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La agenda pendiente del VRAEM

Enviado el 12/07/2017

En Noticias SER hemos recibido el siguiente informe elaborado por el despacho de la Congresista por Ayacucho Tania Pariona. En el mismo se recoge un diagnóstico de la situación del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, así como un conjunto de recomendaciones de políticas que consideramos pertinente poner en consideración de nuestros lectores y lectoras, en un momento en que la población del VRAEM se encuentra movilizada y una delegación de autoridades y dirigentes de la zona vienen realizando un diálogo con el gobierno central.

VRAEM EXIGE MÁS INVERSIÓN, UN ESTADO MÁS DEMOCRÁTICO, Y MENOS REPRESIÓN.

En las últimas semanas y meses, se han producido atentados terroristas contra policías, frecuentes incautaciones de cantidades pequeñas y medianas de droga e insumos, e incidentes militares. La posibilidad de emprender acciones de erradicación compulsiva de cultivos de coca,  y la Marcha que realizan por estos días sus pobladores hacia Lima, reflejan las profundas contradicciones entre lo que el Estado quiere  y lo que el Estado hace, en esta compleja región del país. A las viejas deudas no cumplidas con la población campesina que fue víctima de la violencia de las décadas de 1980 y 1990, ni con los Comités de Autodefensa, debemos sumar ahora la dejadez de instrumentos como el Plan VRAEM, CODEVRAEM y las amenazas de erradicación forzosa de hoja de coca por parte de DEVIDA (Plan Nacional de Drogas 2017/2021).  Desde el Congreso, se ha conformado una Comisión Multipartidaria en favor del VRAEM, que debe conocer y modificar esta preocupante situación. Nuestro Despacho quiere compartir con los Miembros de esta Comisión y la Presidencia del Consejo de Ministros, cinco aspectos estratégicos pendientes de ser resueltos.

 

I)             El Narcotráfico responde a una Demanda Mundial. A pesar de los tibios esfuerzos realizados desde hace 3 gobiernos democráticos, el Valle del Río Apurímac Ene y Mantaro, sigue siendo el mayor productor de hoja de coca (18,333 hás), no menos del 70% de PBC y de cocaína[1] del país y posiblemente, de  toda la región Andina. Los intentos realizados para enfrentar esta demanda económica ilegal[2], han sido inútiles; solo han logrado el aumento de los precios de la droga.

Una vez retomada la interdicción aérea el 2014, el transporte aéreo de droga fue reemplazado por una creciente modalidad de traslado terrestre por el norte hacia Ucayali, el oeste hacia la costa de Ica-Lima y el norte del país, y sobre todo, hacia el sur del país con destino a Bolivia y Brasil. Las “mafias” peruanas e internacionales, aprovechan el espacio de corrupción e ineficiencia que deja el mantenimiento del control exclusivo por las autoridades de PNP y FF.AA. Resulta imperioso evaluar el camino andado y producir reformas sustantivas para realizar una interdicción oportuna, eficaz y que no atente contra la economía campesina. Se debe entender la naturaleza global del problema y que es la demanda en los países del Norte (EE.UU, Europa) que fomenta y acrecienta las debilidades y ausencias  en el sur (Andes amazónicos).

II)            Servicios Básicos Insuficientes y Ausencia del Estado de Derecho. Ni el crecimiento económico formal logrado en el país entre 2000/2012, ni los efectos de la economía ilegal del narcotráfico han mejorado la prestación de los servicios de salud y educación en esta región; en este último caso, un reciente reporte de CIES señala la profunda desconexión que hay entre la propuesta pedagógica que se imparte en los 140 instituciones educativas del VRAEM y la vida cotidiana de una población que vive entre la ilegalidad y la incertidumbre[3]; pese a anuncios de inversiones por 80 millones de soles en dicha zona[4]. De otro lado, la Red de asistencia de Salud entre Ayna-Kimbiri y Pichari, no se da abasto para cubrir la demanda de su población, en temas esenciales como complejos; los servicios de salud de las FF.AA superan con creces la las que presta el Sector Salud. Los intentos de generar una Región de tratamiento Especial que permitan la ejecución directa de recursos de Presupuesto nacional, han producido el rechazo de los GORES de Cusco, Ayacucho, Junín. Esto deja al Estado nacional en una preocupante situación de indefinición política respecto al Qué Hacer? Los índices de desnutrición y anemia persistentes entre la población infantil del VRAEM, además de los brotes de dengue, zika y otros que se presentan en comunidades sin servicios de saneamiento y ponen en riesgo, al conjunto de la población rural del VRAEM. Ello refleja, la pobreza y escasez de los servicios de Salud a cargo del Estado. DEVIDA propone un Plan de Desarrollo rumbo al Bicentenario[5], pero no recoge de forma clara las demandas sociales.

 

III)           Situación de Militarización y Estado de Emergencia. Desde hace más de 20 años, desde Lima se sigue produciendo la permanente prórroga de un Estado de Emergencia en 8 provincias de 5 regiones, un total de 32 distritos del VRAEM que lejos de haber aliviado la situación que lo ocasiona (presencia del TID, remanentes de SL), ha generado una situación de preocupante acostumbramiento, pese a que afecta la vigencia de Derechos Humanos, así como pone en riesgo a la población civil que vive en las cercanías de bases, cuarteles, centros de ejercicios y operaciones militares (explosión de granada el 9/10/2016 en inmediaciones de San Francisco, un menor seriamente mutilado).

