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No solo el TC y el Ministerio Público, también van por la Corte Suprema

Enviado el 13/12/2017

El fujimorismo con apoyo de su socio, el aprismo, están empujando a su modo al ataque contra el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación. Pretender juzgar a sus líderes, por el viejo delito del caso El Frontón y los delitos de presunto narcotráfico y lavado de activos le está costando la cabeza a las instituciones del sistema de justicia.

Lo peor es que mientras nos focalizamos en esa arremetida para tratar de salvar algo de esas instituciones, y mientras todos nos concentramos en el escándalo revelado de la entrega de aproximadamente cinco millones de Odebrecht al presidente del país, PPK, cuando era ministro de Estado, hay otra posible arremetida lenta y silenciosa: la que parece gestar el CNM contra la Corte Suprema, y que favorecería de una forma u otra, al fujimorismo y al aprismo… otra vez.

Este martes 19 y miércoles 20 de diciembre, el Consejo Nacional de la Magistratura pretende entrevistar y elegir a cuatro nuevos jueces de la Corte Suprema, la instancia que tendrá la ultíma palabra al final de toda la judicialización del caso Lava Jato (y de los casos de narcotráfico). La sanción o la impunidad de esta terrible corrupción.

Pero ese proceso tiene serios problemas, el CNM está muy deslegitimado, y su presidente Guido Aguila está sumergido en varios conflictos de interés por los que aun pende un pedido de investigación a su caso en la Comisión de Justicia del Congreso.

El proceso de selección ha violado la ley al permitir candidaturas que no cumplían con los requisitos para postular como el de la incompatibilidad por parentesco. Por eso es que actualmente se ha pedido que el concurso sea suspendido, una solicitud que aun no tiene respuesta. Además, no se sabe bien cómo se han elaborado los exámenes escritos, qué seguridad han tenido para evitar que se filtren, quiénes lo elaboraron, etcétera. Esta información cobra más relevancia al conocerse que uno de los participantes en la elaboración del examen de otro concurso, fue el abogado Daniel Echaíz, expareja de Lenny Palma, ex asesora de la bancada fujimorista del Congreso y actual Jefa de la Oficina de Participación Ciudadana del Parlamento.

Algunos datos de candidatos que están en los primeros puestos del concurso dan mucho qué pensar. Martín Hurtado (ex profesor de EGACAL, razón por la cual Guido Aguila se debió haber inhibido), votó a favor de la demanda de amparo con la que el ex presidente Alan García se libró impunemente de los informes de la Megacomisión. Carlos Arias Lazarte, otro candidato, fue propuesto como integrante de una Comisión del Congreso por el congresista Percy Alcalá de la bancada fujimorista, denunciado por los delitos de colusión, negociación incompatible, omisión de funciones y asociación ilícita. Si a esto le sumamos el dato de la contratación de la esposa del congresista fujimorista Becerril en la Procuraduría del CNM, y la participación del hermano del presidente del CNM en el despacho de otro congresista fujimorista, el panorama se vuelve turbio y legítimamente hace prender las alarmas sobre lo que se está cocinando en el CNM.

En la Corte Suprema ya hay jueces que, también elegidos por el CNM de Guido Aguila en el 2015, no garantizan independencia e imparcialidad. Un ejemplo es el juez supremo Ángel Romero, larga y públicamente relacionado por el Apra por varios medios, o César Hinostroza, que bajó los estándares para luchar contra los delitos de lavado de activos. Hoy, 4 jueces más, elegidos bajo la misma presidencia del CNM, y en un escenario de dudas de su independencia e imparcialidad, es un harakiri a la investigación Lava Jato. Nada más conveniente para los líderes del fujimorismo y el aprismo. Por todo ello el concurso debe suspenderse, y el presidente del CNM Guido Aguila debe explicar al país todo lo que no ha explicado hasta ahora.

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