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Conviviendo con la minería en el sur andino

Enviado el 21/09/2016

“No estuvimos a la altura de la situación” fue el mensaje final de un dirigente espinarense que entrevisté a pocas semanas de la firma del Informe Final de la mesa de diálogo en la provincia alto-andina del Cusco en octubre del 2013. El proceso de diálogo en Espinar no fue menor. Fueron cientos de reuniones a lo largo de dieciocho meses entre el Estado, la compañía minera y la sociedad civil local para encontrar una solución conjunta a un conflicto recurrente. Sin embargo, no existió un reconocimiento unánime de sus acuerdos por parte de los miembros de la mesa y muchos de los proyectos de evaluación medio-ambiental y desarrollo pactados continúan sin presentar importantes avances. ¿A qué se debe esta falta de reconocimiento e implementación de acuerdos?

El libro “Conviviendo con la minería en el sur andino: experiencias de las mesas de diálogo y desarrollo de Espinar, Cotabambas y Chamaca” (Oxfam/CooperAcción 2016) busca responder precisamente a por qué los actores locales aún tienen enormes dificultades para conseguir establecer acuerdos sostenibles con el Estado y las compañías mineras a través del uso de mesas de diálogo como de desarrollo. El autor César Flores Unzaga, junto con la colaboración de Marco Zeisser y Vanessa Schaeffer, tiene el mérito de producir un diagnóstico de las dinámicas de los espacios de diálogo y su correspondencia con las estructuras institucionales del Estado a través de la comparación exhaustiva de tres estudios de caso en el sur del país. El estudio de la “macro-región sur” es relevante e ilustrativo pues esta zona no sólo concentra la mayoría de conflictos sociales de la actualidad, sino que es el nuevo foco de expansión minera del país. Los tres proyectos estudiados (Tintaya-Antapaccay, Constancia y Las Bambas) duplicarían la producción de cobre hacia el año 2017. De suceder, el Perú se consolidaría como el segundo productor mundial de cobre.

Como señalan los autores, existe una preocupante sumatoria de esfuerzos participativos sin mayores proyecciones de lograr reformular los términos de la convivencia entre la minería y las poblaciones locales, fuente ampliamente demostrada de conflictividad social. Paradójicamente, nunca como hoy existen dentro del aparato estatal peruano tantas iniciativas para gestionar conflictos socio-ambientales. Quince oficinas para ser exactos, incluyendo a la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros. Adicionalmente, en la mayor parte de los conflictos, la población local no rechaza la minería, sino que busca reformular la convivencia con ella. Sin embargo, a pesar de la disposición de ambas partes y de la amplia difusión de los mecanismos de diálogo, no existen aún reglas claras sobre cómo estructurar y guiar las mesas de diálogo y desarrollo.

Las mesas de diálogo son finalmente un instrumento de negociación que aún se encuentra en construcción. En esta línea, Flores, Zeisser y Schaeffer proponen una serie de recomendaciones para iniciar un debate institucional que busquen superar tres barreras sistemáticas que merman la participación efectiva de la población: (a) la falta de una planificación integral del desarrollo por parte del Estado, (b) una débil coordinación inter-institucional que ejecute los acuerdos, y (c) menores capacidades de participación de actores locales. El último punto es clave pues se crean asimetrías prevenibles entre la sociedad civil, los funcionarios públicos y miembros de la compañía con más y mejores recursos para sostener su participación. Entre algunos ejemplos está la poca capacidad técnica de la sociedad civil para negociar, su falta de recursos económicos para sostener la participación (desde transporte hasta asesorías legales), y el tiempo de duración de los espacios de diálogo (que puede extenuar a los participantes).

