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La reforma electoral mirando el 2018

Enviado el 08/12/2016

En octubre del 2018 se realizarán las próximas elecciones regionales y municipales. Al estar tan cerca de la fecha, surge la pregunta de si estamos preparados con las leyes que existen actualmente. El periodo de elecciones del 2016 estuvo teñido por una reforma electoral que si bien tuvo buenas intenciones, fue incompleta.

No se aprobaron todas las leyes necesarias. La reforma electoral dejó vacíos en lo referente a los mecanismos de control para impedir la infiltración de dinero ilícito (y con ello intereses ocultos). Una propuesta interesante  fue la ventanilla única de aportantes, que al igual que la de candidatos, proveía de información sobre los aportantes de los partidos. Esta medida implica un nivel de transparencia bastante alto que ayudaría a ejercer mayor control sobre las fuentes de financiamiento.  No obstante no fue aceptada.

Otra de las iniciativas sin éxito fue la de mejorar las sanciones cuando las organizaciones políticas no presentan sus reportes financieros a tiempo, o los presentan con errores. Se propuso crear sanciones políticas, como por ejemplo la cancelación de la inscripción del partido político. Actualmente, conviene más no entregar un reporte. La única consecuencia es dejar de recibir el financiamiento público que hasta el día de hoy es inexistente (se aprobó por ley que a partir del 2017 los partidos reciban dinero público). Si se presenta un reporte con errores, la sanción económica existente no es efectiva porque la ONPE carece de facultades coactivas.

Tampoco se hicieron cambios suficientes para que se presenten candidatos idóneos y limpios. Una de las propuestas no aprobadas fue la de incrementar los impedimentos de postulación.Aún está permitido que personas con sentencias por terrorismo o narcotráfico estén en las listas. Si este impedimento existe para maestros, ¿por qué no existe para quienes representan a millones de peruanos y toman decisiones que afectan sus vidas? Candidatos limpios pueden enfocarse mejor en responder a los intereses democráticos y no a los propios o a los de algunos. Asimismo, no se aceptó el proyecto de ley que proponía la supervisión de la ONPE y el JNE en las elecciones internas de las organizaciones políticas. Este mecanismo permitiría que se elijan candidatos democráticamente. Actualmente, muchos candidatos son seleccionados por ser los más “convenientes”, por sus recursos económicos o por su popularidad.

Las leyes se aprobaron tarde. Algunos proyectos de ley fueron aprobados  con menos de seis meses de anticipación a las elecciones. Por ejemplo, se decidió que por cada partido en una alianza, se suba en 1% la valla electoral. Esto hubiera hecho que el Partido Aprista Peruano, dentro de Alianza Popular, no lograra superar la valla y perdiera su inscripción. Sin embargo, esta ley fue aprobada en enero y el plazo para la inscripción de alianzas electorales venció en diciembre; el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió no aplicar la ley para estas elecciones.

La labor de control se hace casi imposible por la cantidad de partidos y movimientos regionales en todo el país. Existen 1875 distritos, 196 provincias y 24 regiones.  En las elecciones regionales y municipales 2014 participaron 18 partidos políticos, 217 movimientos regionales y 230 organizaciones políticas locales. ¿Qué se puede hacer? Se necesita fortalecer a los partidos políticos existentes para que representen a varias regiones y no solo a Lima como sucede hoy. Una de las propuestas es que sea obligatorio que los partidos participen en estas elecciones regionales y municipales en regiones fuera de Lima. Actualmente, la mayor parte de gobernadores regionales pertenece a un movimiento regional o agrupación política local.

Aún persiste la debilidad de los partidos políticos y con ella el poco interés de la ciudadanía en la política. Esto necesita un trabajo constante de educación cívica nacional en donde se resalte la importancia de la democracia y la participación ciudadana.  Lamentablemente, de acá al 2018, solo podemos esperar que el Congreso actual discuta de manera oportuna los proyectos que quedaron pendientes. La prioridad debería estar en discutir mayores sanciones y control del financiamiento de las organizaciones políticas; garantizar la elección democrática de los candidatos e incrementar sus impedimentos de postulación. El objetivo final es que los próximos gobernadores regionales y alcaldes provinciales y municipales respondan a los intereses de la mayoría de las personas a quienes representan.

 

 

María Isabel Deza pertenece a la Plataforma Comadres, espacio que busca posicionar el trabajo de las mujeres en el análisis de la política nacional e internacional.

 
Comentarios (1)

Un artículo muy interesante,

Un artículo muy interesante, gracias. El Perú progresista se está abriendo paso.

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