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Sepur Zarco: Para romper el silencio

Enviado el 15/10/2014

Guatemala se encuentra en un momento histórico muy importante para las mujeres que fueron víctimas de violencia y esclavitud sexual durante el conflicto armado que ese país vivió entre 1960 y 1996 y que hoy, finalmente, están accediendo a la judicialización de estos hechos.

Entre las múltiples violaciones a sus derechos que sufrió la población guatemalteca durante el conflicto, la violencia sexual contra las mujeres fue una práctica común y de amplias dimensiones, dirigida a destruir la dignidad de las mujeres pertenecientes en su mayoría a la comunidad maya. Estos hechos fueron destacados tanto en el informe “Guatemala Nunca Más” (1998), del Proyecto lnterdiocesano "Recuperación de la Memoria Histórica" (Remhi), como en el informe “Guatemala: Memoria del Silencio” (1999), de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. En ambos informes, los casos de violencia sexual contra las mujeres que se presentan dan cuenta de una crueldad  terrible y hablan de una estrategia de acción y no de hechos aleatorios.

Pese al tiempo transcurrido, la impunidad en estos casos es generalizada y, por ello, en el año 2010 se constituyó  la alianza “Rompiendo el silencio y la Impunidad”, integrada por la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM), la Unión Nacional de MujeresGuatemaltecas (UNAMG), y el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), con el objetivo de lograr que las sobrevivientes de violencia y esclavitud sexual accedieran finalmente a la justicia.

Es en ese contexto que se desarrolla la judicialización del caso Sepur Zarco, que hoy está en tribunales y que refiere a los hechos ocurridos en el destacamento militar constituido en esa comunidad, en 1982. Durante seis meses, aproximadamente 20 mujeres q’eqchíes fueron sometidas a esclavitud sexual por los militares, y obligadas, además, a cocinarles, lavar su ropa y cumplir todas las funciones domésticas. La violencia sexual sufrida incluyó, además, abortos forzados.

El abuso continuaría por varios años más, ya que el destacamento militar funcionó hasta 1988 y, según los testimonios que se han recuperado de las víctimas y testigos, la violencia sexual se enmarcó en una estrategia militar que acabó con la vida de los hombres y dejó a las mujeres a merced de los soldados.

De allí la importancia de la judicialización de este caso, que permitirá que, finalmente, las mujeres guatemaltecas accedan a la justicia. Además, promoverá la discusión jurídica sobre la esclavitud sexual en el marco de un conflicto armado.

Por otro lado, este caso confirma la importancia del apoyo psicosocial para las víctimas de violencia sexual, quienes vienen recibiendo acompañamiento de las organizaciones en tal sentido. Ello les ha permitido denunciar y participar en el proceso, en el que tienen que enfrentarse a los agresores. Asimismo, reafirma la necesidad de una visión diferenciada de la justicia, que combine una perspectiva de género y una perspectiva étnica de manera permanente.

El proceso judicial recién se ha iniciado, con el envío a juicio del coronel Esteelmer Reyes Girón y del ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij, acusados ambos de haber cometido delitos de esclavitud sexual y laboral, así como contra los deberes de humanidad, contra 15 mujeres. También se les responsabiliza de la desaparición forzada de 20 campesinos, durante los años de 1982 y 1983, en el destacamento militar de Sepur Zarco.

Pero la justicia no depende solo de la sentencia sino, además, de que el proceso judicial pueda ser visto como una oportunidad de dignificación para las mujeres, y como una ocasión para que rompan el silencio al que la impunidad las condenó por tanto tiempo.

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