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DL 1295: modernizando la lucha contra la corrupción

Enviado el 18/01/2017

Hace cuatro años, el Perú entró en un proceso de modernización estatal que ha tenido como pilares orientadores las políticas de Estado y de Gobierno orientadas al servicio del ciudadano, el presupuesto por resultados, la gestión por procesos y la simplificación administrativa, el servicio civil meritocrático y la gestión de conocimiento, a través de los sistemas de seguimiento y evaluación. Esto supone que el Estado peruano sea capaz de adaptarse a los cambios sociales y a las nuevas demandas ciudadanas, destacando la necesidad de enfrentar y erradicar la corrupción en todos los niveles y espacios del país.

A pesar de que se han realizado avances en materia de modernización de la gestión pública, estos no han sido perceptibles o en su defecto, han sido poco útiles para ella. Y es que la débil capacidad ejecutiva del gobierno anterior, el desborde de la inseguridad ciudadana, los conflictos socio ambientales, y demás problemas internos del país han influido en que el Estado no presente avances significativos en dicha tarea. Con un nuevo gobierno y una ciudadanía cada vez más organizada, Pedro Pablo Kuczynski y su equipo han entendido que es necesario empezar a atender las demandas de los ciudadanos desde las acciones más simples, como la eliminación de barreras burocráticas en trámites municipales, hasta aquellas relacionadas a los problemas estructurales que vienen mermando a las instituciones públicas en nuestro país, como es el caso de la  corrupción. Según el último estudio del perfil del elector peruano 2016, el 48% de los 2,500 entrevistados señalaron que la corrupción es una de las principales preocupaciones de la población.

Sin duda alguna, la corrupción en la administración pública afecta al desarrollo del Perú y destruye la poca confianza de la ciudadanía hacia sus autoridades y gobernantes. El resultado se refleja en la aceptación y convivencia con la corrupción, toleradaa bajo premisas como la tan usada “Roba pero hace obras”. A la luz de una corrupción generalizada del aparato estatal, sumado al destape de funcionarios y políticos que han sido puestos en evidencia por casos como el de Odebrecht, el gobierno actual ha empezado por lanzar una batería de normas que buscan contribuir a poner al Estado al servicio del ciudadano. El objetivo es recobrar la confianza, así como garantizar la integridad en la administración pública, empezando con medidas complementarias a la política anticorrupción que PPK ha decidido liderar.

En el marco de las facultades legislativas, el Ejecutivo promulgó una serie de decretos en materia anticorrupción. Un ejemplo es el Decreto Legislativo Nº 1295 que relaciona la modernización de las instituciones públicas con acciones inmediatas en materia de prevención. Esta norma modifica el artículo 242 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,  la cual crea un único Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.

¿Por qué sería tan importante esta norma para la ciudadanía en general? Este registro va a consolidar toda la información relativa a las sanciones de destitución o despido que hayan agotado la vía administrativa o que queden firmes de aquellos funcionarios inhabilitados para el ejercicio de la función pública o de servicios al Estado, además de incluir a aquellas personas que tengan sentencias condenatorias impuestas en relación a los delitos cometidos por los funcionarios  públicos, tales como soborno, malversación, peculado, tráfico de influencia, entre otros establecidos en el Código Penal. Toda esta información será de acceso público, lo cual fortalece la vigilancia ciudadana como estrategia de prevención mediante la denuncia o llamado de atención hacia las entidades públicas y a la sociedad en general.

Por otro lado, esta norma contribuye a la modernización de las instituciones públicas, pues en ella se señala que será la Autoridad Nacional del Servicio Civil la que administrará este registro, emitiendo instrumentos técnicos normativos y de procedimientos para su funcionamiento, obligando a las oficinas de recursos humanos o  a sus pares a inscribir la información pertinente en el Registro Nacional de Servidores Civiles en los plazos y requerimientos que establezca su reglamento. Esto permitirá que las entidades se adapten al uso de registros administrativos y aprendan a gestionar este tipo de sistemas de información para mejorar la toma de decisiones. También contribuirá a un mayor control en temas de contratación previniendo a las instituciones sobre los funcionarios inscritos en el registro y a la articulación interinstitucional mediante el intercambio de información. Es decir, este registro contribuirá a construir conocimiento y valor público -señalados en la política de modernización de la gestión pública- a partir de la información que se obtenga por parte de las entidades del Estado, generando cambios a través de actos concretos en materia anticorrupción.

Una duda que surge a raíz de esta norma es si el Estado está preparado para asumir lo que la norma exige, considerando las debilidades en las capacidades institucionales de cada entidad; sobre todo en el área de recursos humanos de aquellos gobiernos locales y regionales cuyas máximas autoridades vienen siendo procesadas por delitos contra la administración pública. A pesar de esta advertencia, el registro constituye un gran avance, pues implica la integración de los registros  vinculados a la materia, tales como el Registro Único de Condenados Inhabilitados o el Registro Nacional de Sanciones Disciplinarias de la Policía Nacional, permitiendo la unificación de todos estos registros en uno solo sistema de información destinado a complementar la política anticorrupción y a la denominada “muerte civil”.

Finalmente, la creación del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles es una de las primeras acciones que aspira a articular a todas las entidades a trabajar en materia anticorrupción y no queda más que estar atentos a la reglamentación de dicho registro  por parte del Poder Ejecutivo, y a su posterior evaluación en los próximos meses.

Rubi Rivas Cossio

Pertenece a la Plataforma Comadres, espacio que busca posicionar el trabajo de las mujeres en el análisis de la política nacional e internacional. 

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