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El mismo conflicto de siempre

Enviado el 11/01/2017

El reciente conflicto social por la instalación de un peaje en Puente Piedra, bajo jurisdicción de la Municipalidad metropolitana de Lima, ha puesto en evidencia la precariedad estatal para garantizar los derechos de la ciudadanía cuando estos son puestos en cuestión por la ejecución de un proyecto de inversión privada.

Como se ha informado, este caso comenzó durante la gestión de la ex alcaldesa Susana Villarán con la suscripción de un contrato para la operación y mejora de la vía Panamericana Norte por parte de un consorcio privado, integrado, entre otras entidades, por la cuestionada empresa brasilera Odebrecht. Contando con la autorización de la gestión de Luis Castañeda, se instalaron nuevas casetas de cobro y se incrementó el costo del peaje. Las restricciones económicas que esto trajo consigo para el libre tránsito de la población, generó la reacción de los vecinos de la zona y la realización de protestas y enfrentamientos violentos.

Al igual que lo ocurrido en otros conflictos sociales fuera de Lima, en un primer momento las autoridades encargadas se limitaron a expresar su falta de voluntad para modificar las condiciones del proyecto, a pesar de la existencia de evidentes vulneraciones de derechos y de un escenario social convulso. Sólo después que otras entidades públicas y los medios de comunicación pusieran el problema en el centro de la atención mediática, se decidió suspender temporalmente el cobro de los peajes, luego de una puja de opiniones entre el presidente Kuczynski, el alcalde Castañeda y el Ministro de economía Alfredo Thorne.

Este caso permite apreciar que lamentablemente la abdicación de las responsabilidades estatales es la misma en la capital que en el interior del país, y que hasta que se inicie un proceso de diálogo y los funcionarios públicos finalmente acepten modificar los términos contractuales y administrativos de los proyectos, la población tendrá que seguir “pagando” las consecuencias de malas decisiones y además dedicar esfuerzo y recursos para organizarse en defensa de sus derechos. Y las cosas pueden ser mucho más graves si es que además, nos encontramos ante actores privados inmersos en actos de corrupción.

En Noticias SER consideramos que es imprescindible que las autoridades nacionales, regionales y locales dejen de tirarse la pelota cada vez que hay un conflicto, y que asuman plenamente sus responsabilidades. Respuestas parciales y apresuradas como la suspensión temporal del peaje de Puente Piedra, no son más que la reproducción de lo que viven los ciudadanos y ciudadanas en los múltiples conflictos sociales -activos y latentes-en todo el país. Y ello lo único que genera es una desconfianza cada vez mayor en el Estado, y sienta las bases para legitimar diversas formas de violencia, que al final no resuelven nada.

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Comentario Destacado
Muy claro Jefrey, lo lamentable es que amplios sectores de la sociedad ayacuchana no muestra organizacion alguna, cosa que si hacen los que se benefician de la corrupcion. Entonces "a robar que el mundo se va a acabar" parece ser el modelo de la conducta social actual y futura Leer más >>
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