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Elecciones 2016, la Consulta Previa y sus retos

Enviado el 20/01/2016

La pregunta al candidato Julio Guzmán, sobre si aplicaría la Ley de Consulta Previa y su respuesta y posterior rectificación, pusieron este tema, hasta entonces casi completamente fuera del debate electoral, en la tribuna.

Embarcados en captar a los grandes “bolsones” de votantes, sobre todo urbanos y jóvenes, los pueblos originarios son casi olvidados en los discursos y apenas aparecen mencionados en los Planes de Gobierno. En el caso específico de la Consulta Previa, las referencias son escasas, y la gran mayoría de medios de prensa tampoco parecían, hasta ese evento, interesados en indagar sobre este tema.

Ciertamente, los planes de gobierno suelen ser apenas referenciales. Sin embargo, si allí no prestan atención a un tema, es menos probable que vayan a hacerlo en sus discursos, o en sus decisiones de gestión (de salir elegidos).

Después de la respuesta de Guzmán, algunos candidatos se han apresurado a salir diciendo que sí la aplicarán. Quien con mayor contundencia ha ratificado su compromiso con dicho derecho ha sido la candidata del Frente Amplio, Verónica Mendoza, en cuyo Plan propone su “pleno ejercicio” y la mejora de su implementación (p.35). En el caso de PPK, su candidato a la primera vice presidencia, Martín Vizcarra salió a manifestar que “sería muy peligroso no aplicar la consulta previa”, constituyendo una “falta de respeto” a las comunidades indígenas. En su Plan de gobierno la cita es muy breve, puntual (“continuar implementando la consulta previa”). Sin embargo, para muchos, esas declaraciones resultan, paradójicas, si tomamos en cuenta que su compañera de plancha, Mercedes Araoz, habría jugado un rol importante en el desencadenamiento del conflicto de Bagua.

En el caso del ex presidente Alan García y su perro del hortelano, resulta previsible su no mención a la implementación. Acuña sí hace lo hace, y en un estilo coloquial la denomina “una regla de oro” y expresa el “respeto absoluto a su veredicto” (p.31). Llama la atención, sin embargo, que ni él, ni ninguno de sus asesores o miembros de su plancha hayan salido a sentar esta posición. Por otro lado, Acción Popular hace una mención al tema en su Plan, manifestando su compromiso a “garantizar la aplicación de la Consulta Previa” (p. 20). Por otro lado, en el Plan de gobierno de Keiko hay 2 referencias, no muy claras, sobre la Consulta. En la primera, señala que “hay que prestar especial atención a la problemática vinculada a la regulación y fiscalización ambiental (…) y los procesos de consulta previa” (p.7). No se sabe si de esa “atención” se derivará el cumplimiento o apuntalamiento de su implementación. En otra parte, dice que se implementará la consulta previa “en los casos que corresponda” (p. 9). La pregunta es: ¿en qué casos corresponde? La ley y el Convenio 169 son claros sobre quiénes pueden reclamarla y en qué circunstancias se aplica, sin embargo, el problema es que el actual gobierno no ha implementado ninguna consulta en minería -que genera conflictos mayormente en zona andina- bajo una interpretación por parte de sectores vinculados al MEM, opuestos a que la Consulta tenga dicho alcance. Hay, por tanto, en la práctica, una restricción en su aplicación.

En efecto, luego de un arranque auspicioso, diferentes señales al interior de gobierno actual dieron cuenta de tensiones en torno a este tema. Al final, la línea del MEM parece haber ganado la batalla, pues, como señala la Defensoría del Pueblo, hacia mayo del 2015[1], a 3 años de aprobada la ley, sólo se habían implementado y llegado a acuerdos en 10 procesos de consulta. Ninguno de esos casos fue en el sector minero. Además, manifestaba la Defensoría, “advertimos con preocupación la injustificada demora en la implementación”. Como sabemos, la mayoría de grandes conflictos se generan en torno a la minería. Y, por lo demás, ese número de procesos en 3 años denota claramente una “desaceleración” de la voluntad política. Ello, como era de esperar, dio pie a las críticas contra la Consulta Previa, en el sentido de que estancaba la inversión y resultaba un trámite burocrático lento y de poca credibilidad.

Si queremos que la Consulta Previa sea implementada de manera efectiva, como mecanismo que funcione con credibilidad y en tiempos razonables, para comunidades, empresas y la sociedad, tendría que fortalecerse sustantivamente su institucionalidad.  El ritmo tan lento con que se ha implementado hasta ahora da cuenta de esa falta de voluntad política, pero también de una debilidad institucional.

Para que nos hagamos una idea. En Colombia la Consulta Previa está a cargo de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de interior. Son ellos los encargados de llevarla a cabo, para lo cual tienen un personal especializado en los requerimientos técnicos de sus requisitos y fases del proceso. ¿Y cuánto personal tiene esa dirección? Más de 100 profesionales. Sólo así pueden (con todos sus problemas y tensiones, errores y subsanaciones), pretender atender las numerosas demandas de Consulta Previa en ese país.

A diferencia del Perú, en Colombia no se deja a cada sector su implementación, sino que es ese equipo especializado el que lo realiza. La decisión de hacer de manera distinta en el Perú, dejando a cada organismo público el encargo de realizarlo, primero, suponer desarrollar capacidades en cada organismo o sector. Contrariamente al sentido común, implementarlo es mucho más que sólo de “reunir” y “concertar”, requiere de capacidades específicas. Segundo, del mismo modo que con los Organismos Supervisores, resulta poco realista pensar que, en un ministerio como el de Energía y Minas, donde sus funcionarios tienen un estilo de pensar “minero” y, donde, además, muchos de ellos transitan por las empresas del sector, que van a tener un equipo autónomo para implementar procesos de Consulta Previa.

En suma, es importante no sólo que los candidatos reafirmen su compromiso con un derecho reconocido y ratificado por el Perú. Es importante también el pensar en serio cómo hacer para que funcione de verdad. Primero, con la voluntad política, pero también con un replanteamiento institucional.

 




[1]
Defensoría del Pueblo, oficio N°0248-2015.

Comentarios (1)

Habría que actualizar algunas

Habría que actualizar algunas afirmaciones como esta: "el problema es que el actual gobierno no ha implementado ninguna consulta en minería -que genera conflictos mayormente en zona andina- bajo una interpretación por parte de sectores vinculados al MEM, opuestos a que la Consulta tenga dicho alcance". Actualmente hay 3 procesos de consulta culminados en el sector minero: http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=4&idTitular=6981&idMenu=su...

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