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Conga: Pensando más allá del peritaje

Enviado el 18/04/2012

Sandro Macassi Lavander
Especialista en comunicación preventiva y conflictos
Instituto de Opinión Pública-PUCP

Independientemente de los resultados del peritaje internacional y de los errores del gobierno en su licitación y comunicación, el conflicto de Conga no está resuelto. La virtud del peritaje ha sido limpiar la cancha, ha levantado observaciones y planteado propuestas, y ahora sobre la mesa quedan una serie de aspectos claves a considerar, como las garantías a la población los controles ambientales, la participación del estado en la gestión del agua, etc., que no son poca cosa. A estas alturas, pocos dudan de la posición del gobierno sobre su apoyo al proyecto en cuestión y los resultados del peritaje son su principal herramienta, sin embargo, el camino que conduce hacia el inicio de las operaciones del proyecto no es un lecho de rosas, básicamente porque el conflicto sigue más que latente y poco se ha hecho por desmontarlo, entre los principales problemas podemos identificar tres que son cruciales.

El primero tiene que ver con las relaciones entre la empresa y la población,  los conflictos no se extinguen con las declaraciones de paz. En todo conflicto como el de Conga existe un proceso construido entre las comunidades y las empresas, y en este caso Yanacocha tiene un historial negativo que ha generado mucha desconfianza, animadversión y encono, lo cual ha sido, incluso, caldo de cultivo para algunos grupos radicales. Todo este conjunto de actitudes, percepciones y prácticas negativas no van a desaparecer con el informe y ciertamente necesita de una “gestión social” realizada de manera profesional. Uno de los problemas es, precisamente, que muchas empresas tratan de sustituir la "reconstrucción de relaciones", de la que habla Lederach, por bienes y dinero que es entregado indistintamente a líderes y comuneros que colaboran y que es suprimido a quienes discrepan con ellos. A la fecha la empresa no ha hecho ninguna declaración al respecto y en los días que vienen sería una ocasión única para que esta empresa muestre un cambio de timón en la forma en que se relaciona con la población, sin un cambio significativo en la política de la empresa es poco lo que puede hacer el gobierno, los operadores políticos o los activistas del diálogo para desentramparlo, seguramente volverá a estallar el conflicto por uno u otro aspecto colateral como se ha visto en tantos conflictos.

El segundo, problema está en la forma en que el Gobierno aborda la transformación del conflicto, a lo largo del conflicto muchos comentaristas, han insistido que el gobierno tiene que echar mano de los operadores políticos (que por cierto escasean en el gobierno) y "haga política". En realidad, "hacer política" significa, en cristiano y en la práctica, un conjunto de negociaciones de regateo, entre los operadores políticos y los líderes de las protestas para obtener réditos que no se han podido obtener mediante el conflicto. Este modus de hacer política ha venido alimentando el populismo y reforzando los cacicazgos políticos rurales, además, se ha demostrado que la negociación política por regateo no transforma los conflictos sino que refuerza la dependencia de sus líderes hacia los beneficios que las instancias gubernamentales otorgan, otra prueba del fracaso de esta opción es que el Partido Aprista, con más operadores políticos que ningún otro, no ha podido revertir los conflictos. Ciertamente este paradigma de la negociación política ha sido superado en el mundo por el de la transformación de conflictos que apuesta a la reconstrucción de las relaciones y la canalización de energías en procesos de desarrollo de mutuo beneficio. No vemos entonces, en el gobierno un cambio de paradigma en su gestión de los conflictos, un fortalecimiento de las unidades que administran los conflictos, tampoco una descentralización de la gestión de los conflictos. El peritaje podría ser una ventana de oportunidad para marcar un antes y un después en la gestión gubernamental de los conflictos.

En tercer lugar, el peritaje de Conga, así como las observaciones de UNOPS al proyecto Tía María, están marcando un paradigma ambiental distinto, que requiere: Una mayor inversión de parte de las empresas y la implementación de soluciones más complejas y costosas y en adelante ningún EIA debiera permitir destruir una laguna para acumularla con la tierra removida. De hecho el peritaje, al parecer consciente de los pecados pasados de la empresa, propone una veeduría y una serie de controles técnicos, en los cuales deberían estar involucrados la sociedad civil y también el Estado. El actual gobierno no puede pedirle a la empresa menos que esto, más si puede y eso contribuiría a que la población confíe más en el compromiso del gobierno a favor del agua. Sin embargo el peritaje también ha evidenciado que desde el Estado no se está garantizando el debido control y el respeto de los estándares ambientales y para que un proyecto de esta envergadura sea viable se requiere que el Estado garantice la imparcialidad, la fiscalización y la sanción a los impactos ambientales negativos, caso contrario, la empresa termina sustituyendo al Estado haciendo de juez y parte a su antojo, cuando es el Estado quien debe velar por los derechos de las poblaciones.   

Si no se abordan mínimamente estos tres asuntos resulta irrisorio pedir a la población que confíe en que la ejecución del proyecto sea llevada a cabo con los estándares ambientales que sugiere el peritaje o los estándares sociales que opinión pública y una parte del gobierno esperan, ciertamente sería un camino plagado de muchos más conflictos.

 

Comentarios (2)

Tal vez un asunto más que

Tal vez un asunto más que sería bueno analizar es el de los derechos. No sólo está el derecho al medio ambiente saludable, sino también el derecho de los pueblos, comunidades y rondas campesinas a su historia, identidad cultural y al significado cultural y espiritual de las lagunas. El gobierno ha dado a entender que está obligado a dar luz verde al megaproyecto minero Conga porque hay concesiones dadas antes de su gobierno y por el temor de que el Estado pueda ser llevado ante el Centro de arbritraje internacional. Sin embargo, del otro lado, en materia de derechos hay argumentos más fuertes aún. El derecho internacional de los pueblos indígenas, tal como está garantizado por el sistema interamericano (doctrina y jurisprudencia) asegura a los pueblos (en nuestro caso comunidades y rondas campesinas) su derecho al consentimiento en caso de megaproyectos que tienen un impacto significativo en sus condiciones de vida o subsistencia de los pueblos, de acuerdo a su cultura y derecho consuetudinario. Es decir, en esos casos, el Estado no sólo tiene el deber de consultar, sino de obtener el consentimiento de los pueblos (Sentencia Saramaka vs. Surinam 2007). En casos como Conga, el Estado no sólo requeriría consultar con las comunidades y rondas a ser afectadas, sino que requeriría su consentimiento. Y esta es otra arista del conflicto. El Estado no quiere respetar este derecho, poniendose en riesgo de perder ante instancias internacionales. De su parte, en cambio, los pueblos, comunidades y rondas ya saben que tienen este derecho y lo quieren ejercer: el derecho a dar o no dar su consentimiento a un megaproyecto que va a impactar en sus condiciones de vida, historia, paisaje e identidad cultural, lo que no se puede resolver con reservorios o cisternas... para seguir reflexionando cómo resolver conflictos aplicando y respetando derechos.

La actitud arrogante y

La actitud arrogante y ostentosa de la mayoría de los empleados de Yanacocha ha generado un gran resentimiento y desconfianza en el cajamarquino común y corriente. Lo de Conga, las aguas, las lagunas, el peritaje, son desencadenantes de ese resentimiento que ha venido incubándose desde hace años. Por eso la gente no duda en salir a protestar, espontánea y masivamente. Esta situación es bastante notoria por quienes vivimos el día a día en Cajamarca.

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