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Lo que está en juego en Brasil

Enviado el 19/07/2017

Qué duda cabe que Brasil está viviendo su peor crisis social y política desde la dictadura militar. Aunque la confusión puede llevarnos a pensar que se trata de hechos aislados entre sí, limpiando el ruido mediático parecería todo lo contrario: una sucesión ordenada de acontecimientos con la única finalidad de acabar con todos los avances progresistas en materia económica y social de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT); y, socavar la figura de su líder natural, para así soterrar la posibilidad de que la izquierda alcance nuevamente la presidencia. Los hechos a los que me refiero son cuatro: i) el impeachment a la legítima presidenta Dilma Rousseff (28/03/2016); ii) la limitación del gasto público por 20 años, a través de la PEC 55 o PEC 241 (13/12/2016); iii) la aprobación de la reforma laboral (11/07/2017); iv) la imposibilidad de que Lula da Silva pueda postular a un tercer mandato.

De los dos primeros puntos dimos cuenta en los artículos “Giro a la brasilera” y “La educación y el golpe institucional del Brasil” . Pasemos a analizar los puntos 3 y 4 entonces.

Sobre la reforma laboral, el gobierno de Temer aplica medidas ortodoxas que implican la pérdida de derechos de la clase trabajadora, con la ilusión de que al flexibilizar y reducir los costos laborales, el empresariado (capital) se encargará de generar empleo. Pero la reforma no solo implica la precarización laboral sino que intenta restar fuerzas a las centrales sindicales, las cuales, por ley, tienen la representación colectiva e individual del trabajador. Uno de los puntos más cuestionados de la reforma es que los acuerdos alcanzados entre el empresario y los trabajadores no están obligados a cumplir los mínimos que establece la ley; por ejemplo, se elimina el límite de ocho horas laborales, hasta un máximo de doce; o la reducción de la hora de descanso a media jornada. Otros aspectos relevantes son: i) la tercerización laboral (un estudio de la Central Unitaria de Trabajadores demostraba que los empleados bajo este régimen cobran en promedio un 30% menos); ii) la implementación, a la brasilera, de los contratos de “cero horas”, donde el empleador puede convocar al trabajador con un mínimo de tres días de antelación e informarle cuál será su jornada de trabajo; fuera de ese tiempo no hay vínculo entre la empresa y el empleado; iii) la creación de una figura del trabajador autónomo exclusivo donde sólo puede prestar servicios a un empleador. Una encuesta de Datafolha mostraba que el 61% de los entrevistados estaba bien informado sobre la reforma, y que de estos, el 70% considera que implica un recorte a sus derechos. Por su parte, el Ministerio Público del Trabajo (MPT) ha señalado que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Supremo Tribunal Federal (STF), apoyado por las centrales sindicales, movimientos sociales y los partidos que están hoy en la oposición.

Siguiendo la lógica neoliberal, el gobierno impulsa también una reforma del sistema previsional – por ahora contenida -, y plantearía una reforma tributaria de carácter regresivo.

