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La consulta previa en Chile: Luces y sombras

Enviado el 21/01/2015

La ratificación del Convenio 169 de la OIT, es desde hace unos años la piedra en el zapato del desarrollo neoliberal de los países de América Latina. Desde que se ratificó este Convenio, y sobre todo desde que se hizo necesario aplicarlo y regularlo, muchos han sido los problemas a los que se han visto enfrentados los gobiernos acostumbrados a un crecimiento económico sostenido, en base a la extracción de materias primas  ubicadas en territorios indígenas habitados pueblos a los que nunca se les había consultado nada. 

El Convenio 169 de la OIT contiene como eje trasversal el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. Este señala los principios que debe contener un proceso de consulta pero en ninguna parte explica el “cómo”… es allí donde surgen los problemas de interpretación y cuando al momento de intentar aplicar un proceso basado en  principios, estos terminan sirviendo  al cumplimiento de los objetivos estatales –sin enfoque de derechos- dando como resultado la aplicación de un proceso completamente desconocido, que genera continuos desencuentros entre  los funcionarios del Estado y los Pueblos Indígenas.

El proceso de implementación del derecho a la consulta previa en Chile, se ha dado durante el último trimestre del año 2014 y sigue hasta el momento. La consulta ha girado en torno a la propuesta del gobierno sobre la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo y Consejos de Pueblos Indígenas. El proceso busca cumplir objetivos estatales, desconociendo en muchos casos los principios del Convenio 169 y el  respeto de los derechos de los pueblos indígenas, una vez más en la implementación de políticas públicas: Para el cumplimiento de objetivos del gobierno: todo, Para el cumplimiento de derechos de los pueblos indígenas: poco.

El contenido del texto de la normativa para la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas propone como función principal de esta institución la de “velar por….”, cuando analizamos el verbo velar la RAE señala  diversos significados, los que van desde pasar la noche al cuidado de un difunto, hasta el cuidado solícito de algo, lo que nos remite a una mirada tutelar y paternalista hacia los pueblos indígenas. Lo que dista mucho de la implementación de una institucionalidad que genere políticas, planes y programas que puedan garantizar el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas. Otro de los puntos álgidos de esa propuesta es la existencia de un comité consultivo interministerial compuesto de varios ministros y NINGÚN representante de los pueblos indígenas, generando así una institucionalidad para indígenas SIN indígenas. Por lo menos, se ha generado un proceso participativo de consulta en el que los pueblos han podido observar dichas incongruencias y hacer contrapropuestas que esperemos sean tomadas en cuenta.

En el caso del Consejo o Consejos de Pueblos indígenas, la propuesta se enfocaba en generar una institucionalidad autónoma de los pueblos indígenas cuya función principal era la de “emitir opinión” y “formular recomendaciones”. En este sentido, en la consulta de esta propuesta se ha planteado que antes que tener “función observadora” los Consejos de Pueblos deben tener una “función fiscalizadora” del cumplimiento de las políticas del Ministerio Indígena, generando además una relación directa entre el Presidente del Consejo de Pueblos y la Presidencia  de la  República, sin la intermediación del Ministerio, que es lo que propone el texto en consulta.

 Si bien los desencuentros y los desconciertos entre los objetivos de las consultas llevadas a cabo y de las propuestas del gobierno con los derechos de los pueblos indígenas son evidentes, los encuentros también han sido posibles. Uno de esos encuentros es la posibilidad de generar un espacio  de debate interno -en los procesos de consulta- para los pueblos indígenas en los que se analice las propuestas, y se generen alternativas, para así ser partícipes de un proceso nacional donde serán presentadas y discutidas en un gran dialogo que servirá de insumo para la elaboración de la propuesta de Ley de institucionalidad Indígena para Chile.

Los procesos de consulta son un aprendizaje tanto para funcionarios del Estado, como para los pueblos indígenas, son procesos nuevos que se van modificando en el camino, que se van consolidando mientras se suceden, lo importante del caso de Chile es que se está llevando a cabo y que se va haciendo camino al andar… esperemos así siga.

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