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Política y corrupción en Puno

Enviado el 16/09/2015

Ganar las elecciones pareciera ser lo mismo que ganar un botín, pues, tan pronto asumen sus cargos, las nuevas autoridades locales y regionales empiezan a distribuir los puestos de gobierno entre sus allegados del movimiento político al que pertenecen. Así se inician el sectarismo y totalitarismo que tanto dañan a la propia gestión, pues la falta de experiencia y conocimientos en el manejo de grandes presupuestos, conducen a actos dolosos que rápidamente le generan cuestionamientos serios, entre sus opositores y población informada.

El poder y la corrupción parecieran hermanos siameses. En general, andan juntos. Durante las campañas electorales, los políticos, por llegar al poder, prometen combatir la corrupción. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que una vez que llegan al cargo deseado, las autoridades se olvidan de combatir esta lacra social que deteriora, malogra, debilita y distorsiona cualquier esfuerzo administrativo. Del mismo modo, la deshonestidad obstaculiza el desarrollo económico, afecta la distribución de la renta, reduce la efectividad de las instituciones del Estado, corroe la confianza en las instituciones democráticas, erosiona todas las áreas del comportamiento regional, y resta credibilidad a los objetivos y lineamientos que impulsa la misma instancia gubernamental, llevándola a generar caos y desorden en la administración y la gobernabilidad.

La corrupción políticaes un acto ilegal que ocurre cuando una autoridad y/o un funcionario aprovechan su poder para obtener algún beneficio para sí mismo, para sus familiares o para sus amigos a través de malversación, patrocinio, extorsiones, sobornos, fraudes, tráfico de influencias onepotismo. Lastimosamente, estas prácticas de cierta manera son toleradas en la región, pues hemos sido testigos de que, tanto presidentes regionales (hoy gobernadores), como alcaldes provinciales y distritales, y funcionarios de diferentes jerarquías han sido sentenciados por actos de corrupción, mientras que otros se encuentran prófugos de la justicia; sin embargo, la sociedad civil se ha mantenido callada y pasiva respecto a las leyes que facultan la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, etc. La corrupción es, pues, un problema de suma importancia y de gran trascendencia pública, que reclama no solo ser controlado, sino eliminado.

Pareciera que en Puno se da poca aplicación a la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Nº 27806), que tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información. Específicamente, sucede así con su artículo quinto, que se refiere a la publicación de disposiciones, comunicados, información presupuestal, adquisiciones de bienes y servicios, entre otros datos, en los portales de las dependencias públicas, y que, en la mayoría de casos, no es cumplidopor los gobiernos locales ni las instituciones públicas de Puno. Se trata de una responsabilidad que se viene eludiendo sistemáticamente para, precisamente, restringir el acceso a la información. Por eso consideramos que sería recomendable que estas instancias implementen portales web y difundan la información  de la gestión que realizan.

El proceso de descentralización produjo cambios, sobre todo en las  transferencias de recursos a los gobiernos locales. El Foncor, Foncomun y el canon aumentaron significativamente los presupuestos, tanto del gobierno regional como de los gobiernos locales, y, de similar manera, los poderes políticos se hicieron mayores. Sin embargo, el proceso de capacitación y acompañamiento a la gestión, tanto de autoridades como de los funcionarios públicos de estas instancias de gobierno subnacionales, se ha visto truncado por la alta rotación de funcionarios y porque las mismas autoridades se han resistido a aplicar las directivas e instructivos emitidos por el MEF. Ello ha generado que autoridades y funcionarios incurran en diversos actos de corrupción que, a su vez, se han traducido, en algunos casos, en graves procesos de ingobernabilidad y protestas sociales que han puesto en cuestión la credibilidad de las gestiones.

En general, la percepción de la corrupción en el Perú es alta. De acuerdo a la Organización para la Transparencia Internacional, el Perú se ubica en el puesto 85 de los 174 países evaluados; solamente el 10% de los peruanos confía en la forma en que el gobierno gasta el dinero, y el pueblo siente que no está debidamente informado acerca del gasto público. La percepción de actos de corrupción en la región aún no ha sido medida. Sin embargo, por los hechos que ocurren en Puno, podemos asumir que tal situación de corrupción avanza y se agrava, carcomiendo y debilitando las gestiones. De allí que promover y garantizar el acceso de la ciudadanía a la información exacta es la variable clave para promover la confianza en el gasto que realizan las instancias del gobierno, tanto regional y municipal, como sectorial. Para ello es fundamental que la sociedad civil refuerce los organismos de vigilancia y las capacidades sus miembros, y que promueva unincremento de la participación ciudadana.

Algunos hechos que hoy llaman poderosa mente la atención regional son casos como el de la ZEE DE PUNO, del hospital Materno Infantil y el drenaje pluvial en la ciudad de Juliaca. La construcción de la carretera interoceánica sur y otros proyectos que tienen en curso denuncias por corrupción, ponen en evidencia que diversas instancias del aparato gubernamental incurren en actos dolosos. Por ello consideramos que una preocupación permanente, tanto en las instancias de gobierno regional y de los gobiernos locales debe ser mejorar la eficiencia, la efectividad y la transparencia de sus gestiones. Ello depende principalmente de la voluntad política de las autoridades que hoy gobiernan esas instancias. Con ello lograrían revertir la situación de baja credibilidad ymejorar la gobernabilidad, por lo que es necesario mejorar la eficiencia y la ética gubernamental con la disponibilidad y el acceso a la información pública, especialmente la referida ala contratación de personal administrativo, las características de los cargos, las metas y los objetivos, los presupuestos, los gastos y los procedimientos administrativos.

La lucha contra la corrupciónen los niveles de gobierno supone un gran esfuerzo, no solo de autoridades y funcionarios, sino también de la sociedad civil en su conjunto. Ella debe empezar por retomar los valores con los que actuaron nuestros antepasados, exigiendo cambios de actitud y comportamiento, tanto a nivel personal como institucional, para lograr una sociedad justa, solidaria y libre de corrupción.

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