La estocada final en esta trama es, claramente, la encarcelación del expresidente Lula Da Silva por supuestos delitos vinculados con Lava Jato. El 12 de julio pasado el juez Sergio Moro dictaminó en primera instancia una sentencia de nueve años y seis meses de cárcel por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. Un análisis de la sentencia nos revela las intenciones detrás. De acuerdo con prestigiosos juristas brasileros como Dalmo Dallari (exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo), o Fernando Hideo, profesor de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, la condena simplemente no tiene sustento legal. Sergio Moro (quien parece actuar más de justiciero que de juez) acusa a Lula de ser el propietario de un tríplex ubicado en Guarujá, Sao Pablo, a pesar de no presentar ningún documento probatorio (título de propiedad, contrato de compra-venta, etc.), basándose únicamente en las declaraciones de Leo Pinheiro (ex presidente de OAS), en una foto donde figuran ambos personajes a la entrada del inmueble, y en un reportaje de la Red O Globo. El propio Moro aceptaría la no existencia de pruebas dado que acusa al ex presidente de ser “propietario de hecho”, lo cual no estaría tipificado, como tal, en el ordenamiento jurídico brasilero. En segundo lugar, la sentencia se da un día después de que el Senado aprobara la reforma laboral, lo cual suponía una distracción a las protestas que eran programadas si Temer no vetaba la ley, como se lo había solicitado el MPT. El tema en los grandes medios de comunicación pasó a ser la sentencia de Lula, y la promulgación de la reforma pasó casi inadvertida. Finalmente, está el cálculo temporal para que el Tribunal Regional Federal de la 4ta Región (TRF-4) pueda emitir una decisión antes de la inscripción de Lula como candidato a la presidencia por el PT, lo que se realizaría entre julio y agosto del próximo año. Moro es consciente de que dilatar el juicio suponía la imposibilidad de evitar que Lula pueda convertirse en presidente por tercera vez, lo que seguramente implicaría deshacer las reformas impulsadas por Temer y los grupos de poder. De acuerdo con Datafolha, Lula alcanza un 30% de preferencia electoral, seguido por Jair Bolsonaro (ultraderechista que en la votación del impeachment recordó al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, Dr. Tibiriçá, reconocido torturador durante la dictadura militar), con 16% y la ex ministra del PT, Marina Silva, con 15%. En segunda vuelta, la encuesta incluye al juez Moro como posible candidato, y es el único con posibilidades de vencerlo. Hay que mencionar que Moro ha sido vinculado en reiteradas ocasiones al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). En promedio, los juicios del TRF-4 tienden a demorar algo más de un año; sin embargo, han prometido celeridad. Hay pocos antecedentes en cuando a la anulación en segunda instancia de la sentencias emitidas por Moro en el caso Lava Jato, lo cual ha ocurrido únicamente en el 10%  de los casos (en 5 ocasiones, de un total de 48). Sin embargo, el caso más relevante ha sido la anulación de la pena de 15 años a João Vaccari, ex tesorero del PT, debido a que no fueron presentados documentos probatorios y la sentencia se basó casi exclusivamente en las declaraciones de los delatores. De llegar Lula a la presidencia, el juicio continuaría, aunque pasaría a jurisdicción del Supremo Tribunal Federal (STF).

En una entrevista para Democracy Now, Glenn Greenwald, ganador del Pullitzer 2014 por la investigación relativa a los actos de espionaje del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, llamó la atención sobre los distintos baremos con los que se estaría impartiendo justicia, toda vez que el presidente Temer (PMDB) y el senador Neves (PSDB) estarían ejerciendo sus cargos aún después de publicarse audios que los implicaban en actos de corrupción.

Con este panorama los movimientos sociales hacen uso de los mecanismos no formales de la democracia. Las calles son un hervidero. Lula mantiene un gran apoyo popular, y ello se refleja en las convocatorias que se realizan constantemente.

Finalmente, en las últimas semanas, al menos en Uruguay, han reflotado las declaraciones de Manolo Pichardo, diputado dominicano, expresidente del PARLACEN y actual presidente de la COPPPAL, con motivo de la reunión en la que ex presidentes de la región conformaron la Misión Presidencial Latinoamericana, en Atlanta, el 2012. En esta reunión, siempre según Pichardo, se habría revelado (o diseñado) un plan para hacer frente a los gobiernos progresistas, valiéndose de los medios de comunicación para minar sus liderazgos. De acuerdo con las declaraciones, los golpes suaves de Zelaya y Lugo fueron parte de este plan que tendría como objetivo alcanzar la “joya de la corona”, refiriéndose a Lula Da Silva, el líder más influyente, acción capaz de ocasionar un efecto dominó en toda la región. Las primeras declaraciones de Pichardo datan de marzo de 2016 .

El Partido de los Trabajadores, principalmente, aunque también el PSDB y PMDB, están envueltos en escándalos de corrupción que han minado la institucionalidad democrática de Brasil, por lo que es necesario que la justicia investigue a fondo los hechos delictivos y que envíe tras las rejas a todos los responsables, sin importar quién sea o qué cargo ocupe. Dicho esto, la justicia debe alejarse del circo mediático y de las implicancias políticas; es la única forma de recuperar la confianza en las instituciones. 

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