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Descentralización “diezmada”

Enviado el 17/05/2017

Hechos como el arresto del ex presidente regional de Cusco, Jorge Acurio o  la absolución de Yvan Vaszquez y Wilfredo Oscorima, ex presidentesregionales de Loreto y Ayacucho respectivamente, nos recuerdan no solo hasta donde llega la corrupción en los niveles subnacionales de gobierno en el país, sino también la precariedad del proceso de descentralización tras su abandono por parte de la clase política y la tecnocracia nacional.

La absolución de Vasquez y Oscorima deja un mensaje de impunidad y pone en cuestión la actuación de los operadores de justicia y de los organismos de control, que no logran estar a la altura de las circunstancias. En esa medida es más que comprensible la escasa credibilidad que les otorga la ciudadanía y la nula confianza en que otros casos sean investigados y sancionados. Por el contrario, lo que se percibe es una suerte de convivencia con la corrupción, empezando por la pasividad ante prácticas como el famoso “diezmo”, a estas alturas normalizado como requisito imprescindible en el otorgamiento de obras de infraestructura en los espacios locales y regionales.

Ello nos lleva a una reflexión sobre el rol que juegan las empresas privadas. Como hemos atestiguado a raíz del caso Odebrecht, el sector privado ha interiorizado como parte de sus procedimientos corporativos el pago de coimas y diezmos, lo que se evidencia en la conformación de aparatos administrativos y legales encargados de concretar los actos de corrupción y realizar las transferencias de dinero En este escenario, que el premier Zavala haya declarado que empresas denunciadas por actos de corrupción no estarán impedidas de participar en la reconstrucción del norte del país, es una muestra de su nsensibilidad y poco interés en conjurar la acusación más común que recae sobre el gobierno: demasiado interesado en garantizar oportunidades de negocios para sus amigos.

En Noticias SER condenamos los actos de corrupción cometidos por los gobernadores regionales, así como la complacencia del Poder Judicial en los casos de Ayacucho y Loreto. Absoluciones como las de Oscorima y Vazquez solo demuestran que el Estado le ha dado la espalda al principio del buen uso de los recursos públicos. Insistimos además en expresar nuestra preocupación por el destino de los gobiernos subnacionales, ya que su creciente falta de legitimidad solo contribuye a profundizar la centralización de los recursos públicos, la representación ciudadana y el poder de decisión.

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