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El “exitoso” operativo del Ministro Basombrío

Enviado el 18/01/2017

El caso Puente Piedra suma una nueva y vergonzosa derrota de la policía, en lo que a protestas pacíficas se trata. Nadie pone en duda que, ante cualquier acto de vandalismo o disturbio que perjudique un justo reclamo, se deba proceder con las investigaciones y procesos correspondientes. Es más, dos señoras presentes en la marcha del 12 de enero exigían control a quienes parecían llevarla por ese camino.

El real problema, es que quienes originaron los disturbios (por ambos lados) no solo no fueron al parecer debidamente identificados, sino que la actuación policial fue absolutamente desproporcionada para con todos los demás. Nada importó el perjuicio a las viviendas que están a lo largo de la Panamericana, ni que en la misma marcha hubiera personas mayores de edad, niños y niñas, e incluso ambulantes con carritos de ventas. A eso, se sumó el que muchas de las personas detenidas no fueran, teniendo en cuenta lo observado en la denuncia fiscal y pruebas, las que en efecto debían ser detenidas. El operativo policial, cuyo plan y estrategia debiera ser público y analizado, por lo visto no logró identificar ni separar a los manifestantes de quienes ejercieron la violencia. Y eso, desde lejos, no es un operativo exitoso como ha dicho el ministro del Interior Carlos Basombrío.

No obstante, para el Ministro todos los detenidos por los efectivos policiales debían quedarse tres meses presos. Ese fue el escenario político en el que la Fiscalía hizo su trabajo y en el que la judicatura se encontraba al momento de analizar el caso de los 55 detenidos. ¿Dónde quedó el respeto a la independencia judicial y fiscal?

¿Será por eso que la fiscal del caso, Gonzáles Obando, pidió prisión preventiva para todos los detenidos? ¿Será por eso que ahora, luego de que la jueza Marcelo Reyes dictó la libertad de todos, el Ministro Basombrío se muestre indignado y diga que se siente “atado de manos”?

Junto con más de 30 abogados, quien escribe estuvo al lado de colegas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de la Coordinadora Contra la Impunidad y de abogados solidarios, sentados por más de 24 horas en la audiencia donde se decidió esa libertad que ahora le acongoja e indigna al Ministro. Hubiera sido ideal que Basombrío estuviera ahí también, sentado, o que mínimo leyera la denuncia fiscal, para que viera el papelón que está haciendo al defender el pedido de prisión preventiva que, bajo el amparo de la ley y la Constitución, la jueza finalmente rechazó.

“Cada una de esas personas han sido informadas de por qué ha sido detenida en ese contexto violento”, afirmó Basombrío en Cuarto Poder (Perú.21). Mentira. El documento con el que la fiscalía notificó, el viernes 13 en la noche, a los 55 detenidos la formalización de la denuncia penal contenía la lista de 55 personas, con su nombre, edad, DNI, lugar y fecha de nacimiento, domicilio real, teléfono fijo, correo electrónico y el abogado que lo asesoró (incluso, si era de la Defensa Pública de Oficio). Acto seguido, indica para todos y en un párrafo, que el delito es “contra la tranquilidad pública – contra la paz pública – disturbios”; siendo el fundamento de hecho, nuevamente, para todos los detenidos, el mismo: estar en una reunión tumultuaria, detención al haber atentado contra la integridad de tres personas. Acto seguido, la fiscal describe un poco más (aunque con mucha similitud al supuesto anterior) en qué circunstancias se habría detenido a 29 personas. Sí, solo a 29 personas. Cualquier penalista sabe que la primera descripción referida, para acusar a una persona de un delito, tiene problemas, es generalizada… y que una especie de descripción (pretendiendo ser una “individualización”) exista solo para 29 personas dejando en el aire a 26 pero, eso sí, exigiendo la cárcel para ellos por 3 meses, es inaceptable. Por esto último, se presentó un hábeas corpus, y desde el otro lado del río, la fiscal al inicio de la audiencia del domingo 15 (luego de 2 días de la detención), solicitó presentar lo debido…el pedido fiscal, que como no podía ser de otra manera, fue rechazado por la jueza. Los abogados evidenciaron esta seria ausencia a lo largo de varias horas, y al final, la magistrada, por esa pésima notificación de denuncia a los 26, decidió su libertad. ¿Qué había logrado la fiscalía al “denunciar” así?: Causó indefensión, desconocimiento total de la imputación, y violación a la libertad. En ese primer grupo de liberados, estaba por ejemplo Echaíz Chávez, un paciente del hospital Larco Herrera que sigue un tratamiento medicado por estrés post traumático, y a quien -según sus familiares y él mismo- la detención agarró en camino a ese nosocomio. 

“Hay todo un día que los fiscales abren carpetas fiscales. No es una detención policial y van al juez. Han participado los fiscales. (…) Los fiscales hicieron su trabajo, el juez es el que suelta…”. “No quiero crear un conflicto de poderes. Quiero invocar (al Poder Judicial) que nos acompañen con mayor severidad cuando ocurren estos daños tan violentos”, indicó el Ministro Basombrío (Perú.21). Pues bien, el Ministro debe saber que tanto la detención como el procedimiento han tenido serios problemas. Primero, muchas de las detenciones se sustentarían solo en el dicho de los efectivos policiales, y en muchos casos difieren absolutamente de la versión de los detenidos… entonces, se requiere más que eso para hablar de una detención razonable. En el procedimiento posterior, algunos se quejaron de haber sido golpeados en el traslado, otros que no se les había leído su hoja de derechos al inicio de las diligencias, una que otra acta ha sido cuestionada por tener una inscripción diferente a la del total del texto, algunas declaraciones iniciaron sin tener presencia de abogado, algunos letrados argumentaron que algunas actas de intervención policial no cuentan con firma fiscal, algunos detenidos indicaron que se les hizo leer rápidamente dicha acta y por ello posteriormente en su declaración indicaron no estar del todo conforme con el contenido firmado, etcétera. Y esto, sin tener en cuenta la deficiente imputación hecha por parte de la fiscalía a cada uno de los detenidos. ¿Pulcritud del trabajo? La jueza hizo lo que debió hacer, pues no estaba justificado ni debidamente motivado por qué debían ser detenidos 3 meses bajo prisión preventiva.

Y así, muchas cosas más se pueden mostrar al Ministro. Siendo éste el resultado, el operativo está muy lejos de ser “exitoso”.

Lo que el Ministro debe eso sí mirar, y no dejar de lado, y ser persistente, es la salud de los afectados por el actuar de sus efectivos. Varios perdigones han impactado en gente de diverso perfil. Ya se conocen dos casos en los que la vista está en peligro (es decir, ha tenido un efecto directo en el rostro), dejando en otros casos un drama familiar que involucra a menores de edad. ¿Quién se hará cargo de ellos? Las edades van desde los 17 hasta los 42. El caso de Atoq Ramón, fotoperiodista de El Comercio, no es el único.

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