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¿Criminalizando el conflicto social?

Enviado el 11/04/2017

“Estas son mis cifras. Si no le gustan… tengo otras” es el parafraseo de una frase Groucho Marx (“estos son mis principios. Si no le gustan… tengo otros”), que podría ser una forma de explicar la “nueva” lógica del gobierno para atender la conflictividad social descrita por el recientemente nombrado viceministro de Gobernanza Territorial Javier Fernández Concha que tiene a cargo la Secretaría de Gestión Social y Diálogo.

Lo anterior se desprende a que en sus primeras declaraciones brindadas al diario El Comercio señala que: «Internamente hemos determinado que en el país existen cinco conflictos sociales y no los 217 que dice la Defensoría del Pueblo». Esta cifra, digamos, optimista, lejos de alegarnos a algunos, más bien ha suscitado naturales inquietudes. Y la sensación de haber visto ya esta situación con resultados insuficientes e insatisfactorios para todos los involucrados en conflictos sociales. El problema es que si solo tenemos explicaciones vagas o sin sustento científico la especulación es el camino para intentar aproximarnos al esclarecimiento de sus objetivos en cuanto al manejo de la conflictividad social. Y esto hoy en día, no es lo que necesita el país.

Es significativa la preocupación por los números o las cantidades cuando se trata de atender los problemas ciudadanos. Así, por ejemplo, las cifras de conflictos sociales descritas por la Defensoría del Pueblo se convierten para algunos funcionarios -de este y anteriores gobiernos- en el problema principal, dejando de lado la atención a las causas de la conflictividad social. Cabe recordar que ya hubo un intento de reducir esas cifras tratando de introducir nuevas “categorías” conceptuales y los resultados no han sido los más auspiciosos.

Por otro lado, el viceministro Fernández Concha, en la entrevista citada, ha señalado que han elaborado un diagnóstico sobre lo realizado hasta ahora por el Estado en materia de conflictividad. Y su conclusión es «que el sistema anterior […] está desgastado».

El asunto es que no explica a qué se refiere con la palabra “sistema”. Es conocido que desde hace más de cuatro años por iniciativa del Poder Ejecutivo se ha intentado implementar un sistema de prevención de conflictos sociales buscando que sea un eje transversal en los organismos del Estado peruano. Pero simplemente no se logró hacerlo. Así que afirmar que hay un sistema que se ha gastado por algún tipo de uso, es inexacto.

Es verdad que en los últimos años distintos ministerios, gobiernos regionales y algunos organismos autónomos han promovido oficinas para la atención de conflictos sociales. Pero como bien señala el mismo viceministro, cada una de ellas ha funcionado de acuerdo a intereses o a la naturaleza institucional. Aunque también algunas entidades han sido creadas como producto de la retórica de las autoridades de turno. O sencillamente debido a la creencia de que más oficinas o más burocracia mejoran la atención y solución del problema.

La experiencia de los últimos diez años en relación a los conflictos sociales muestra que si estos no se gestionan oportunamente se convertirán en situaciones de violencia poniendo en riesgo la integridad física de las personas involucradas directamente o no, y así también se podría afectar la propiedad privada o pública. Esto es el ABC de un análisis responsable de la conflictividad social.

Sin embargo, a pesar de esto último, el funcionario entrevistado dice: «El conflicto se da cuando hay una crisis, una toma de carretera, un secuestro y se rompe el orden jurídico. Allí la posibilidad de conversar ya no existe, esa es la parte más álgida de la crisis». Es claro, confunde al conflicto social con situaciones de violencia. Porque solo así se explica la siguiente frase: «Si tuviéramos 217 conflictos, como dicen algunas instituciones, el país estaría paralizado». El asunto es que, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, sí existen 217 conflictos sociales y el país no está paralizado.

Por el contrario, es temerario promover la idea de equiparar cualquier situación de conflicto social con romper “el orden jurídico”, ya que esto lleva a que pueda deducirse como una situación ilegal y violenta. Incluso, siguiendo el razonamiento del Gobierno, a través de este funcionario, así podríamos criminalizar un conflicto social, en el entendido de que este rompe con un “orden jurídico”.

Por lo tanto, hay que reiterar todas las veces que sea necesario, una y otra vez: el problema, el reto, la preocupación del gobierno no debe ser la cantidad de conflictos sociales, sino qué los propicia. Y a partir de este análisis complejo, que debe pasar por la autocrítica, procurar generar propuestas reales de cómo organizar el Estado para atenderlos. El conflicto social, aunque suene reiterativo, es una oportunidad para escuchar al ciudadano que desde sus demandas insatisfechas reclama soluciones, servicios, derechos. O sea, un Estado ágil y justo.

