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Corruptores y funcionarios corruptos ejecutados en el siglo XVII

Enviado el 19/07/2017

En la Monarquía de los Austrias españoles (siglos XVI-XVII) el soberano era la fuente última de la legalidad, que podía aplicar casi a su antojo como evidencia de sus aspiraciones de poder absoluto.  El desafío a la autoridad real, sea en conspiraciones secretas o en rebeliones abiertas, era un delito de traición de “lesa majestad” y se pagaba con la vida del ofensor.

Condenados por traidores y rebeldes murieron ejecutados: Diego de Almagro “el mozo” (1542), Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal “el demonio de los Andes” (1548), el Inca Túpac Amaru (1572), José de Salcedo (Puno, 1668); y en época de los Borbones (siglos XVIII-XIX): José Gabriel Túpac Amaru y Micaela Bastidas (1781), Mariano Melgar y Mateo Pumacahua (1815) y José Olaya (Lima, 1823).

Por traidores y conspiradores fueron ejecutados en el siglo XVII: García de Solís Portocarrero (Huamanga, 1601), Pedro Bohórquez “el Inca andaluz” y ocho indios conspiradores (Lima, 1667); y en los siglos XVIII-XIX: Miguel Surichac y cinco conspiradores más (Lima, 1750), Lorenzo Farfán de los Godos y Bernardo Tambohuacso (Cuzco, 1780), Gabriel Aguilar y Miguel Ubalde (Cuzco, 1805).

Otro delito de “lesa majestad” en las sociedades del “Antiguo Régimen” de Europa y sus colonias era la falsificación de la moneda, cuya acuñación era una potestad regia.  Como señalara en 1704 el ensayador de la Casa de Moneda de Lima, Félix Cristóbal Cano Melgarejo: “solo [a] los Reyes y Príncipes absolutos es concedido el batir y labrar [= acuñar] moneda en sus Reinos” (Moreyra 1994-1995, t. III, p. 182).  Posteriormente en 1769 José Rodríguez de Carassa, ensayador mayor del Perú y de la Casa de Moneda de Lima, añadiría: “la justeza de los metales nace de la buena fe y aceptación del Sello Real del Príncipe para que sus monedas sean bien recibidas en todo el orbe” (1990, p. 118).  Así la moneda, el disco metálico con el sello del gobernante, tenía un valor que dependía de la cantidad efectiva de metal precioso (oro o plata) que físicamente contuviera, garantizado por el rey.

Técnicamente, sin embargo, como el oro y la plata son metales muy maleables se necesitaba de una aleación de cobre (“liga”) para darles mayor “dureza” y poder acuñar (“batir y labrar”) las monedas.  Las proporciones de metal precioso y metal base (el cobre) eran muy precisas y su delicado cálculo era labor de los “ensayadores”, como Cano Melgarejo y Rodríguez de Carassa.  Las adulteraciones se producían cuando las monedas contenían más cobre que el señalado por las regulaciones oficiales, pues esas monedas “febles” debían ser detectadas, separadas de las monedas “fuertes” y nuevamente mezcladas (“ligadas”) con los metales preciosos, para ser acuñadas posteriormente.  Solo debían salir a circulación las monedas que se ajustaran a las regulaciones técnicas oficiales de la Monarquía.

Como explicara el historiador peruano Manuel Moreyra y Paz-Soldán [n. 1894-m.1987], en ‘La moneda colonial en el Perú: Capítulos de su historia’ (1980 y 1994-1995, t. III), desde 1565 se dispuso la creación de una Casa de Moneda en el Perú, que primero funcionó en Lima (1568-1590, 1659-1660 y 1683 hasta hoy), y luego, por órdenes del virrey Toledo, se estableció otra en Potosí (desde 1572 hasta hoy).  En 1565 y 1566 se autorizó, en base a la unidad de cálculo llamada “real”, la acuñación de tres tipos de monedas de plata: monedas de dos reales (“dices”), de cuatro reales (“tostones”) y de ocho reales (“pesos” o “patacones”).  En el siglo XVII la principal Casa de Moneda del Virreinato del Perú, hasta 1683, fue la de Potosí, donde se acuñaron pesos y reales con un sello de “tipo cruz” (1572-1652) y de “dos columnas” (1652-1753).  Y allí fue donde ocurrió, durante la década de 1640, lo que la historiadora peruana Margarita Suárez ha llamado “la más grande falsificación de moneda de la historia del Perú” (2002, t. II, p. 984).

