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Pato rengo, censura y contrapesos

Enviado el 20/07/2016

Cualquier persona que respete su libertad de procrastinar y usar su tiempo libre como mejor le plazca, estará de acuerdo conmigo en que ver un reportaje completo de Panorama, principalmente aquellos de denuncia política, puede ser la peor tortura de domingo por la noche. Me refiero específicamente a cuando el programa convierte una noticia de cinco minutos en un culebrón estiradísimo de treinta. Recuerdo cuando sacaron la denuncia sobre las agendas de Nadine Heredia y repetían en el mismo reportaje una y otra vez la misma toma: el reportero lanzando cada una de las agendas sobre una mesa y diciendo en voz alta “una”, “dos”, “tres”, “cuatro” agendas. Así, una y otra vez hasta que lograran convencer a su audiencia de la perversa, obsesiva y criminal organización de la esposa del presidente.

Sin embargo, más allá de las decisiones de edición de la producción o de su objetividad, “Panorama” se encuentra actualmente en una innecesaria batalla judicial iniciada por el Ministerio de Defensa del debilitado gobierno saliente.

En realidad, para las personas que encontramos encanto en lo inverosímil y hasta en lo grotesco, a estas alturas solo queda agradecerle al presidente Humala por darnos una tan surreal salida de administración (ver por ejemplo la develación de su propio busto). Algunos se preguntan si es una especie de censura hecha por el “pato rengo”[1] o una forma de desquite y revancha por todos los ataques hacia su gobierno o si más bien se trata de la agencia independiente de un Ministro “hipernacionalista”. Cualquiera sea el caso, el gobierno y sus agentes han elegido el peor guion para despedirse del gobierno (está pendiente un pedido de censura en el Congreso de la República contra el Ministro de Defensa).

La denuncia por traición a la patria presentada por la procuraduría pública del Ministerio de Defensa del Perú contra un equipo de periodistas de Panorama, evocó en las últimas semanas uno de los más frecuentes temores que clamaban los detractores del presidente Ollanta Humala durante mucho tiempo: el posible cariz antidemocrático de gobierno junto con una amenaza a la libertad de expresión de un político que alguna vez fue cercano a Hugo Chávez. Cualquiera de estos opositores diría que se trata de una “profecía cumplida” de no ser por el timing de la denuncia: un mes antes de terminar su mandato presidencial.

Enmarcar esta denuncia en la dimensión del tiempo me parece fundamental dado que la esencia de esta acusación es política, hecha por autoridades que están de salida, que ya tienen sustitutos electos pero que aún conservan poder de decisión. El Ministro de Defensa en tanto actor eminentemente político decide polemizar con un medio de comunicación por la vía judicial, lo que implica el uso de mecanismos y recursos públicos, para hacer cumplir la ley según sus consideraciones político-legales. A pesar de que normativamente se puede alegar la plena independencia y autonomía de los ministros en sus decisiones públicas, en un contexto donde su nombramiento en el cargo depende únicamente del presidente de la República, resulta inevitable preguntarse por la real autonomía del Ministro de Defensa en un asunto tan sensible como la libertad de expresión. Asumiremos pues, que tanto el Presidente como el Ministro encuentran razones suficientes para proseguir con la denuncia.

No obstante que la tipología penal “traición a la patria” que eligió el Ministro Jakke Valakivi para dar luz verde a la denuncia contra el medio de prensa es en sí misma bastante teatral y frecuente en regímenes no democráticos, sería un exceso calificar al gobierno de Ollanta Humala como un gobierno que haya limitado la libertad de expresión (a excepción de este torpe tropiezo) durante su administración.

Un punto adicional es el contenido de la acusación: un microsistema de corrupción en el marco de actividades de Inteligencia en el VRAEM del Comando Especial del VRAEM – Pichari del Ejército del Perú. Los puntos fuertes de la imputación sobre una presunta existencia de informantes de inteligencia “fantasma” son que: 1) Los supuestos colaboradores o informantes que aparecían en documentos de inteligencia filtrados por miembros del Ejército del Perú a la prensa, negaron serlo o haber recibido dinero alguno 2) Miembros en actividad de las Fuerzas Armadas aparecían como “colaboradores”, categoría reservada a informantes no militares y 3) Los informes elaborados por los hipotéticos colaboradores eran repetitivos y no había evidencia de que se abasteciera de información relevante y nueva para la toma de decisiones.

Si bien estos actos presuntamente irregulares se encuentran en investigación tanto por las instancias internas del Ejército, así como por la propia Contraloría de la República, resulta imprescindible repensar a nivel institucional los contrapesos y los mecanismos de control de actividades fundamentales para la Defensa Nacional como lo es la actividad de Inteligencia. Particularmente en el campo militar resulta crucial encontrar un balance entre el resguardo de las actividades tácticas y el del control y adecuado gasto del erario público. Si en el futuro se quieren evitar filtraciones de miembros de la propia institución que denuncien las supuestas irregularidades, son las entidades fiscalizadoras internas de la institución las que están llamadas a implementar candados tanto de protección a la información como de gasto eficiente. De no funcionar estos controles internos, los responsables políticos no podrán quejarse después por que la fiscalización venga del “cuarto poder”. 

 

Pamela Loaiza Díaz pertenece a la Plataforma Comadres, espacio que busca posicionar el trabajo de las mujeres en el análisis de la política nacional e internacional.




[1]
Pato rengo (Lame-duck) es un término prestado de la cultura política norteamericana para referirse a una autoridad de salida, cuyo sucesor ya fue elegido.

 

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