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Declaración de Managua

Enviado el 12/11/2014

La International Land Coalition (ILC) es una agrupación de organizaciones de la sociedad civil e intergubernamentales, que tienen como denominador común el convencimiento de que el acceso seguro y equitativo a la tierra, así como a su control, es una forma eficaz de reducir la pobreza y de contribuir al fortalecimiento de la identidad, la dignidad y la inclusión, sobre todo de hombres y mujeres pobres.

Recientemente, durante el Foro de la Tierra, la ILC llevó a cabo su VII Asamble Regional de América Latina y el Caribe, en la que participaron 34 miembros de 14 países. Durante el evento, reafirmaron su compromiso con la promoción de la gobernanza de la tierra centrada en las personas y emitieron la declaración que a continuación reproducimos.

Nosotros y nosotras, miembros de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (International Land Coalition – ILC), reunidos en el Foro de la Tierra 2014 y en nuestra VII Asamblea Regional de América Latina y el Caribe, en la que participaron 34 miembros de 14 países, representando a agricultores y agricultoras, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres y de jóvenes, así como de organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y centros de investigación, bajo el objetivo común de promover el acceso seguro y equitativo a la tierra y su control por parte de hombres y mujeres que viven en la pobreza, compartimos nuestras reflexiones.

Reafirmamos nuestro compromiso por la promoción de la Gobernanza de la tierra centrada en las personas, tal como fue asumida en la Asamblea Global de Miembros de la ILC desarrollada en Antigua, Guatemala, en el mes de abril de 2013

En este sentido hacemos la presente declaración:

1. El 2014 fue declarado como el Año Internacional de la Agricultura Familiar por Naciones Unidas. En este marco, ratificamos la necesidad de implementar y articularpolíticas nacionales y regionales para fortalecer la agricultura familiar como sector estratégico para el desarrollo de nuestros países. Ello, en un contexto en el que existen limitaciones para la aplicación de políticas de fortalecimiento a este sector, que continúa siendo vulnerable a procesos de concentración de tierras para la agroindustria, la minería, la explotación de hidrocarburos, entre otros proyectos de alto impacto. Estos proyectos hacen más vulnerables los espacios y las formas de vida de poblaciones campesinas e indígenas a las fluctuaciones de los mercados de alimentos y al cambio climático. En tal sentido, consideramos que todo proceso de fortalecimiento de la agricultura familiar en nuestros países debe estar articulado a políticas que promuevan el acceso seguro a la tierra para la población rural pobre y la garantía de los derechos de campesinos y campesinas, indígenas y afro-descendientes.

2. Alertamos sobre los cambios de legislaciones nacionales que promueven y facilitan grandes inversiones que vulneran derechos a la tierra y al territorio, y que además limitan las funciones del Estado y de la sociedad civil en la vigilancia de los eventuales perjuicios sociales y ambientales por parte de las empresas. Es necesario, por ello, que los Estados manejen con transparencia los procesos de transferencias y concesiones al sector privado para la construcción de megaproyectos y actividades extractivas, respetando el derecho a la información sobre los impactos socio-económico-ambientales de los mismos y el derecho a la consulta oportuna de las poblaciones que pueden ser afectadas en sus derechos e integridad cultural. Por lo tanto, demandamos mayor transparencia en la información sobre quién y cómo  se accede, usa o controla la tierra y los recursos naturales, así como sobre los fines para los que se otorgan, y los límites o restricciones impuestos.

3. Expresamos nuestra preocupación por la brecha entre la normatividad que protege los derechos de las mujeres rurales y su realidad en América Latina y el Caribe. Sobre este aspecto, hacemos un llamado al Gobierno de la República de Nicaragua para la implementación efectiva de la Ley 717 del 2010 que establece un Fondo de Acceso a Tierra para las mujeres rurales. La construcción y el acceso a información sobre la realidad de las mujeres rurales sigue siendo una deuda pendiente de nuestros Estados que demanda su mayor atención. Igualmente, se requiere una estrecha coordinación con las organizaciones de mujeres rurales, de modo que se les garantice el ejercicio de sus derechos a la tierra y los territorios.

4. La juventud rural también es un sector al que no se reconoce su contribución al desarrollo de los territorios rurales ni sus necesidades específicas, lo que plantea el desafío de abrir espacios de participación y difusión de sus demandas tanto a nivel local, como regional.

Reafirmamos nuestro compromiso de promover en todos los espacios la participación de las mujeres y jóvenes rurales, su formación en derechos humanos, así como la promoción de su autonomía económica para construir un desarrollo rural participativo y con equidad.

5. Expresamos nuestro respeto a los pueblos indígenas, afro-descendientes y tribales de nuestro continente y reconocemos el rol fundamental que juegan en el desarrollo de nuestros países. En ese marco, mostramos nuestra preocupación por las políticas públicas que ocasionan su división y desintegración en la medida en que no respetan sus derechos colectivos. Ejemplo de ello es la no aplicación en nuestros países de la normatividad sobre consulta previa, que excluye a una parte de la población de derechos reconocidos internacionalmente y firmados por los Estados. Por ello, nos comprometemos a trabajar conjuntamente por el cumplimiento de sus derechos,  particularmente sobre el saneamiento y acceso a sus tierras.

6. Denunciamos la ola de criminalización de la defensa de la tierra y el territorio y la persecución a defensores y defensoras de Derechos Humanos, generada por sectores poderosos para frenar las luchas de organizaciones sociales y comunitarias en nuestros países. Nos duelen estos hechos que enlutan, atentan y limitan la libertad de compañeros y compañeras que defienden los Derechos Humanos.

7. Saludamos los avances de los diálogos que se realizan en La Habana entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, particularmente los debates y acuerdos alrededor de la Reforma Rural Integral. Llamamos a mantener estos esfuerzos y continuarlos con otras organizaciones insurgentes. Recordamos, que de acuerdo a la experiencia de otros países, la construcción de una sociedad en paz requiere de profundas reformas estructurales sobre el acceso a tierra y a recursos naturales, como pilares para garantizar los derechos de los pobladores rurales pobres.

8. Desde la plataforma de la ILC en América Latina y el Caribe, nos comprometemos a seguir propiciando espacios de diálogo para la gobernanza de la tierra, a través de la puesta en marcha de Estrategias Nacionales que involucran a diversos actores vinculados a la problemática de la tierra.  Nuestros avances en estas experiencias nos animan a seguir sumando esfuerzos en la defensa de los derechos sobre la tierra y el territorio.

 

Managua, 31 de octubre de 2014

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