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¿El poder en el Perú?

Enviado el 10/10/2012

Pablo A. Quintanilla*

Un reciente sondeo de opinión señala quiénes serían las personas  más poderosas del Perú. Los resultados son interesantes aunque predecibles: lideran el ranking el presidente Humala, su esposa Nadine y personalidades como el escritor Vargas Llosa y el empresario Dionisio Romero. Creo sin embargo que la virtud del sondeo es que motiva una reflexión sobre elementos adicionales que contribuyen a tener una visión más general sobre el poder en el Perú. Pero primero, ¿Qué es el poder? En esencia tener poder es tener la habilidad de lograr objetivos y metas, de actuar en un entorno dado y finalmente obtener aquello que buscamos.  
 
Entonces, un primer elemento a considerar es que no sólo las personas con nombre y apellido cumplen sus objetivos y por tanto cuentan con poder. Las instituciones, grupos y organizaciones también lo hacen y por ello es importante identificar cuáles son los sindicatos, partidos, organizaciones sociales o universidades  más poderosas del país. Un mapa del poder nacional tendría que incluir al SUTEP, la CONFIEP y al Grupo El Comercio, por ejemplo. Además, el poder en una sociedad también reside en grupos difusos, es decir en aquellos que no tienen una estructura definida y que actúan de manera dispersa. Que se hable en el Perú de la “DBA” y de “Caviares” demuestra —además de la mutua intolerancia— que existen grupos humanos que persiguen intereses y objetivos comunes a pesar de no tener una  organización o un líder específico. Curiosamente, estos dos  grupos suelen perseguir sus objetivos no solamente tomando decisiones concretas orientadas a ello, sino también buscando excluir de toda discusión y debate sus ideales más preciados, casi sagrados: lo económicamente técnico y viable para unos, y los derechos humanos y la institucionalidad política para otros. Así, incrustar ciertas ideas en el sentido común nacional constituye un valioso recurso de poder para quienes  fundamentan el logro de sus objetivos en la adhesión a tales ideas, sean económicas, políticas, o incluso religiosas.    
 
Ahora bien, un segundo elemento a tomar en cuenta es que Lima no es el Perú, y que las regiones y ciudades tienen vida, dinámica, y poderes propios. Los resultados del sondeo confirman que el Perú es un país centralista —los 10 peruanos más poderosos viven en la capital— pero el sondeo en sí mismo también peca de ello. El cuestionario fue administrado principalmente a residentes de Lima, pues se asume que ellos serían los líderes de opinión relevantes para identificar qué personas influyen en la vida de todo el país. No sorprende entonces que los abogados, empresarios, mujeres y periodistas supuestamente más poderosos del Perú trabajen todos en Lima. ¿Es que acaso a pesar del crecimiento económico y la modernización no existen poderosos en ninguna de las otras 24 regiones? La respuesta es indudablemente negativa, a menos claro, que miremos todo desde la capital y asumamos que todo poder en Lima es necesariamente superior a su par provinciano. Así, los poderes regionales asoman únicamente como grupos ilegales (mineros informales, contrabandistas) y presidentes regionales (Santos, Villanueva, Atkins), en ambos casos considerados importantes básicamente por su relación con la capital. Pero quizá la abrumadora presencia de Lima se deba a que es el indiscutible centro político—las 10 mujeres más poderosas del país son todas políticas que residen allí—y por ende quienes participan o influyen en las decisiones estatales gozan de gran poder.

El poder del Estado es entonces un tercer elemento. El sondeo prácticamente equipara acceder al poder estatal con ser poderoso en el país; algo verdadero pero sólo hasta cierto punto. Veamos.  En teoría el Estado es la gran institución que dirige, regula y organiza la vida social de un país, pero recordemos que en la práctica el poder del Estado peruano es notoriamente bajo aun para estándares latinoamericanos. Todos somos testigos de las graves limitaciones que tiene para cumplir sus tres funciones básicas: brindar seguridad en todo el territorio, regular la vida social mediante leyes y extraer impuestos de la economía. Entonces, el gran interés del sondeo por  quienes influyen o deberían influir en las decisiones presidenciales sería desproporcionado.

¿Qué tanto poder tiene aquella persona que influye en un tractorista cuyo tractor no tiene la potencia necesaria para cumplir sus tareas? Es decir, ¿Cuál es el poder de Tania Quispe, jefa de la SUNAT, frente  a ese inmenso sector informal en el que diariamente participan miles de peruanos en todo el país? ¿Qué tanto puede hacer por regular la venta masiva de oro extraído ilegalmente en Madre de Dios? ¿Cuánto poder tuvo la máquina estatal para implementar la carrera pública magisterial ante el rechazo del SUTEP? Y es que en el Perú, la vida de miles de personas no se articula positivamente con las  leyes e instituciones estatales y, por el contrario, el poder estatal es visto como un obstáculo, un problema, algo carente de legitimidad y por lo tanto inaceptable.

La otra cara de esa moneda es que existe una diversidad de organizaciones, estructuras sociales y liderazgos alternativos que sí son poderosos y relevantes para las personas y que organizan la vida fuera de los canales formales; en el Perú entonces el Estado tiene poca fuerza y alcance en la vida social. Así, no es inusual que las decisiones que toma el presidente o sus burócratas en Lima tengan que modificarse, acomodarse, flexibilizarse —incluso abandonarse— hasta convertirse en algo que dice más sobre el poder de resistencia de diversos grupos sociales que sobre el poder de implementación del Estado. El acceso al Estado y la autoridad formal no implica tener  poder efectivo frente a la sociedad, y esa es una variable clave para entender quiénes son poderosos y cómo son las redes de poder a lo largo del territorio nacional. 

*Sociólogo por la Universidad de Toronto, Canadá. Candidato a doctor en sociología por la Universidad McGill, Canadá.

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