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Para que las “medidas” anticorrupción no sean “mecidas”

Enviado el 15/02/2017

El gobierno de PPK está siendo reactivo a los escándalos de corrupción que se han ido presentando. Está respondiendo, con propuestas y medidas concretas, a una promesa que fue una de sus banderas de campaña hacia la presidencia. ¿Qué tanto está cumpliendo? ¿Qué tanto las propuestas le cercan el paso a la corrupción? ¿Qué tan cerca, o tan lejos, estamos de responder como se debe frente al peor escándalo de corrupción en nuestra “democracia”?

Lo hecho, no parece ser lo prometido en campaña, y parece apuntar a temas concretos que si bien tiene mérito, no parecen ir al centro del problema de la corrupción.

Una de las medidas prometidas fue la reforma del CNM y, en cierta forma, la posible salida de la mayoría de sus integrantes. A la fecha, nada ha cambiado (el presidente solo acudió una vez al Congreso para referirse a los diversos cuestionamientos), y forman parte del Acuerdo Nacional por la Justicia que, justamente, pretende reformar el sistema de justicia. Esa es una de las paradojas de la lógica institucional, que tanto le ha costado a la reforma. Más aún, teniendo en cuenta que los líderes de la misma no tienen que ser lo que justamente es cuestionados.

Luego, vinieron los 112 Decretos legislativos a fines del 2016, entre los que se encontraron propuestas anticorrupción: uno de inhabilitación perpetua (que como señaló el ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra, no era lo que se esperaba), un registro de abogados para ser sancionados por mala práctica, el deber de registrar vínculos de parentesco, modificaciones en el Código Penal para la persecución eficaz de la corrupción, la reestructuración de la procuraduría general (mientras que al Procurador Anticorrupción se le descarga del caso Lavajato que ahora verá una nueva Procuradora Ad Hoc), medidas de protección a los denunciantes de corrupción, o la creación de la esperada Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (que, por cierto, no es de lejos lo que se esperaba, motivando diversos cuestionamientos de quienes elaboraron la propuesta original). Los decretos -ya en vigencia- aún no terminan de ser revisados por la Comisión de Constitución del Congreso.

De estas medidas, se puede observar que apuntan al escenario post delito: sanción, mejora de la persecución penal y de la estructura del sistema de justicia. Se dejan extrañar las de prevención, y más aún, las que vayan no solo hacia algunos aspectos del problema sino al sistema: por ejemplo, la estructura estatal, legal, empresarial y financiera que representan escenarios de riesgo de la corrupción  y escondite del dinero robado al pueblo.

Hay otros aportes serios que el gobierno aun no toma en cuenta. Y está escrito como balance de lo que fue el Plan Anticorrupción 2011-2016. En su informe, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción alerta de esos defectos históricos, clave para hacerle frente a la corrupción y medir la lucha contra ella: faltan líneas de base, indicadores adecuados y medibles, presupuesto, identificación clara de entidades responsables de los problemas de la implementación de ese plan, el sistema del monitorio del avance, entre otros. La lectura del plan nos deja la pregunta sobre otras medidas clave que no han sido propuestas: la transparencia focalizada de los espacios clave de decisión de las instituciones públicas, el conocimiento previo de esa agenda de decisiones (no basta el acceso a las actas cuando ya las decisiones están tomadas), o la elección de las personas que den la confianza y garantía de independencia e imparcialidad en el cargo (sin esperar a que las cuestionadas culminen su periodo), o la forma en que algún representante de la sociedad civil esté (aunque sea como veedor) en esos espacios.

La identificación de un famoso asesor en el sector salud, cercano al gobierno, impulsó la creación de la Comisión Presidencial de Integridad a fines del 2016 también, al mando de Eduardo Vega Luna. Las 100 medidas aportaron a seguir marcando el camino (en cierta forma, iniciado con el plan del 2004 de la CERIAJUS para el sistema de justicia), pero muchas de ellas aún están esperando ser acatadas. Sobre ello, por ejemplo, la declaración de intereses, por ejemplo, tiene aún resistencias para ser llenada por varios funcionarios públicos.

La última medida ha sido el Decreto de Urgencia Nº 003-2017 que apunta a un tema concreto: asegurar la continuidad de la inversión y la prestación de servicios, además de resguardar el pago de la reparación civil a favor del Estado. Una medida que apunta a un objetivo indispensable, y que va a asegurar que (por ejemplo) el dinero de Odebrecht (corruptor confeso) no se camufle con la venta a otras empresas o sea sacado del país. Se plantea un procedimiento que aún debe ser más esclarecido, y el tiempo de un año parece que solo apuntaría a Odebrecht y algunas de las empresas que el decreto señala como “vinculadas” entre las que, por lo que ha declarado la Ministra Marisol Pérez Tello, al parecer no entraría Graña y Montero.

Que la cláusula anticorrupción vaya a estar a partir de ahora en los contratos (se disuelven ante aquélla), y el que se dé más dinero a la Fiscalía al mando de Pablo Sánchez son sin duda medidas esenciales e importantes. Pero, no dejemos pasar que para luchar contra la corrupción sistemática, prevenirla, eliminar el sistema que la provoca, falta aún mucho más. Y esa es también la meta.

Proponerlas y efectivizarlas ahora es la férrea consigna, para que esas medidas no se conviertan finalmente en nuevas mecidas.

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