, la logística y los medios del que se valen para cometerlo y la secuela que producen?

¿A los delincuentes realmente les interesa esta mayor gravosidad de las penas y de las sanciones que se aplican? ¿Tiene algún efecto disuasorio en el potencial delincuente? ¿Qué ocurrió casi al día siguiente de que se aprobaron estas normas penales? En Lima asesinaron a un sacerdote y a su ayudante para robarles el dinero de la iglesia. ¿Acaso los medios de comunicación todos los días no nos siguen presentando hechos criminales como asesinatos, robos, violaciones, drogas, corrupción, lesiones, balas perdidas, incluso de miembros de la policía involucrados en estos actos en una sucesiva e interminable lista de hechos criminales que no hay cuándo acabar a pesar de las duras sanciones que establecen las leyes?

Si vemos el problema desde una perspectiva ortodoxamente efectista y puramente sancionadora diríamos que si se trata de poner mano dura contra la delincuencia, ¿Por qué de una vez mejor no imponemos cadena perpetua a todos los delitos y asunto acabado? Ningún delincuente saldría libre y así la sociedad, todos los que somos gente de bien, no tendríamos mayor preocupación en caminar tranquila y libremente por las calles. O mejor aún, en vez de derivar fondos públicos para mantener a estas personas en prisión, y ya incurriendo en un paroxismo sancionador preguntémonos, ¿Por qué de una vez no extendemos la pena de muerte para todos los delitos sin excepción  y asunto solucionado? Solamente gastaríamos en balas, y para no gastar en balas, mejor llevemos a todos a la horca, así nos ahorramos las balas también.

Resulta notorio que esta misma lógica de endurecimiento en la política criminal no guarda coherencia con otras medidas que recientemente se acaban de dar por parte del Ejecutivo a través de decretos legislativos haciendo uso de las facultades dadas por el Congreso. A contracorriente del razonamiento de “mano dura contra la delincuencia” graficado líneas arribas, decretos legislativos como el 1097, van a permitir que determinadas personas procesadas por hechos graves contra la humanidad logren ser liberadas, tal como ha sido ya anunciado, cerca de 20 militares involucrados en estos hechos han solicitado su libertad inmediata.

¿Por qué en algunos casos se opta por la política de la “mano dura” o de  “poner más candados” contra la delincuencia y en otros casos en cambio se opta por “romper esos candados” y abrir las rejas para que salgan rápidamente de prisión bajo el argumento de la aplicación de normas procesales más garantistas?  

Con estos decretos legislativos se busca una “amnistía encubierta” contra militares y personajes involucrados en violaciones de derechos humanos, han señalado las organizaciones de derechos humanos respecto a estas medidas que facilitarían la pronta liberación de estas personas y vulnera no sólo jurisprudencia del Tribunal Constitucional sino también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voceros del gobierno, incluido el Ministro de Justicia, sostienen que eso no ocurrirá y que todo va a depender de la decisión de los jueces en aplicar estas normas a cada caso concreto y específico.

Actualmente, son cerca de 45,000 personas privadas de libertad en todo el Perú ¿Hasta cuándo el sistema penitenciario con sus escasos recursos va a poder soportar esta fuerte carga de sobrepenalización sobre sus espaldas? Lo evidente es que no existe una política criminal integral y sistemática, que se ha estado actuando con medidas efectistas abandonando el objetivo resocializador para priorizar la sobrepenalización y el criterio de seguridad  rompiendo así el equilibrio que debe tener una política criminal y, creando con ello, una suerte de ghetos, los de mayor duración posible en el tiempo, a donde vayan a parar los “incurables y los indeseables”. ¿Es esta situación coherente con un Estado Constitucional de Derecho?

Notas:

(1) Se considera reincidente a quien después de haber cumplido en todo o en parte una condena de pena privativa de libertad, incurre en nuevo delito doloso en un lapso que no excede de cinco años. Ahora se considera reincidente también al que comete faltas dolosas, es decir, delitos o faltas cometidas con conciencia y voluntad de cometerlas.   Se considera habitual a quien comete un nuevo delito doloso siempre que se trate por lo menos de tres hechos punibles que se hayan perpetrado en un lapso que no exceda de cinco años o sin límite de tiempo para el caso de determinados delitos como asesinato, lesiones graves, violación secual a menores de edad, entre otros.

(2) Según la denominación actual, existe flagrancia cuando el agente: 1. Es descubierto en la realización de un hecho punible. 2. Acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. 3. Ha huído y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, y es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible. 4. Es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso
 

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