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Repasando la reforma electoral

Enviado el 16/03/2016

En los años siguientes a la caída de Alberto Fujimori, buena parte de académicos, políticos, expertos en materia electoral y analistas de medios de prensa coincidían en un diagnóstico: había que fortalecer a los partidos, víctimas de dicho régimen, y de la violencia política de los 80. Con ese diagnóstico, la lógica era construir una legislación que los ayudara a consolidarse nuevamente. De ahí el espíritu de la Ley de partidos políticos, y otras normas que le sucedieron.

Sin embargo, pronto se vio que los partidos no ganaban vuelo. Al contrario, al interior del país los movimientos regionales avanzaban en presencia. El diagnóstico agregó un problema más: dichos movimientos- al que debían enfrentar los partidos- no tenían suficiente enraizamiento en su territorio.

¿Qué hacer? Poco a poco, se fue haciendo más compleja la legislación política, de tal modo que resultaba cada vez más difícil el ingreso de “nuevos socios” al sistema de partidos. Los partidos debían defenderse de sus amenazas. Así,  si con la Ley de partidos (2003) se exigía el 1% de los votos válidos de la elección anterior, un porcentaje razonable, en el 2011, ese porcentaje ascendió a 3%, y, a partir de la nueva ley, aprobada en este año, 4% (más de 600,000 firmas). Estos aumentos progresivos hacen prácticamente imposible que nuevas opciones políticas entren al escenario oficial.

Pronto, miradas distintas sobre el sistema político, -desde el interior del país, así como lecturas de largo plazo de la llamada “crisis” de partidos- fueron poniendo en cuestión aquel diagnóstico de la transición.

Desde nuestras investigaciones, por ejemplo, comprobamos que los niveles de exclusión política hace 50 años estaban entre los más altos de América Latina (1963: sólo el 18.8% era la población electoral), y que esa cifra, de por sí muy baja, escondía enormes desigualdades. Por ejemplo, en Apurimac, ese porcentaje era de poco más del 6%, frente a un 35% en Lima. En 1978, cuando se concedió el derecho al voto a los analfabetos, ocurrió un efecto no previsto: ingresó de pronto al sistema una multitud, particularmente “bolsones rurales”, al margen del sistema. Con sorpresa, el “desborde ciudadano” de los años 80 e inicios de los 90, reconfiguró el perfil del ciudadano en buena parte del territorio nacional. Por ejemplo, en sólo 15 años, en Apurimac la población de electores subió casi en un 350%. Este proceso está relacionado con el cambio de las dinámicas de la política en regiones, y el surgimiento de nuevos liderazgos en las últimas décadas.

Poco a poco, se empezó a cuestionar la regulación “robusta” que priorizaba conservar el sistema con los partidos existente. El Perú tiene el conjunto de requisitos más exigente para inscribir partidos en América Latina, tanto por el requisito de firmas, como por el alcance territorial. Con ello, de alguna manera, se ha quitado el aire de movilidad y competencia que requiere una democracia. Y es que la legislación, si en algo ha funcionado bien es en aplicar la restricción para el ingreso de nuevos actores, particularmente del interior del país. Sin embargo, en lo que se ha sido menos exigente es en el cumplimiento de la ley con los partidos existentes (por eso hay tantos). Partidos pequeños, organizados en Lima, y que, sin embargo, siguen teniendo inscripción.

Esa hiperregulación con aplicación arbitraria no es práctica exclusiva de un solo organismo, sino más bien general, pues es lo que, consciente o inconscientemente, se espera en el país. Por ejemplo, contra la ley de flagrancia -desproporcionada en los castigos- no se protestó en Lima, pues hasta hace poco se aplicaba “sólo” a los “antimineros” o gente que se enfrentaba a la policía en movilizaciones al interior del país. Sólo cuando se apeló a ella para castigar a una señora que agredió con tintes de desprecio racial a un policía en Lima, se alzaron las protestas. Pero sigue habiendo quienes piensan que es una buena ley para unos, pero no para otros. Muestra debilidad para aplicar la ley a todos por igual, termina creando marañas legales, de proliferación imprevisible. Y leyes “severas”, irreales, la ruta de la “trampa”.

Valgan verdades, el JNE ha tratado, junto con los organismos electorales, de avanzar en  destrabar o simplificar algunos aspectos (no todos) de la Ley de partidos y Ley electoral. Sin embargo, se ha  topado con el escollo del Congreso. Un Congreso con una mayoría de representantes sin experiencia en la materia; y con bancadas de partidos sin visión de largo plazo. El haber entregado al JNE una nueva ley a último minuto (enero 2016), con aspectos peligrosos como el articulado que terminó sacando de carrera a Acuña, es muestra de ello.

Volvemos entonces a la idea de cambiar de diagnóstico. Así como hay que repensar el Estado, evitando la falsa dicotomía Estado grande vs Estado mínimo, sobre la legislación electoral y política cabe una respuesta similar: lo que se necesita es una legislación eficiente, sin tanta “ramificación” o “tramitología”, pero que se cumpla de manera efectiva.

Y, por otro lado, repensar cómo se fortalece nuestra democracia. Los partidos (estos y los que vengan) se hacen fuertes no sólo trabajando a favor de su institucionalidad, sino mejorando su conexión con la ciudadanía, a lo largo de nuestro (fragmentado) país. Y una legislación puede ayudar si se aplica en igualdad, si permite “airear” a nuestra democracia y si facilita la democracia interna de manera efectiva –sin aceptar, como se ha venido haciendo, que esto es una simple formalidad-. En esta elección ha habido dos partidos que han elegido candidatos con democracia interna (uno de ellos, con asistencia de la ONPE). Ciertamente, ello ha fortalecido su conexión con sus simpatizantes. Mejorar la relación partidos con la ciudadanía, sobre todo al interior del país,  constituye un punto necesario para repensar la reforma pendiente.

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E INDUDABLE QUE MENDOZA NUNCA HA APORTADO NADA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, NADIE ENTENDIO PORQUE EL CNM LO NOMBRO SI NO TENIA NI APTITUD ACADEMICA NI CAPACIDAD SOLVENTE PARA SER MAGISTRADO, SIN EMBARGO SE LE NOMBRÓ MAGISTRADO SUPREMO Y NUNCA A PODIDO REALIZAR UNA GESTION IMPERECEDERA, ES UN LASTRE QUE SE LE HAYA DESIGNADO MINISTRO DE JUSTICIA Leer más >>
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