Las repercusiones de este fraude no solo afectaron al Perú y a España.  Como afirmó el gran historiador español Antonio Domínguez Ortiz [n.1909-m.2003], en los siglos XVI-XVII: “Hubo un imperio monetario español, más extenso aún que el político, basado en el crédito universal de su moneda y en ser el máximo proveedor mundial de plata.  No paraba ésta mucho tiempo en España, puesto que, en su mayor parte, o bien servía para saldar el déficit de… comercio con otras naciones, o para costear las guerras […].  Consta que la moneda española corría como usual por toda Asia [por las compras de productos chinos desde Filipinas y México]” (1973, p. 290).

A estos problemas estructurales se sumaban problemas coyunturales más apremiantes.  El historiador peruano Guillermo Lohmann [n.1915-m.2005] afirmó que este fraude en la década de 1640: “colocó a la Corona española al borde de la pérdida de su crédito exterior en circunstancias en que precisaba de cuantiosas remesas de plata para sufragar los gastos de los ejércitos en los teatros de guerra de Flandes y Francia, aun no ajustada la paz de Westfalia [1648]; originó un rudo quebranto en el intercambio comercial en el Virreinato peruano y erosionó en proporción muy sensible los recursos patrimoniales del Tesoro y el valor cancelario del dinero en manos de particulares. […] puede catalogarse este lapso de tiempo como uno de los más dramáticos de los anales de la Monarquía” (1976, pp. 582-583).

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El personal de las Casas de Moneda incluía funcionarios contables (tesorero, escribano), técnicos (ensayador, fundidor, balanzario) y de seguridad (porteros), mientras que la mano de obra la conformaban negros esclavos propiedad de los funcionarios técnicos.  Pues, aunque la acuñación de moneda era una prerrogativa real, los reyes españoles delegaban esas funciones técnico-administrativas a particulares, quienes adquirían los empleos mediante subasta (hasta 1748, en que la Corona tomó la administración directa de la Casa de Moneda de Lima, y 1751-1771 la de Potosí).  Los funcionarios compraban sus cargos y comprometían a fiadores en caso de faltas o malversación.  Además, desde al menos 1471, la legislación del Reino de Castilla castigaba con la pena de muerte a quienes adulteraran o falsificaran la moneda.

Pese a las previsiones de la legislación, ya desde 1618 se registran quejas de las autoridades en Sevilla sobre barras y monedas de plata llegadas del Perú con problemas de “falta de ley” (menos metal precioso).  A inicios de la década de 1640 las irregularidades eran tan grandes que los banqueros europeos que financiaban las actividades militares de la Monarquía española empezaron a rechazar los pagos con pesos acuñados en Potosí.  A partir de 1646 el Consejo de Indias ordenó al virrey del Perú, el Marqués de Mancera (1639-1648), que investigara, y en 1647 nombró al Dr. Francisco Nestares Marín, sacerdote miembro del Tribunal de la Inquisición, como Presidente de la Audiencia de Charcas y Visitador de Potosí, donde residió entre 1648-1660.

En época del virrey Conde de Salvatierra (1648-1655), el visitador Nestares Marín llevó adelante una investigación que involucró a 119 acusados en el fraude.  Los principales culpados fueron: (a) el “mercader de plata” Francisco Gómez de la Rocha, comerciante que adquiría barras de plata de los “azogueros” o refinadores y la hacía amonedar en la Casa, supervisando directamente el proceso de acuñación; se refugió en la Iglesia Mayor de Potosí y negoció una astronómica multa con el visitador, quien lo acusó de intentar envenenarlo, por lo que finalmente fue ejecutado (enero de 1650); (b) el ensayador de la Casa de Moneda, Felipe Ramírez de Arellano, quien debía garantizar la idoneidad de las monedas acuñadas, también fue ejecutado (febrero de 1650); (c) el tesorero Bartolomé Hernández, el principal administrador de la Casa, murió en prisión; y (d) Juan Velarde Treviño, el corregidor de Potosí (1646-1650), nombrado por el rey, fue suspendido de su cargo y enviado al Cuzco para poder ser investigado (diciembre de 1650), pero aprovechó la situación para huir a España, donde fue detenido y obligado a regresar en cadenas al Perú, siendo finalmente ejecutado por tolerar y beneficiarse del fraude (junio de 1653).

Un empresario privado, dos funcionarios de la Casa de Moneda, que en realidad eran administradores privados a los que la Corona había vendido y delegado la labor de acuñación, y un gobernador y juez de primera instancia nombrado directamente por el rey, murieron por defraudar la confianza que el monarca había depositado en ellos.  De este modo se aplicó la justicia de la Monarquía Universal del rey Felipe IV (1621-1665).  Para los que hoy añoran las grandezas de la “época virreinal” este tipo de problemas (corrupción, fraude, pena de muerte por delitos económicos) no suelen tratarse en sus nostálgicas aproximaciones al pasado colonial andino.

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