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Si la Corte IDH declara inválido el indulto a Fujimori, el propio Estado tendría que declararlo nulo

Enviado el 17/01/2018
Por: 
Ronald Ordoñez

Noticias SER conversó con Dania Coz Barón, abogada de la Comisión de Derechos Humanos – COMISEDH, para recoger sus impresiones sobre la negativa del Ministerio de Justicia de entregar información sobre el cuestionado indulto y derecho de gracia otorgado a Alberto Fujimori y lo que podría ocurrir luego de la audiencia programada por la Corte IDH para el próximo 2 de febrero.

¿Considera legal la negativa del Ministerio de Justicia de entregar el expediente sobre el indulto a la Defensoría del Pueblo o de no responder tampoco al pedido de las congresistas Glave y Huilca?

No, de ninguna manera. La Ley de Transparencia dice claramente en su artículo 18 que las excepciones de la Ley no se aplican a las comisiones investigadoras del Congreso, congresistas o a la Defensoría en el ámbito de sus funciones, entonces desde el MINJUS no pueden estar citando excepciones a la Ley. Incluso si se lee la respuesta se dice que esa regla de no aplicar las excepciones solamente funciona cuando el pedido es para defender algún derecho en el ejercicio de las facultades de la Defensoría. Básicamente el MINJUS le está diciendo a la Defensoría cuándo puede actuar y cuándo no, cuándo está ejerciendo o no sus funciones. Eso es increíble e irrazonable.

Por esa negativa de dar información a la Defensoría del Pueblo, ¿qué podría pasar con el MINJUS?, ¿hay alguna acción que podría iniciarse quizá desde la propia Defensoría?

Desde mi punto de vista creo que el hecho de que el MINJUS trate de definir cuáles son las potestades de la Defensoría acarrea responsabilidades penales y cuando se trata de pedidos de información que han hecho familiares, la propia Coordinadora Nacional de Derechos Humanos u otros organismos, existe la acción de Habeas Data que es a dónde se recurre para que un juez ordene la publicidad de la información.

En ese caso, ¿el MINJUS no podría haber hecho lo mismo frente al pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

No, porque los tratados como el Pacto de San José -según las normas internacionales- se ejercen de buena fe, lo que exige que el Estado peruano tenga que cumplir sus funciones de la mejor manera para cumplir también con los objetivos del Tratado y eso implica colaborar con los mecanismos procesales de la Corte IDH. Si es que el Estado no entregara la información estaría entrando en una suerte de desacato o rebeldía que en realidad funciona como un argumento en perjuicio propio, porque evidencia precisamente el secretismo que hubo al inicio con la decisión. Sería un punto en contra, es decir, si tú no vas a defenderte con información ya estarías perdiendo por walkover.

¿Esta situación tendrá alguna consecuencia de cara a la revisión del cumplimiento de sentencia que realizará la Corte IDH el 2 de febrero?

La Corte IDH va a tener que analizar si es que el indulto ha sido otorgado válidamente o es dilatorio de las normas de la Convención Americana, otros tratados internacionales o incluso de la propia jurisprudencia de la Corte en estos casos. La Corte IDH ha prohibido indultos políticos en los casos de graves violaciones a derechos humanos y lesa humanidad y debería entrar a validar si es que el indulto humanitario fue legal. El solo hecho de que (el MINJUS) no entregara el expediente para revisar si es que se ha dado válidamente ya es un argumento en contra y ya estaría perdiendo el Estado en ese sentido. Si el Estado quiere argumentar que fue un indulto humanitario porque Fujimori estaba enfermo, todas las pruebas juegan en su contra, incluso la negativa de dar información.

¿Es posible que la Corte IDH anule el indulto o la gracia presidencial por el caso Pativilca?

Si es que lo del indulto carece de razones jurídicas suficientes, lo de la gracia presidencial no tiene ninguna. La Constitución dice claramente que se otorga en casos específicos en los que el tiempo de instrucción haya excedido el plazo permitido. Entonces esta limitación que sale en la Constitución no permite aplicar el derecho de gracia en abstracto a todos los procesos que tenga pendiente el procesado. No tiene ningún tipo de sustento legal y la Corte claramente podría declararlo como inválido. Ahora, la Corte IDH no declara nulos los actos internos, creo que en todo caso podría ser como se hizo en el caso Barrios Altos inicialmente, que dijo que las leyes de amnistías carecían de validez jurídica y también legal y eso obliga al Estado a cumplir con las recomendaciones que hace la Corte. Es decir, si una norma que carece de validez legal porque es contraria a los tratados internacionales, el Estado tiene que corregirla, es decir si la Corte IDH declara inválido el indulto sería el propio Estado quién tendría que declararlo nulo.

Pero ¿qué ocurre si el Estado no cumple con lo que señale la Corte?

Nos estaríamos poniendo al nivel de Venezuela definitivamente. Un Estado que no cumple con sus tratados internacionales y compromisos asumidos voluntariamente es un Estado delincuencial como Venezuela.

¿Han evaluado en el movimiento de Derechos Humanos que ocurriría si Alberto Fujimori viaja a Japón en caso se dé una sentencia desfavorable a su parte?

Eso le va a pesar al gobierno actual. El liberar a una persona responsable de delitos de lesa humanidad que luego se haya fugado para seguir evadiendo su responsabilidad va a caer sobre la cabeza del presidente PPK y va a pasar a la historia como un “don nadie”, como un muñeco del fujimorismo que sirvió finalmente para destruir lo poco que se había construido estos 20 años en democracia.

Finalmente, si la Corte avala el indulto ¿el caso se podría cerrar en definitiva o hay otras acciones que podrían hacerse?

El caso no está cerrado definitivamente porque por ejemplo, en el caso Barrios Altos se condenó a uno de los autores materiales la última semana de diciembre. Es decir, no solamente el sancionar a Fujimori era una de las medidas de reparación que dictó la Corte, dictó varias medidas de reparación. Entonces habría que evaluar en ese sentido que se cumplan todas. En la medida de investigar, procesar y sancionar a los responsables sean autores materiales o mediatos no puede verse válidamente cumplida si es que se otorgan excepciones de responsabilidad como indultos políticos o indultos maquillados de humanitarios que en realidad son políticos. No creo que de ninguna manera la Corte considere cerrado el caso. 

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