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Más allá del diálogo

Enviado el 15/11/2017

La Defensoría del Pueblo ha publicado recientemente “El valor del diálogo”, libro que pone la mirada sobre el empleo del diálogo en la gestión de conflictos sociales en el país. Como se sabe, como parte de su labor de seguimiento a los casos de conflictos, esta institución ha intervenido en muchos de ellos, especialmente mediante la promoción del diálogo como vía para construir acuerdos y dar un curso pacífico a los conflictos.

Se trata de un documento de calidad desigual. El primer capítulo es prescindible. Alterna sin orden lógico consideraciones generales (rayando en lo superficial) sobre el contexto sociopolítico o el proceso histórico peruano, con indicaciones de manual de gestión de conflictos, donde abunda el “deber ser” (desconfío de los textos donde se exagera su empleo) y se aporta poco a la comprensión de la conflictividad social en el país. El contenido más interesante se encuentra en los capítulos 2 y 3. Entre ambos construyen una fotografía del lugar que ocupa el diálogo en la dinámica real de la conflictividad social y en las percepciones de la población. Para lo primero se basa en la información que la Defensoría del Pueblo sistematiza y difunde; para lo segundo se valió de una encuesta de percepción específica sobre el tema. Completa el trabajo un capítulo que ofrece un recuento sobre los mecanismos estatales donde se ha institucionalizado el diálogo y su (en general escaso) vínculo con la atención de la conflictividad social, y otro que describe los mecanismos de gestión de conflictos implementados por el gobierno nacional.

El análisis muestra que el diálogo es empleado en poco más de la mitad de los casos reportados entre los años 2009 y 2015, sobre todo para enfrentar situaciones de crisis y no como mecanismo de prevención (es decir, surge como alternativa luego de hechos de violencia, no antes); se desarrolla sobre todo a través de procesos semiestructurados, especialmente cuando surgen de acuerdos formalizados en actas o resoluciones; y es seguido por esquemas de monitoreo débiles, por lo que en muchos casos los acuerdos alcanzados no llegan a cumplirse.

También se revela que la población valora el diálogo como mecanismo para resolver problemas, pero no se percibe predispuesta a participar en procesos de este tipo ni tampoco descarta el uso de medidas de fuerza cuando las autoridades no atienden sus demandas. La relativa valoración del diálogo en la percepción de la ciudadanía parece fundarse en la visión de un Estado que no atiende las demandas de la población y que privilegia intereses económicos, no el bien común. En ese sentido, la conocida desconfianza hacia el Estado impacta sobre la percepción de su actuación en casos de conflictos sociales.

Dos críticas se pueden formular a este libro. En primer lugar, el énfasis y la alta valoración que se le asigna al diálogo parece ser complementada por una cierta minusvaloración de otras formas de resolver conflictos. Por ejemplo, se menciona que recurrir a vías judiciales o administrativas para canalizar un conflicto – opción identificada en 122 casos – “demuestra la escasa apertura hacia el diálogo en el país, y en especial en los actores involucrados” (p. 43). No me parece una afirmación feliz. En una democracia el diálogo no es la única vía legítima ni necesariamente la más eficaz para resolver las diferencias; las vías administrativas o los procesos judiciales también cumplen esa función, y son igualmente legales y legítimas. La experiencia muestra, más bien, que el diálogo forma parte del repertorio de acciones que representantes del Estado y de la sociedad pueden emplear para confrontar sus posiciones, pero muy pocas veces es la única, y a menudo se emplean diversas vías en forma simultánea.

En segundo lugar, esta insistencia en el diálogo nos ubica sobre todo en la vía de atender los casos por separado, es decir, buscando soluciones ad hoc, construidas para cada caso en particular. Ello limita la identificación de soluciones generales. El propio texto señala la necesidad de una “prevención de tipo estructural… [para] iniciar cambios a mediano y largo plazo, con el propósito de eliminar las causas profundas o las condiciones en las cuales se originan los conflictos”, lo cual necesariamente lleva a la manera en que se diseñan e implementan “políticas públicas orientadas a eliminar las causas profundas” (p. 163). Sin embargo, este enfoque no se desarrolla en el libro pese que es la herramienta más potente de transformación de conflictos. Los elementos que surgen del diálogo pueden alimentar esta vía, pero no es el camino recorrido por el libro defensorial (tengo la impresión que tampoco es el tipo de intervención que prioriza la entidad).

A las autoridades gubernamentales tampoco les interesa explorar esta vía debido a que, en la mayoría de casos, entienden el diálogo como un instrumento que, en última instancia, les permitirá convencer a la población sobre la necesidad de implementar decisiones ya adoptadas, especialmente en casos de conflictos socioambientales. Como escribí hace algún tiempo, “[Pueden haber cambios en el método, pero no en las decisiones de fondo. En ningún caso, el diálogo ha conducido a un replanteamiento del modelo general, que se ha mantenido inamovible en los últimos tres lustros. El discurso y la política pro inversión se han mostrado extremadamente cerrados y no admiten cuestionamiento alguno a su ortodoxia…”

Es importante insistir en el diálogo como forma de resolver diferencias, pero sin explorar la vía de las políticas públicas no habrá gestión eficaz de los conflictos existentes en el país.

 

Twitter: @RivasJairo

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