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El riesgo de seguir violentándolas

Enviado el 13/01/2016

Notas sobre el procedimiento para la inscripción de víctimas de las esterilizaciones forzadas

En los últimos meses se han dado importantes avances para la búsqueda de justicia y reparación de las víctimas de la política de esterilizaciones forzadas implementada en nuestro país en la segunda mitad de los años 90. A inicios de noviembre del 2015 se emitió el Decreto Supremo que declaró de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre 1995-2001.  Un mes después fue emitida la R.M. 0319-2015-JUS aprobando el procedimiento para la inscripción en el Registro de víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO).

Sin embargo, algunos de los requerimientos incluidos para la inscripción en el registro de víctimas generan preocupación.  Tal y como lo han señalado organizaciones como DEMUS, el REVIESFO está dirigido al acceso a la justicia y no es parte de programa integral de reparaciones, como lo fue el Registro Único de Víctimas - RUV creado para las víctimas del proceso de violencia política. Otra preocupación es la diferenciación entre dos categorías de víctimas: 1) las presuntas víctimas de esterilización forzada; y ii) las víctimas de esterilización forzada declaradas judicialmente. Esta diferencia no es menor, ya que el proceso para llegar a ser declarada judicialmente como víctima, no solo puede ser engorroso, sino también imposible en algunos casos.

El reglamento indica además que para ser declarada víctima se necesita la confirmación por un médico competente de elección de la víctima, o por un médico forense a ser elegido por la DGDP del Ministerio de Justicia. ¿Qué deben confirmar estos especialistas? No queda claro en la norma, lo cual crea confusión. Tampoco se habla de secuelas o daños derivados de las esterilizaciones, y es importante destacar que tanto una esterilización forzada o una apropiadamente consentida pueden dejar secuelas. Una secuela o complicación no implica de por si la calificación de víctima, por lo que un examen médico dirigido a este aspecto, con toda su sofisticación y costo no tiene mucho sentido. El aspecto en el que se involucra al examen médico está relacionado a certificar la presencia de una esterilización quirúrgica.

En este punto nuevamente existe una confusión entre lo que es dable en términos de un examen médico y lo deseable. La esterilización no tiene una característica clínica típica que pueda ser corroborada sin la presencia de exámenes complementarios (como ecografías o laparoscopías) que además no son absolutos. Para decirlo de manera sencilla, salvo algunos casos de vasectomías con cicatrices muy visibles, no hay forma que un médico solo examinando tenga la certeza que una persona ha sido esterilizada. La prueba primordial radica entonces en el testimonio de la persona asociado a documentación de algún tipo que pruebe que existió una cirugía.

A esto se agrega un problema adicional ¿a qué se refieren con profesional médico competente? ¿sólo son gineco-obstetras? En Huancavelica hay sólo 0.8 gineco-obstetras por cada 100,000 habitantes, en Cajamarca 1, en Piura 1.7, En Ayacucho 2.1 y en Cusco 2.3, y no se puede garantizar que cuenten con el entrenamiento, ni con los equipos para confirmar la esterilización.  ¿Y qué pasa en aquellas regiones en los que los gineco-obstetras estén involucrados en casos de esterilizaciones forzadas? ¿Cómo se va a prevenir que ellos mismo sean los que tengan el poder de negar el acceso a la justicia a las víctimas?

Por último, hay otro problema con el registro de la cirugía en el MINSA.  Si bien es cierto este es un documento que probablemente no exista, ¿qué pasaría si hay diferencia entre lo que lo que dice el registro y lo que dice el médico competente?  ¿qué pasa si es que hay un consentimiento firmado? ¿se dejaría de creer en la persona que dice que la cirugía fue a la fuerza?

Estas debilidades del reglamento deberían ser aclaradas antes de colocar a las víctimas en una nueva situación en la que el Estado violente sus derechos.

 

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