Comentarios (5)

San benito? Cuando hablamos

San benito?
Cuando hablamos de la existencia de una política de Criminalización de la protesta social, no estamos refiriéndonos y rechazando la facultad punitiva que tiene el Estado, ni sus mecanismos para asegurar el orden y seguridad de la ciudadanía; estamos hablando de una estrategia dirigida y construida con medios legales e institucionales para coactar, reprimir y neutralizar a ciudadanos que democráticamente se expresan cuestionando las acciones que el régimen realiza. La Protesta Social solo es el ejercicio de la Libertad de expresión, que se ejerce de manea colectiva.

Ahí te van algunas normas de

Ahí te van algunas normas de Criminalización:
19 de Marzo 2002
Ley 27686 Eleva las penas de delitos de “disturbios” y “entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos” colocando penas en casos
agravados hasta de 10 y 8 años respectivamente, para permitir prisión preventiva

22/06/2006
Ley 28820
Aumenta el marco de este delito de atentados contra vías de comunicación y disturbios para permitir prisión efectiva en casos diversos

10 julio del 2007
D.S. 060 –PCM-2007
Autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía nacional (30 días) para garantizar el funcionamiento de entidades, servicios públicos esenciales y resguardar punto críticos vitales.
2007 diciembre

Ley 29166 Permite a las Fuerzas Armadas el uso armas de fuego para control de orden interno

22 julio 11 Decretos legislativos Para penar ̈Crimen Organizado ̈: inimputabilidad de policías y militares, 2007 (982, 983, 988 , 989...) califican la protesta pública como “extorsión”, incrementan penas para
disturbios, etc. Sanciona a funcionarios públicos que participan en huelgas incluso con inhabilitación

2008
12-2008-DE/CFFAA Reglamento de la Ley 29166
Autoriza el empleo de la fuerza letal para proteger la propiedad privada, “en cumplimiento de la misión asignada” y en “defensa propia”. Se autoriza intervención de FFAA en asuntos de competencia de PNP como “delitos comunes” y “drogas”

1 de setiembre del 2010
Decretos legislativos N° 1094, 1095-1097
Regulan la intervención de las fuerzas armadas y policiales durante los conflictos sociales; sobre prescripción de delitos de lesa humanidad

3 de Mayo Se aprueba el Py Ley que “No es punible penalmente la acción de la policía que hizo uso de la fuerza del 2012 regula el uso de la fuerza letal conforme a esta ley”
por parte de la policía

31 de mayo del 2012
Resolución Administrativa Ordena que todos los casos que tengan que ver con los conflictos de Espinar y Conga No 096-2012-CE-PJ Espinar y Conga, pasen a ser juzgados en las provincias de Ica y Chiclayo emitida por el Poder respectivamente.
Judicial

Cuáles son las normas q

Cuáles son las normas q criminalizan la protesta social???

El San Benito "criminalizar

El San Benito "criminalizar la protesta" es una forma de maniatar al Estado de Derecho de aplicar el jux imperium. Si porque la fuerza pública tiene que intervenir para defender a la propiedad pública y privada, o la integridad de las personas de actos de violencia o amenaza de violencia; se las acusa de represivas o de abuso de autoridad, mejor no recurra a ellos cuando lo asalten o roben su casa. Están cumpliendo su función. ¿Qué cosa quiere? ¿Qué dejen que se cometan delitos y no hagan nada?
La población puede mostrar su descontento de diversas maneras, y los tienen a ustedes para guiarlos, pero cuando se pasa a nivel de la violencia, el Estado tiene todos los mecanismos que la ley le otorga para neutralizar dicho foco de violencia.

Cuando un conflicto degenera

Cuando un conflicto degenera en violencia es porque quizás alguna empresa ha seguido sus consejos, Sr. Santillana, elucubrando conspiraciones donde no las hay y perdiendo el foco de atención de la situación que origina el conflicto.

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Pepe Tus reflexiones me parecen que siempre serán oportunas para reivindicar y resaltar personajes cuyo ejemplo merece ser considerado en un país con tantas carencias de ciudadanía, de principios y de valores a emular. Con todas las diferencias que pueden haber existido Javier Díez Canseco es uno de esos ejemplos. Solo lamento que se enfatice estos justos mensajes para responder a una persona cuyos comentarios infelices en muchos temas, y su intolerancia y su homofobia dejan mucho que ... Leer más >>
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