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Desplazados: Agenda pendiente

Enviado el 19/12/2012

Iván Ramírez

Que el conflicto armado interno dejó como saldo alrededor de 70 mil víctimas fatales constituye el hallazgo más citado del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Sin embargo, el universo de personas afectadas por el conflicto es muy superior a esa cifra. Dentro de ese universo, se encuentran quienes, por distintas razones, optaron por desplazarse: abandonando tierras, bienes y vivienda, huyeron del lugar que habitaban, buscando salvar sus vidas y las de sus familias. No se sabe con precisión la cifra de personas en situación de desplazamiento dejó como saldo el conflicto interno, pero los cálculos realizados al respecto oscilan entre 450 y 600 mil, siendo probable que el número sea mayor.

¿Por qué es importante recordar esto? Primero, porque en las discusiones existentes en torno a los distintos tópicos asociados con la idea de “sociedad posconflicto”, poca o ninguna mención se hace acerca de la población desplazada, ni de las distintas organizaciones que han conformado para reclamar una representación ante la sociedad y el Estado. Segundo, porque las características específicas de quienes llegaron a las ciudades condición de desplazados, han sido oscurecidas en las distintas discusiones que aquí y allá se han dado alrededor de las “clases populares”, los “andinos migrantes” o –más recientemente- el “peruano emprendedor”.

Y hay una tercera razón, de orden mucho más coyuntural, que nos llama a volver la mirada a los desplazados. Esta semana, se discutirá en la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) lo que debería de ser la propuesta final de lineamientos para la implementación de reparaciones colectivas a grupos de desplazados no retornantes. Se trata de un evento de suma importancia para la población desplazada, al menos en tres sentidos.

En primer lugar, las reparaciones colectivas constituyen una promesa largamente postergada hacia la población desplazada. Mientras que la implementación de proyectos de reparación colectiva a comunidades empezó en el 2007, los desplazados (que generalmente tiene parientes, amigos y –en algunos casos- hasta bienes en dichas comunidades) han visto postergadas sus expectativas de acceder a ellos.

En segundo lugar, el largo proceso que ha conllevado la discusión en torno a las reparaciones colectivas, ha llevado a las organizaciones de desplazados a expresar sus propias percepciones y opiniones respecto de cómo le gustaría ser reparada. Una de sus principales preocupaciones se relaciona con cómo el habitar en ciudades condiciona la viabilidad de las reparaciones colectivas. En términos esquemáticos, la mayoría de desplazados y desplazadas no cuentan con terrenos disponibles ni locales comunales que sirvan de emplazamiento para los futuros proyectos que deseen impulsar, y temen que esta carencia constituya un obstáculo insalvable para la concreción de sus expectativas respecto de las reparaciones colectivas. (Esto conduce a preguntas más amplias sobre las condiciones de vida en que se encuentra la población desplazada que habitan en ciudades: ¿cómo ha afectado el desplazamiento los proyectos de vida de quienes pasaron por esta experiencia?, ¿cómo eran tratados por el nuevo entorno al que llegaron?, ¿qué estrategias desarrollaron para desenvolverse en este nuevo espacio?, ¿qué tipos de inserción laboral lograron?, ¿cuáles de sus capacidades previamente adquiridas pudieron ser potenciadas, y cuáles se vieron limitadas?)

Tercero, que el Estado de la buena pro al inicio de la implementación de proyectos de reparaciones colectivas para desplazados y desplazadas, pone a las organizaciones de esta población delante de un desafío serio: estar en la capacidad de actuar coordinadamente para lograr que la implementación de los proyectos de reparación colectiva sea satisfactoria. En ese sentido, algunas de las limitaciones que sufren estas organizaciones de cara a este desafío ya se están notando, e irán haciéndose más palpables conforme avance la implementación. Dos hechos pueden ayudarnos a ilustrar esto. Mientras que CMAN ha destinado presupuesto para reparar colectivamente a 60 asociaciones locales de desplazados, solo 32 están inscritas en el Libro 2 del Registro Único de Víctimas.

De otra parte, el espacio político de las organizaciones de desplazados se encuentra fragmentado. Si bien es cierto, desde 1996 existe la Coordinadora Nacional de Desplazados y Comunidades en Reconstrucción del Perú (CONDECOREP), organización que busca agrupar a nivel nacional a las distintas asociaciones de desplazados que existen, su cohesión orgánica no es todo lo sólida que se desearía, lo que responde en parte a una serie de desaciertos de la dirigencia que debilitaron a la organización, y que generaron un aletargamiento que la actual directiva está tratando de combatir (con algún éxito). No obstante, no todas las asociaciones de desplazados existentes miran con buenos ojos a CONDECOREP, por lo que muchas tienen una existencia independiente, mientras que algunas otras se han integrado a Coordinadora Regional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política – Ayacucho (CONAVIP).

Por supuesto, no debemos pensar que la reparación colectiva constituye la única preocupación de la población desplazada, ni que su eventual implementación solucionará sus problemas. Por el contrario, desplazados y desplazadas ven con preocupación el hecho de que los distintos programas de atención a su disposición operen con ineficiencia y que sus operarios los traten, muchas veces, con desprecio. Porque cada día que en una posta del Seguro Integral de Salud (SIS) les dicen que su acreditación “aquí no sirve”, es un día más que pasan sin recibir la atención médica que su salud necesita; y cada año que pasan sin contar con la posibilidad de transferir a sus hijos el derecho a una educación superior gratuita, es un año que estos jóvenes –herederos de las desventajas sociales de sus padres- pierden en términos de formación de capacidades profesionales.

Claro está, las deudas pendientes en materia de atención a población desplazada son muchas más, pero creo que lo dicho hasta aquí es suficiente para sugerir que no se necesita tener un familiar muerto, o haber sufrido alguna forma de daño físico, para haberse visto afectado por la violencia interna, y que nuestra preocupación por las “víctimas” debería de mirar también hacia quienes, desde espacios menos visibles, vienen emprendiendo sus propias luchas para alcanzar aquello que, después de todo, les corresponde por derecho. Esto lleva a una pregunta final: ¿quiénes están incluidos en aquello que denominamos “agenda post-CVR”, y cuál es el contenido de esta?

 

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Iván Ramírez
Grupo Memoria
    Comentario Destacado
    E INDUDABLE QUE MENDOZA NUNCA HA APORTADO NADA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, NADIE ENTENDIO PORQUE EL CNM LO NOMBRO SI NO TENIA NI APTITUD ACADEMICA NI CAPACIDAD SOLVENTE PARA SER MAGISTRADO, SIN EMBARGO SE LE NOMBRÓ MAGISTRADO SUPREMO Y NUNCA A PODIDO REALIZAR UNA GESTION IMPERECEDERA, ES UN LASTRE QUE SE LE HAYA DESIGNADO MINISTRO DE JUSTICIA Leer más >>
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