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Agua, el conflicto del siglo XXI

Enviado el 19/02/2014

Por Willy Torres

Según las Naciones Unidas, el agua promete ser en el siglo XXI lo que fue el petróleo para el siglo XX: el bien precioso que determina la riqueza de las naciones.Así, el agua brota como el mayor conflicto geopolítico de los tiempos actuales.

Se espera que en el año 2025 la demanda de este elemento, tan necesario para la vida humana, sea un 56% superior que el suministro. Se calcula que en la actualidad los 7,250 millones de habitantes en el mundo ya requerirían un 20% más de agua. Según el Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo (WWDR), más que un problema de escasez "se trata de una crisis de gestión de los recursos hídricos, esencialmente causada por la utilización de métodos inadecuados".

Los recursos hídricos en lagos, ríos y acuíferos son, en general, renovables a través de precipitaciones que constituyen, en definitiva, la principal fuente de agua para la humanidad. A través del fenómeno de la evapotranspiración el agua puede cumplir su ciclo natural y luego precipitarse en forma de lluvia irrigando los ecosistemas, los bosques y las tierras de pastoreo y de cultivo. En promedio, el ser humano consume 8% del total de agua dulce renovable, 26% de la evapotranspiración y 54% del agua de escorrentía accesible.

Marco internacional sobre el derecho al agua

Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo. Estos derechos deben ser reconocidos y garantizados por el Estado bajo los principios de respeto, protección y realización; es decir, no violar los derechos, promoverlos y garantizarlos.

Así, una perspectiva de derechos humanos se centra en las obligaciones del Estado hacia el individuo y la sociedad, que son exigibles por los ciudadanos, poniendo énfasis en las disparidades yla discriminación que afecta a las poblaciones socialmente excluidas. Esto es relevante en un país como el Perú, caracterizado por profundas inequidades que se reflejan en indicadores de morbilidad, mortalidad y discapacidad que afectan de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables.

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) fijan límites a la discrecionalidad estatal en el momento de tomar decisiones, sobre las políticas públicas. La asunción de obligaciones en este campo establece prioridades que los Estados se han comprometido a cumplir.

Al igual que todos los derechos humanos, el derecho al agua impone tres tipos de obligaciones a los Estados partes, a saber: las obligaciones de respetar, proteger y realizar.

a) Obligación de respetar: Implica que los gobiernos deben abstenerse de tomar cualquier medida que impida a la población satisfacer estos derechos. A veces, para respetarlos, basta que el Gobierno se abstenga de realizar ciertas prácticas, como, por ejemplo, permitir que las empresas estatales o privadas contaminen los ríos o fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano. Las violaciones a la obligación de respetar, se desprenden de la interferencia del Estado parte con el derecho al agua. Estas  incluyen: La interrupción o desconexión arbitraria o injustificada de servicios o instalaciones de agua; Los aumentos desproporcionados o discriminatorios del precio del agua; y la contaminación y disminución de los recursos acuíferos en detrimento de la salud del humano.

b) Obligación de proteger: Implica que los gobiernos deben prevenir toda posible violación a los derechos, no solamente de sus agentes sino de tercero, como  consorcios, empresas, grupos multinacionales, etcétera.Las violaciones de la obligación de proteger parten del hecho de que un Estado no adopte todas las medidas necesarias para proteger, dentro de su jurisdicción, a las personas contra las violaciones del derecho al agua por terceros. Estas violaciones incluyen:No promulgar o hacer cumplir leyes que tengan por objeto evitar la contaminación y la extracción no equitativa del agua; no regular y controlar eficazmente los servicios de suministro; y no proteger los sistemas de distribución (por ejemplo, las redes de canalización y los pozos) de la injerencia indebida, el daño y la destrucción.

c) Obligación de realizar: Requiere que los gobiernos adopten las medidas necesarias destinadas a garantizar el derecho al agua potable. Esta obligación es más positiva e intervencionista. En esta categoría se plantean cuestiones de gastos públicos, reglamentación gubernamental de la economía, regulación del mercado, provisión de servicios públicos e infraestructura afín, políticas de subsidios y otras obligaciones positivas, como, por ejemplo, garantizar el acceso de los sectores más pobres al agua segura mediante políticas diferenciadas, eliminar residuos domiciliarios, otorgar subsidios para viviendas sanas, entre otras.Las violaciones de la obligación de realizar, se producen cuando los Estados partes no adoptan las medidas necesarias para garantizar el disfrute del derecho al agua. Los siguientes son algunos ejemplos:No adoptar o ejecutar una política nacional sobre el agua encaminada a garantizar a todos el derecho al agua; asignar fondos insuficientes o asignarlos en forma incorrecta, con el resultado de menoscabar el disfrute del derecho al agua por personas o grupos, especialmente los vulnerables o marginados; no vigilar el grado de realización del derecho al agua, a nivel nacional, por ejemplo estableciendo indicadores y niveles de referencia; no adoptar medidas contra la distribución no equitativa de las instalaciones y los servicios de agua; no establecer mecanismos de socorro de emergencia; y no lograr que todos disfruten del derecho al agua en el nivel mínimo indispensable.

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