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Puno, minería y comunidades

Enviado el 10/06/2015

En los últimos años, los conflictos sociales han ido en aumento en todo el país. Suelen ser vinculados a las actividades de la minería, pero en Puno, la mirada y las lecturas que tienen autoridades políticas regionales y locales, así como funcionarios públicos y empresarios, tienen una complejidad mucho mayor. Aún así, encontrar salidas no ha sido imposible.

Si bien Puno está ubicado entre las tres primeras regiones con conflictos principalmente socioambientales, en los últimos años se han iniciado procesos de negociación con algunas empresas mineras de mediana y gran inversión. Entre ellos se tiene los casos de los distritos de Ajoyani  y la empresa MINSUR San Rafael; el de los distritos de Ocuviri y Santa Lucía con CIEMSA. Esta compañía ejecuta el proyecto minero metalúrgico Tacaza y firmó el convenio marco sin conflictos sociales de por medio, en el año 2011. En los casos previamente mencionados la instalación de mesas de diálogo, fue posterior a una serie de paralizaciones y movilizaciones de la población, e inclusive a la pérdida de vidas humanas, como ocurrió en Ocuviri.

Haciendo una revisión de los  convenios marco, podemos detallar que tanto la sociedad civil organizada como las empresas mineras lograron identificar algunos puntos en los que se comprometieron a invertir, enmarcándolos dentro de su línea de responsabilidad social, y a fin de contribuir al desarrollo local.

Así pues, se decidió brindar apoyo a instituciones educativas, el otorgar becas a los jóvenes, realizar campañas de salud, jornadas de capacitación y actividades de asistencia en temas productivos o agropecuarios, así como culturales. También se dio importancia al empleo local y a la promoción de servicios del distrito. No obstante, cabe preguntarse: ¿Estas contribuciones se articulan con los planes de desarrollo local o solo son expresiones de asistencialismo?

Habiéndose cumplido uno a más años de firmados los convenios marco, se hizo la evaluación correspondiente. En el caso de Ajoyani, se pudo evidenciar el poco avance logrado, especialmente en la promoción del empleo local. Respecto a este punto, se aduce que en los distritos no hay mano de obra que necesariamente responda a las demandas de la empresa (hay más albañiles de los que se requieren). En cuanto a la promoción de servicios, los pobladores se quejan de que la compañía termina siendo muy exigente en sus requerimientos para considerar a las empresas proveedoras locales de un determinado servicio. Entonces, surgen nuevas preguntas: ¿Vale la pena considerar estos puntos en un convenio marco? ¿Bajo qué principios se puede evaluar el cumplimiento de ellos? Ya que no en todos los distritos que han firmado un convenio marco con empresas mineras se han realizado evaluaciones, es momento de llevar a cabo esta revisión, a fin de continuar con procesos de diálogo que tengan resultados.

Otro punto álgido son los aportes que se hacen en dinero para la ejecución de diferentes proyectos que son administrados por los gobiernos locales y, en otros casos, directamente por la población organizada, a través de un comité conformado por representantes de la sociedad civil, la municipalidad distrital y la empresa minera. Es sobre este que recaen, pues, la administración, fiscalización y determinación de las obras a priorizar.

Los hechos se han encargado de demostrar que siempre habrá discrepancias. Sin embargo, las controversias pueden ser manejadas correctamente si es que los socios estratégicos locales son considerados pilares fundamentales para llegar a buen puerto en las negociaciones, y la autoridad estatal mantiene una permanente actitud de diálogo y una disposición a brindar la atención oportuna necesaria para resolver los desacuerdos antes y no después de generado el conflicto social. Por otro lado, no se puede esquivar en las conversaciones, los temas de los pasivos ambientales y los adecuados cierres de minas, entre otros.

La consideración de las zonas de influencia sigue siendo una de las debilidades en las negociaciones, pues las empresas aún estiman que basta con aproximarse a las zonas de influencia directa. Pese a que formalmente no es deber de la empresa vincularse con todas las comunidades ni tampoco asumir responsabilidades que podrían ser de competencia de la municipalidad u otras instancias gubernamentales, las mineras son percibidas como fuentes de recursos en una situación de alta vulnerabilidad y ausencia del Estado.

Las comunidades no se guían por la lógica establecida por las empresas, que identifica zonas directas e indirectas, sino que piensan que todas deben ser igualmente beneficiadas, debido a que los impactos se sentirán en todo el distrito. Por ello, las estrategias de las empresas han generado críticas, y las organizaciones sociales, los presidentes de comunidades y las rondas campesinas cumplen también un rol importante en las negociaciones con las empresas.

Finalmente, es importante poner en evidencia el rol que juegan las instituciones nacionales como el ministerio de Energía y Minas, al instalar mesas de diálogo y de desarrollo en las regiones, y al hacer un seguimiento efectivo a dichas mesas, de los aportes y de la información que se brinda a la población.

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Soledad Rosario
Kunasa kamachi
    Comentario Destacado
    Estimado Alfred, una vez mas, gracias por su excelente análisis con relación a la última Consulta Electoral. Siendo así, sin desmerecer la importancia de los resultados a favor de los Ratificados en el Cargo; los Revocados, recibieron lo justo. La voz del pueblo, es la voz de Dios (Art. 45° de la Constitución) . Leer más >>
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