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El “Plan Verde” de 1989 (II Parte)

Enviado el 11/10/2017

El llamado “Plan Verde”, elaborado por militares y civiles de tendencias políticas derechistas que preparaban un golpe de Estado al final del primer gobierno aprista de Alan García Pérez (1985-1990), fue dado a conocer por el sociólogo Fernando Rospigliosi en un estudio publicado por el Instituto de Estudios Peruanos: ‘Las Fuerzas Armadas y el 5 de abril: La percepción de la amenaza subversiva como una motivación golpista’ (Documento de Trabajo No. 73, 1996), que se encuentra disponible en el repositorio digital de la institución: <http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/321>.

El proyecto político que expresa podría ser considerado un “autoritarismo neoliberal”, inspirado en buena medida por la dictadura chilena del Gral. Pinochet (1973-1990), que en esos mismos momentos estaba terminando (elecciones presidenciales de diciembre de 1989).  Del documento original en tres tomos (que es citado por Rospigliosi como Plan I, II y III), proviene la siguiente síntesis.

*          *          *

“Se trata explícitamente de un plan de gobierno para instaurar un régimen militar de largo aliento, que transforme al país y lo convierta en una potencia.  El punto de partida es que el país se está tornando ingobernable debido a «la experiencia APRO-SUBVERSIVA» (Plan I 1989, Introducción) y que las FFAA son la única organización estructurada, con fines y objetivos definidos, y capacitada para hacerse cargo del país.  La violencia y la subversión son elementos determinantes, según los autores, para configurar la situación de caos e ingobernabilidad.  Uno de los temores presentes en su evaluación, es también el presunto poder de fuego de los paramilitares apristas [“Comando Rodrigo Franco”], que contarían con miles de armas, a los cuales suman sectores de la policía que estarían bajo su control [ministro del Interior aprista Agustín Mantilla].

“Según la Apreciación de Inteligencia: «El grado de violencia se ha ido extendiendo de una manera paulatina pero sistemática a amplios sectores y actividades del País, la tendencia indica que irá comprometiendo cada vez más a un mayor número de actividades y sectores.  La descomposición social así como las tensiones política propias de la época subversivo-electoral que se vive, configuran un cuadro caracterizado por el caos, donde se percibe claramente la ausencia del sentido de autoridad y de determinación para modificar este curso.  El saldo que está dejando la actividad subversiva desde 1980, tanto en pérdidas humanas como materiales ha rebasado las posibilidades reales y sicológicas del país.  En los próximos meses, esta situación se agravará hasta límites impredecibles (...).  En síntesis, las previsiones sobre un proceso electoral, transferencia de gobierno y los próximos meses de la nueva administración del País dentro de un marco ordenado carecen de realismo y podrían conducir a la República al desencadenamiento de una convulsión social generalizada.  En estas condiciones sólo las fuerzas del orden en la conducción política del Estado pueden garantizar la unidad de la mayoría población y la iniciación de un proceso de construcción nacional, al margen del sistema democrático establecido en la Carta Magna» (Plan II 1990: 4) [este texto está fechado el 20 de febrero de 1990].

“Pero, más allá de la coyuntura inmediata, el Plan se plantea problemas «estratégicos».  Los objetivos nacionales a largo plazo son tres: 1) Preservar la integridad territorial de la Patria; 2) Incrementar el Poder Nacional; 3) Ampliar e impulsar los niveles de bienestar, empleo y oportunidades al conjunto de la población (Plan I 1989: 8).

“El poder nacional, dice el documento, ahora no depende tanto de la cantidad y calidad del armamento disponible, sino de otros factores.  Concretamente, señala que hay que «concentrar los esfuerzos en los impulsos para canalizar recursos y atraer capitales extranjeros para desarrollar esas potencialidades y concurrir a los mercados mundiales» para impulsar el poder nacional (ibíd.: 9).  Para atraer esos capitales extranjeros se requiere pacificar el país, promulgar una legislación atractiva y realizar una promoción suficiente (ibíd.: 16).

“En otro plano, propone que el «objetivo principal y único en el corto plazo, [es] abatir cabal y resueltamente el proceso hiperinflacionario» (ibíd.: 7).  El otro objetivo en el corto plazo es «la reestructuración de los fines de la guerra», que implica modificar la doctrina de defensa y las hipótesis de guerra existentes antes de la aparición de la subversión (ibíd.: 7-8).

“En temas específicos plantea políticas muy precisas.  Por ejemplo en lo que se refiere a seguridad social sostiene: «La solución que brindó el Gobierno Chileno hace pocos años a éste problema que mostraba las mismas características fundamentales que muestra el Sistema Peruano ha resultado exitosa y consideramos que debemos aprender rápidamente de ella. (...) El ciudadano puede elegir en que empresa administradora de fondo de pensiones [AFP] coloca sus recursos...» (ibíd.: 65-66).  En general, plantea un programa económico liberal, similar al que en ese momento desarrollaba el candidato del FREDEMO Mario Vargas Llosa.  Parece claro que los aspectos económicos no han sido elaborados por militares sino por tecnócratas civiles, probablemente vinculados a empresarios.

“Pero si bien sus propuestas económicas de corto plazo y sectoriales han sido notoriamente elaboradas por especialistas en la materia, hay una perspectiva política muy aguzada.  Por ejemplo, dicen:  «Acabar con la HIPERINFLACION rápidamente sería el éxito político de corto plazo más importante, superior a cualquier Programa Social Alternativo, la Experiencia Boliviana así lo demuestra, la estabilidad a cualquier precio concitará el respaldo generalizado a la estrategia diseñada» (ibíd.: 25).  Como se pudo comprobar después, los redactores tenían razón en este punto.

“Sin embargo, el enfoque de los problemas difiere sustancialmente del de Vargas Llosa, que no sólo es liberal en lo económico, sino en su visión de la sociedad, del hombre, de la democracia y de las relaciones internacionales.  El enfoque del Plan obedece a definidamente a una óptica militar.

“Por ejemplo, se critica la intervención del Estado en la vida económica por que se ha constituido en «un obstáculo en el Desarrollo Nacional» (ibíd.: 5).  El Estado debe ser reestructurado para que sus funciones sean «coherentes y compatibles con los objetivos nacionales de largo plazo» (ibíd.: 6) (ver objetivos más arriba).  El Estado ha carecido de una estrategia adecuada por lo que «el poder nacional se ha debilitado».

“Todos esos conceptos son completamente ajenos al liberalismo encarnado por Vargas Llosa y más bien corresponden a una visión del Estado y del país propia de la mentalidad castrense” (Rospigliosi 1996, pp. 29-31).

“En síntesis, el Plan del Golpe se gesta básicamente a partir de una estimación acerca de la presunta crisis de gobernabilidad que vive el país, generada por la violencia subversiva y por los errores de Alan García y el Apra.  La concepción de las FFAA como salvadoras y la necesidad de un régimen autoritario son similares a las que guiaron a los militares de las décadas de 1960 y 1970.  Lo que cambia son las orientaciones económicas, donde el socialismo, estatismo y antiimperialismo son reemplazados por el liberalismo, privatismo, aperturismo e incentivos para la inversión extranjera.  Es claro también que en este caso los militares que preparaban el golpe, establecieron relaciones con sectores empresariales, que probablemente proporcionaron las ideas económicas y con los que coincidían, tanto en la necesidad de un programa económico liberal, como en la implantación de un gobierno autoritario que impusiera orden” (p. 33).

Esta historia continuará.

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