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Atención! Nos están matando

Enviado el 20/09/2017

Seis indígenas fueron asesinados este último 1 de setiembre del 2017, en el distrito de Nueva Requena, Ucayali. Les dispararon en la cabeza, y sus cuerpos atados de pies y manos fueron hallados flotando en un río cercano a la comunidad. Eran pobladores que estaban defendiendo sus territorios, que se negaban a venderlos a las grandes empresas que han llegado a “invertir” en la selva y la están deforestando. ¿Hay algún escándalo en este Estado por semejante hecho?, no, y el gobierno ni una palabra.

Amnistía Internacional, acaba de publicar un informe denunciando un gravísimo hecho, miles de pobladores de comunidades amazónicas y andinas de nuestro país están enfermos, muriendo lentamente producto de la contaminación con metales pesados provocada por industrias petroleras o mineras; Cuninico en Loreto es una de ellas, más de la mitad de su población tiene niveles  alarmantes de cadmio, plomo, y mercurio en la sangre. Espinar, es otro caso, CENSOPAS detectó hace más de siete años la contaminación de las fuentes de agua de la población, y varios estudios confirman que gran parte de su población tiene altos niveles de metales pesados. En el poblado de Simon Bolivar de Cerro de Pasco, toda la población, sobre todo niños y niñas están contaminadas, y aunque se ha dado la declaratoria de emergencia, el Estado no ha hecho nada por ellos; en junio esta población llegó a Lima y tuvieron que encadenarse en el Ministerio de Salud para llamar la atención de la autoridades, pero no lograron nada, ningún resultado importante que revierta esta inhumana situación. Hualgayoc en Cajamarca, está en similar situación, población contaminada, con casi todas sus fuentes y ríos contaminados, sin agua para consumo. En este caso también el Estado ha declarado el estado de emergencia ambiental, sin embargo ello no ha significado nada, y la salud y la vida de la gente sigue en peligro.

Sí, como bien ha dicho Amnistía Internacional, este es un “Estado tóxico”, y no solo por la situación de salud y el riesgo de vida de miles de sus pobladores, sino porque este Estado se vuelve dañino y nocivo con acciones u omisiones que comete en este tipo de escenarios donde está en juego la inversión privada. El Viceministerio de Interculturalidad, acaba de negar el derecho a consulta a las comunidades Nativas del Río Corrientes por la explotación de petróleo en el Lote 192, que entra en una nueva etapa de expansión y con nuevo concesionario privado.  Mediante Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, el propio Ministerio del Ambiente ha flexibilizado el estandar de calidad del aire y eleva el parámetro de emisión de dióxido de azufre diario de 20 ug/m3 a 250 ug/m3, incrementando el número de veces que una empresa puede superar dicho parámetro, de 3 a 7 veces por año. Es decir, permite que día a día las comunidades donde operan estas industrias, sean contaminadas aún más.

Pero hay más, mediante Resolución N° 165-2017-VMPCIC-MC el Ministerio de Cultura, que debe velar por la protección de nuestro Patrimonio, acaba de retirar la condición de Patrimonio Cultural de la Nación a monumentos arqueológicos prehispánicos en Arequipa, coincidentemente en este lugar al parecer la empresa minera Cerro Verde pretende construir y habilitar un depósito de relaves. El Ministerio del Interior, encargado de las cuestiones de seguridad para este Estado, ignora los ataques contra poblaciones donde se desarrollan estas actividades; hace pocos días vimos estupefactos como una familia en Cajamarca fue reprimida por fuerzas “privadas” de seguridad de una empresa minera, que incluso llegó a usar armas contra ellos; el  MININTER ha callado convenientemente sobre este tema, como lo ha hecho frente a las muertes de estos indígenas en Ucayali, avalando así la violencia y el ataque recurrente contra los ciudadanos.

Un nuevo gabinete ha juramentado, lo preside una de las principales responsables del Baguazo, trágico enfrentamiento entre indígenas y el Estado, justamente por la cesión territorios ancestrales para viabilizar inversiones privadas en el marco del TLC. Ningún reconocimiento ni mea culpa por ello.  En carteras estratégicas como Ambiente y Cultura, quedaron los ministros responsables de estas últimas medidas abiertamente lesivas contra la población.  Conservar un ministro como Basombrío en el Mininter no asegura otra cosa que la represión y criminalización de quien se atreve legítimamente a protestar.  Y quién asume la protección de la salud y la vida de esta gente en serio riesgo de morir. Una infame actuación  como la que tiene este Estado verdaderamente mata.

Roque Benavides de la Confiep, ante la reciente crisis ministerial, salió al frente diciendo textualmente que "la economía peruana sigue andando pese a los políticos”.  Claro, en este Estado en el que ha permeado tan profundamente un modelo económico, donde las empresas han adquirido un nivel de poder determinante sobre el país, quien sea el gobernante o quien asuma la función pública no importa, porque igual deberá terminar funcionalizándose a los intereses económicos de los sectores empresariales, por encima de cualquier costo que la sociedad deba asumir. 

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