En un contexto nacional donde se debate la necesidad de cómo establecer protocolos en los espacios de diálogo (revisar el proyecto de Ley del SINAPRECON), los autores generan 32 recomendaciones. Las recomendaciones de libro se organizan en base a tres ejes: (a) cómo promover el diálogo, (b) cómo promover el desarrollo y (c) cómo facilitar la operatividad de las mesas. De modo clave, los autores piden que se parta de un reconocimiento de la conflictividad inherente a la actividad extractiva: van a existir impactos y expectativas difíciles de cumplir. Se dan sugerencias de cómo organizar las mesas: se delimitan roles, atribuciones y sobre todo, criterios mínimos para formar las mesas y tomar acuerdos. Respecto a la implementación de los acuerdos, se detalla la arquitectura que necesita ser revisada para lograr una mejor sinergia entre los distintos niveles del Estado. Finalmente, se pone énfasis en la evaluación constante del mecanismo. De implementarse estas recomendaciones, el país se acercaría más a crear “mesas de convivencia” las cuales tendrían mejores capacidades de cumplir sus objetivos al diferenciar agendas de corto y largo plazo.

La lectura integral de las recomendaciones es clave. Precisamente, los autores intentan ser enfáticos en la multi-dimensionalidad de estos procesos. Este enfoque no sólo contribuye a comprender las causas de los conflictos (tema largamente trabajado), si no también hace un llamado a un desarrollo institucional público que sea tanto vertical como horizontal. La coordinación inter-institucional debe ser un balance entre instancias de los tres niveles del Estado (vertical) así como de lo que sucede en cada sector dentro de cada uno de los niveles (horizontal). Entre las mayores fortalezas del texto está la explicación detallada de los desfases institucionales existentes en los ejes verticales y horizontales, brindando estrategias de cómo superarlos (o cuando menos, identificar los errores).

Finalmente, el libro realiza una contribución innovadora en el debate en torno a la sostenibilidad de las iniciativas de prevención y desarrollo en contextos de conflictos mineros: entender a las poblaciones locales como garantes del proceso. Lo usual en el debate es descartar esta opción pues se conoce la debilidad en las organizaciones de base y organizaciones campesinas. Los autores sí reconocen estas limitaciones. Sin embargo, ven en la descentralización de los proyectos de prevención y desarrollo una oportunidad para contribuir a fortalecer las instituciones locales tanto estatales como de la sociedad civil. Ejemplos son los espacios locales de concertación (pensemos en las mesas de lucha contra la pobreza) y los espacios de toma de decisión comunal (desde federaciones hasta asambleas comunales y de cuencas). Después de todo, los gobiernos cambian cada cinco años, y por su parte, pocas compañías mineras permanecen como encargadas de la exploración, explotación y cierre de proyectos mineros que tiene vidas medias por décadas. Sin embargo, son las comunidades las que seguirán coexistiendo con la mina a lo largo de los años.

Para estar a la altura de la situación el Estado necesita reducir la brecha entre las promesas de la participación y los resultados concretos de la implementación. El camino no es fácil. Con un conteo lamentablemente activo de resultados nefastos de la conflictividad social detonada principalmente por actividades mineras que ya alcanza las más de 260 personas fallecidas, cerca de 4500 heridos y un registro mensual promedio de más de 200 conflictos en el país. Atender a los puntos identificados por Flores junto con Zeisser y Schaeffer es un primer paso para fortalecer la institucionalidad estatal y lograr, conjuntamente, reformar la convivencia entre la sociedad civil y la minería en el Perú.

Comentarios (1)

Poco estamos haciendo para

Poco estamos haciendo para prevenir conflictos.
Vacunar, para no tener que curar.
No queremos hacerlo, pudiendo.
Ni siquiera compartimos experiencias.
Con todo respeto, mi punto de vista. mli+

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Lorena De la Puente
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    Comentario Destacado
    La presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia dice "háblale bonito" a tu marido porque si no te mata. La ministra de la Mujer ¿esta fortaleciendo los niveles locales para la defensa de la mujer? ¿O quiere atender a todos los casos que ocurren con su viceministra?. Eso no es serio. Tener cámara es para crear conciencia y favorecer condiciones en todo el país. Leer más >>
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