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Una Ley de Consulta que no se consulta

Enviado el 18/08/2010

Alejandro Laos

Con una celeridad digna de mejor causa se ha programado para la sesión del Pleno del Congreso del día jueves 19, el debate sobre el dictamen de Allanamiento presentado por la Comisión de Constitución f rente a las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo a la Autógrafa de la  Ley del Derecho a la  Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio Nro.169 de la Organización Internacional del Trabajo,  aprobada por el Congreso el 18 de Mayo.

Esta decisión seria saludable si es que la representación nacional se planteara resolver estas observaciones escuchando las opiniones de los líderes indígenas, expertos y hasta la misma Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos Afrodescendientes Ambiente y Ecología, quienes han manifestado su desacuerdo con las observaciones vertidas por el Ejecutivo por no ser consistentes con la normatividad nacional e internacional que sustenta los derechos de los pueblos indígenas y ser contradictoria con el reconocimiento y atención limitada que hoy brinda el Estado a comunidades campesinas y comunidades nativas como organizaciones representativas de nuestra población indígena.

Al parecer poco significa para un sector del Congreso la responsabilidad adquirida por el Estado de respetar los derechos de los pueblos originarios e incluirlos en la vida nacional, que tuviera un agudo llamado de atención con los sucesos de Bagua, convocándonos a un reencuentro con nuestra diversidad, nuestras raíces y la necesidad  de sumarlos al proceso nacional de construcción del país. Esto refleja el Dictamen de Allanamiento presentado en donde sin explicaciones de por medio, salvo las declaraciones presidenciales, se ha procedido a  reducir la consulta a “medidas legislativas … que impliquen una modificación directa de la situación jurídica de los pueblos indígenas…y en materia de territorios solo procede sobre las áreas asignadas en propiedad a los pueblos indígenas” (Art. 2) y a supeditar al estado y los intereses de sus gobernantes el reconocimiento de este derecho, al retirar la condición  indígena a las comunidades campesinas (ver Art. 7) y desconocer su autonomía, disponiendo que “el criterio básico de representatividad y legitimidad es establecido y verificado por el órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo” (Art.6).

Estas singulares y arbitrarias medidas que pretenden ser aprobadas también han sido duramente comentadas en reuniones internacionales y por expertos,  particularmente en el Foro Permanente de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y en la OIT en donde el gobierno informó, se comprometió y anunció que cumpliría estrictamente sus compromisos  con los pueblos, pero que hasta la fecha viene incumpliendo y al revés se apresta a introducir normas que colisionan con los derechos establecidos en los tratados internacionales. Incluso los primeros días de agosto, por iniciativa de organizaciones de la sociedad civil se realizaron reuniones en el Congreso con expertos internacionales de amplio reconocimiento como el Dr. Rodolfo Stavaghen y Bartolomé Clavero quienes han dirigido el Foro de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, para explicar los alcances de los instrumentos internacionales que protegen a los pueblos indígenas y la importancia de aprobar una Ley de Consulta en concordancia con esta normatividad.

La aprobación inmediata y sin mayor preocupación por atender las opiniones de la población indígena directamente afectada, no hará sino reforzar el signo de la suspicacia con que el ciudadano mira al Congreso y al Estado. No existe urgencia para tomar posición frente a las observaciones del Ejecutivo, salvo las de retomar el diálogo con la representación indígena y volver a revisar los acuerdos básicos que se lograron en mayo para conseguir una norma concensuada y acorde con los estándares internacionales que suscribió el país. Bien deberíamos aprender de las culturas originarias que una de las mayores riquezas que tenemos los hombres está en el respeto, a uno mismo, a los demás, a la tierra. Esperemos que en el Congreso todavía tengamos representantes de respeto que honren a sus pueblos y permitan que esta Ley de Consulta sea beneficiosa para los pueblos indígenas y nos haga retomar el camino de su inclusión en el progreso del país.  
 

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