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Cabitos 83: ¿El encuentro con la justicia?

Enviado el 19/09/2012

Gloria Cano

Luego del inicio de las actividades terroristas de Sendero Luminoso en el departamento de Ayacucho, el Estado decidió otorgar el control de las zonas declaradas en Emergencia a las Fuerzas Armadas, trasladándose la Segunda División de Infantería, con Clemente Noel a la cabeza, a la ciudad de Huamanga. Desde allí se dirigieron todas las operaciones antisubversivas, se constituyó un Estado mayor, se crearon bases militares, se destacó a un contingente de agentes y oficiales de Inteligencia, y se instauró el toque de queda.

Durante los años 1983 y 1984, Ayacucho fue testigo de miles de detenciones y desapariciones. Durante el toque de queda, las patrullas combinadas se desplazaban por las calles rompiendo puertas, ingresando a las casas y deteniendo a cientos de personas, que fueron trasladadas al cuartel conocido por todos los ayacuchanos y ayacuchanas como Cabitos 51, donde fueron sometidos a atroces torturas. A la gran mayoría de las personas que ingresaron al cuartel nunca más se les volvió a ver.

Casi 30 años después, la Sala Penal Nacional viene juzgando a una parte del Estado mayor  que condujo las operaciones contrasubversivas en lo que se denominó la sub zona de seguridad N5. Clemente Noel murió antes que se pudiera ejecutar la orden de detención emitida por el Juzgado contra su persona, pero el proceso siguió con la presencia de Carlos Briceño Zevallos, quien fue el Comandante General del Ejército; Carlos Millones D´Estefano, Jefe de operaciones; Jorge Saldaña Vásquez, Jefe administrativo y Carbajal D’angelo, que desde agosto de 1983 se constituyó como el segundo al mando.

De igual manera, se continúa el proceso judicial contra Pedro Paz Avendaño y Arturo  Moreno, jefe y oficial de Inteligencia de la temible Casa Rosada, además del comandante  Orbegozo Talavera, jefe de la 51 División de Infantería acantonada en el cuartel Domingo Ayarza, “Los Cabitos“.

Proceso penal

A mediados de junio de 2012, la Sala Penal Nacional se desplazó a la ciudad de Ayacucho para escuchar los testimonios de los sobrevivientes de las torturas y los testigos ofrecidos por la Fiscalía y la parte civil. Ellos narraron lo que vivieron dentro y fuera del cuartel. Los que sufrieron detención, relataron aquellas horas interminables de dolor y tormento a los que fueron sometidos, a fin de arrancarles nombres, datos o autoinculpaciones que jamás llegaron, porque eran personas que nada tenían que ver con las acciones subversivas. La angustia infinita ante la simulación de ajusticiamiento y todo lo vivido, los dejó seriamente afectados, con la confianza dañada y una débil salud mental y física, pero sobre todo, mellados en su dignidad. Los familiares que iniciaron la búsqueda de los desaparecidos, tuvieron que soportar humillaciones, indiferencia y hasta violencia por el reclamo de exigir una respuesta a una sola pregunta: “¿Dónde está?”.

Los procesos penales tienen por finalidad castigar a la persona que incumplió las reglas de convivencia en una sociedad, dañando con su acción a sujetos de derecho, por lo que el aparato estatal debe garantizar a los ciudadanos una respuesta ante la agresión. A la vez, debe dotar al agresor de garantías para un proceso justo e imparcial. Pero cuando el aparato estatal es el que, a través de sus funcionarios, ha violado los derechos fundamentales de las personas cometiendo detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones, ejecuciones; el aparato judicial debe cumplir una finalidad adicional, no sólo imponer una sanción penal al agresor sino tratar de restablecer la confianza rota por la acción.

Así, en el caso Cabitos 83, luego de una inacción de 30 años, las preguntas caen por su peso: ¿Cómo restablecer esa confianza?, ¿cómo restituir la dignidad mellada? Creemos que una de las respuestas es escuchar los testimonios de las víctimas ya que hemos podido advertir cómo las personas que sufrieron alguna violación a sus derechos, luego de comparecer ante el tribunal y ser escuchadas contando su verdad y saber que se está juzgando a quien se considera responsable de su perdida, se sienten aliviadas.

Sin embargo, cuando se dispuso que los procesos judiciales fueran en Lima, esto se convirtió en una aflicción más. El trasladarse desde sus comunidades a esta ciudad donde nadie habla el quechua y donde su dolor es indiferente al resto de personas, además de estar en una sala judicial que de por sí ya es intimidatoria, agrava la situación. Por ello, es importante que los testimonios de las víctimas sean escuchados en las ciudades de donde provienen los procesos judiciales, en este caso, Ayacucho.

Durante las audiencias realizadas, las personas no se sintieron solas. Estaban en el público las madres de ANFASEP, diversos activistas y defensores de derechos humanos, periodistas, amigos y familiares, lo que creó una atmosfera de protección que todos valoraron. De esta manera, hicieron el esfuerzo para recordar detalles, revivir momentos dolorosos, así como los años posteriores de lucha interminable y de indiferencia. La preparación emocional para afrontar esos momentos fue fundamental, así como el trabajo posterior a su declaración y el trabajo de evitar la re victimización.

Con los testimonios se pudo corroborar el modus operandi de las fuerzas del orden para llevar a cabo su estrategia. Rompieron puertas aprovechando el control que tenían sobre la ciudad y poblados, para detener arbitrariamente, trasladar a los detenidos a una base militar y de ahí al cuartel Los Cabitos. Los vendaron para desorientarlos y atemorizarlos, someterlos a intensos interrogatorios, torturarlos física y psicológicamente y, en la mayoría de las ocasiones, desaparecerlos, negando todo tipo de información a su familia, entre la desidía y el temor de las autoridades judiciales.

A pesar de lo avanzado, aún falta conocer más testimonios e interrogar a efectivos militares y policiales que estuvieron en la zona. Ellos deberán explicar lo inexplicable, de cómo un ser humano puede cometer esas acciones contra otro.

Artículo publicado en la Revista RETABLO Nro. 47. Ayacucho. Setiembre 2012. Asociación SER.

 

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