En otros niveles, se impide un adecuado funcionamiento de los sistemas de transparencia y control del Estado de Derecho hacia las fuerzas del orden, que permiten la ocurrencia de frecuentes casos de corrupción con el manejo de armas, municiones, combustibles, alimentos, servicios de escucha y de información, entre otros.  Desde aquí, exigimos al Estado se produzca una pronta evaluación de los resultados obtenidos hasta la fecha y de ser necesario se produzca una reducción hasta su eliminación, de este régimen excepcional y temporal.

 

IV)          Poco Éxito de la Reconversión Productiva y las Mesas Técnicas instauradas, luego de cuatro años de funcionamiento errático e improductivo. El Gobierno del Presidente Humala planteo el 2014, la necesidad de producir cambios importantes –distintos a la mera interdicción y represión al campesino- en el sentido de producir acuerdos con los productores que quisieran cambiar su dependencia a la coca, previo pago por un periodo determinado de tiempo, de una cuota a cargo de PROVRAEM.

Pese a las cifras mostradas por PROVRAEM  y DEVIDA, todo parece indicar que estos intentos no han sido sustentables y demuestran que mientras las decisiones se toman de arriba hacia abajo, no garantizan su duración ni sostenimiento. Es indispensable resolver problemas de titulación de tierras, pero también de ausencia de crédito y de falta de apoyo en la comercialización, en donde se debe premiar, priorizar y proteger acciones de reforestación que permitan enfrentar el Cambio Climático, certificación de la producción orgánica  y emprendimientos de agricultura familiar. En tal sentido y ad portas de esta Marcha de Sacrificio hacia Lima,  exhortamos a las autoridades del Gobierno para que escuchen e incorporen en las acciones del Ejecutivo, las propuestas de dichas organizaciones, evitando cualquier respuesta violenta a esta movilización.

 

V)           La Verdad de la Situación de Seguridad. El Estado y el Comando Conjunto de las FF.AA. justifican su presencia por la inseguridad reinante. Por ello, existen más de 40 dependencias militares, dos Comandos, uno militar y otro policial, así como no menos de 4,000 agentes de seguridad del Estado peruano. Sin embargo, no es la región más insegura del país: según cifras oficiales del INEI (Informe Técnico sobre Seguridad Ciudadana, Número 3, noviembre 2016/ Abril 2017),  la situación es peor en los centros mayormente poblados del país[6].

Cuestiones Pendientes. Por lo antes expuesto, desde el Congreso de la República y en mi calidad de  Congresista de la Región Ayacucho, solicitamos a la Comisión Multipartidaria que usted preside, para que incorpore entre vuestros hallazgos y propuestas, así como a la Presidencia del Consejo de Ministros,  las siguientes:

1)    Revisión, priorización y sistematizaciónen la ejecución de los recursos del Presupuesto Público correspondiente al 2018 destinados a esta región del país, de modo de garantizar su oportuna entrega a las unidades ejecutoras, así como una mejor aplicación de los mismos; resulta esencial priorizar el gasto en el VRAEM, en promoción de la Agricultura, Salud y Educación.

2)    A la construcción y priorización de infraestructura, los organismos del Ejecutivo, deben priorizar la atención sobre las plataformas y agendas que tienen las organizaciones sociales del VRAEM; la nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas (2017/2021)[7], debe priorizar una reducción sostenida y concertada de cultivos, basada en el control social de las comunidades de productores. En la última década, la erradicación compulsiva de cultivos de coca (2010/2017), no ha incidido en la producción ilegal de drogas.

3)    Realizar a través de la Cancillería, un llamado a la comunidad internacional para que vuelque su atención al VRAEM. No es posible que mientras la terminación del conflicto en Colombia recibe la atención política  y financiera de la comunidad internacional, la situación del VRAEM no tiene la atención debida;

4)    Exigimos una inmediata revisión y evaluación de la situación de seguridad y el mantenimiento prolongado del Estado de Emergencia; adopción de mecanismos que permitan evitar más problemas tales como la revisión y reforma del obsoleto régimen sobre cultivos y usos de la Hoja de Coca.

Solicitamos que las medidas que adopte en el futuro el Estado peruano, se basen en la unidad de enfoque en los tres niveles de gobierno. En relación al desarrollo de esta región, incluyan la participación e información oportuna de los representantes de las organizaciones sociales del VRAEM (cacaoteros, cafetaleros, municipios, comités).


[2] Asimetría de precios: 1 kilo de cocaína cuesta US$ 1,200 en VRAEM, US$ 1,500 en Callao, US$ 8,000/10,000 en América Central, US$ 15,000 en EE.UU, US$ 30,000 en Europa y US$ 150,000 en Asia.

[3] Informe “Enseñar y Educar en Zona de Conflicto: el caso de los profesores/as del VRAEM”, CIES.

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